Una compleja organización criminal dedicada al robo de cobre fue desbaratada gracias a la denominada “Operación Alto Voltaje”. Este caso, que involucró coordinación entre diversas agencias del gobierno, permitió identificar una estructura delictual que operaba a nivel nacional, sustraía toneladas de cobre y las exportaba ilegalmente a China, generando un millonario perjuicio para el país.
Impactante operativo policial desarticula mayor red de robo de cobre en Chile
Tras siete meses de investigación liderada por la Policía de Investigaciones (PDI) y en conjunto con el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, se logró la captura de 22 personas vinculadas a una organización criminal que robaba cobre desde diversas regiones del país. El material, procesado para borrar su trazabilidad, era exportado vía marítima hacia China desde la ciudad de Iquique.
La banda operaba estructuralmente con roles definidos, utilizando empresas de fachada y chatarrerías para blanquear más de 800 mil millones de pesos mediante facturas falsas. Según la fiscal regional (s) de Los Lagos, María Angélica de Miguel, “participaban muchas chatarrerías mediante empresas de papel, las cuales tenían el objetivo de legalizar las operaciones que se realizaban y blanquear las ganancias a través de facturas falsas e instrumentos adulterados”.
187 toneladas de cobre incautadas.
40 vehículos decomisados.
11 armas de fuego junto con municiones confiscadas.
63 propiedades y 13 empresas allanadas.
Del sur hacia el norte: La ruta del cobre robado
La organización, que operaba desde el sur del país hacia el norte, utilizaba camiones para transportar el material robado. Antes de ser exportado, el cobre era sometido a un proceso de quema, pelado y trituración para impedir que pudiera ser rastreado. Una vez procesado, el metal era cargado en contenedores y enviado ilegalmente a China.
El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, destacó el trabajo conjunto realizado por las instituciones involucradas y aseguró que desde el gobierno se mantendrá un enfoque proactivo para combatir este tipo de delitos. Declaró que “vamos a perseguir el delito donde sea” y agregó que se han implementado mesas de trabajo específicas para abordar los delitos en el sector del cobre.
El impacto de esta red en el ámbito nacional no solo se limitó al robo del cobre físico, sino que también se generó un fuerte perjuicio económico y fiscal, con devoluciones fraudulentas de IVA que se estiman en 58 mil millones de pesos. Este caso representa uno de los golpes más significativos contra el robo de cobre en Chile.