El temporal mantiene comunidades aisladas, rutas interrumpidas, daños en infraestructura y problemas de suministro. Municipios y parlamentarios advierten que los recursos regionales disponibles no bastan para enfrentar la emergencia y la reconstrucción.
La emergencia provocada por el sistema frontal se concentró durante las últimas horas en las regiones de Coquimbo y Atacama, donde la activación de quebradas, los desbordes, los rodados y las interrupciones de caminos dejaron miles de personas aisladas y elevaron la presión sobre el Gobierno para declarar estado de catástrofe.
La magnitud de los daños comenzó a superar la capacidad operativa y financiera de varios municipios. Las principales dificultades se observan en zonas rurales, rutas interiores, viviendas, redes sanitarias e infraestructura pública, mientras las autoridades mantienen evacuaciones preventivas y despliegan maquinaria para recuperar la conectividad.
En Coquimbo, el Ministerio de Obras Públicas contabilizó al menos 42 cortes de rutas asociados a la activación de quebradas y esteros. En Ovalle, las precipitaciones dañaron cinco de los siete pabellones del hospital local, obligando a reorganizar la atención sanitaria y reforzar la respuesta de emergencia. También se reportaron sectores rurales incomunicados por desbordes y deterioro de caminos.
Lluvias extraordinarias para el norte del país
Los registros acumulados reflejan la intensidad excepcional del evento meteorológico. La estación de Cerro Tololo alcanzó hasta 214 milímetros, mientras Ovalle acumuló 122,6 milímetros y Salamanca llegó a 197 milímetros.
En La Serena, las precipitaciones permitieron superar en 38% el promedio anual de agua caída, una cifra que confirma la magnitud del frente, pero que también expone la vulnerabilidad urbana y rural frente a lluvias concentradas en períodos breves.
La disponibilidad de agua representa un alivio para una región golpeada durante años por la sequía. Sin embargo, el beneficio hídrico convive con daños inmediatos en viviendas, caminos, puentes, canales, sistemas de agua potable y servicios básicos.
La activación de cauces y quebradas obliga además a mantener vigilancia sobre instalaciones productivas ubicadas en zonas cordilleranas y precordilleranas. Para la minería, la agricultura y los proveedores regionales, la prioridad es proteger a los trabajadores, revisar accesos y evitar desplazamientos por rutas expuestas a derrumbes, crecidas o pérdida de estabilidad.
Miles de personas aisladas y viviendas dañadas
El balance nacional del temporal llegó a 1.950 personas damnificadas, 1.091 albergadas y 33.246 aisladas. También se registraron 34 viviendas destruidas, 1.087 con daño mayor, 14.447 con daño menor y 1.429 inmuebles aún bajo evaluación.
Las alertas rojas permanecieron vigentes en la provincia del Huasco, Tierra Amarilla y toda la Región de Coquimbo, además de otras zonas del centro y sur del país. Las evacuaciones alcanzaron sectores de Huasco, Freirina, Vallenar y Vicuña, principalmente por riesgos asociados al aumento de caudales y la activación de quebradas.
La emergencia también afectó el suministro eléctrico. Durante la jornada, el país registró un máximo de 219.392 clientes sin energía, mientras Coquimbo se mantuvo durante varias horas con más de 30 mil hogares desconectados.
A ello se sumaron interrupciones parciales de agua potable en La Serena, Coquimbo y Ovalle debido al aumento de turbiedad en las fuentes de captación. Este tipo de contingencias incrementa la presión sobre hospitales, albergues, servicios municipales y operaciones productivas que requieren continuidad energética y sanitaria.
Municipios piden recursos extraordinarios
La presión para declarar estado de catástrofe aumentó entre alcaldes, parlamentarios y autoridades regionales. El debate se centra en la necesidad de disponer de recursos frescos del nivel central, acelerar compras de emergencia, movilizar apoyo logístico y reforzar la coordinación de las Fuerzas Armadas en evacuaciones, rescates y recuperación de infraestructura.
El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, cuestionó la suficiencia de los cerca de $2 mil millones contemplados desde el presupuesto regional para distribuir entre las 15 comunas. El jefe comunal sostuvo que esos fondos no permitirían cubrir la reposición de infraestructura crítica ni la reparación de las viviendas afectadas.
Desde Atacama, las solicitudes se concentraron especialmente en Alto del Carmen, una de las comunas más golpeadas por rodados, deslizamientos y cortes de caminos. El gobernador regional Miguel Vargas también planteó la necesidad de contar con instrumentos administrativos y financieros adicionales para responder a los daños y preparar la recuperación.
El Gobierno descartó inicialmente decretar el estado de catástrofe, aunque dejó la medida sujeta a evaluación una vez que exista una cuantificación más completa de los efectos del temporal. (La Tercera)
Impacto para la actividad minera regional
Coquimbo y Atacama concentran operaciones de gran, mediana y pequeña minería, además de una extensa red de contratistas, transportistas y proveedores. Aunque no se ha confirmado una afectación generalizada sobre la producción minera, los cortes de caminos y la inestabilidad de rutas interiores representan un riesgo directo para la continuidad de turnos, el traslado de insumos y la movilización de trabajadores.
La pequeña minería enfrenta una exposición mayor debido a su dependencia de caminos secundarios, instalaciones de menor escala y faenas cercanas a quebradas o laderas. En estos casos, la suspensión preventiva de actividades puede ser necesaria mientras se revisan accesos, taludes, bocaminas, sistemas eléctricos y condiciones de ventilación.
Las empresas con presencia regional deberán mantener coordinación con Senapred, municipios y organismos sectoriales. También será relevante disponer maquinaria, transporte, combustible, equipos de emergencia y capacidades técnicas para apoyar la recuperación de caminos y localidades aisladas, sin descuidar la seguridad de sus propias operaciones.
La interrupción de rutas también puede retrasar servicios de mantenimiento, abastecimiento de reactivos, transporte de concentrados y llegada de personal especializado. El impacto económico final dependerá de la duración de los cortes y de la velocidad con que pueda restablecerse la conectividad.
Reconstrucción y continuidad productiva
El desafío para Coquimbo y Atacama no terminará con el retiro de las precipitaciones. La evaluación de puentes, caminos, sistemas sanitarios, viviendas y obras hidráulicas determinará el costo real de la emergencia y los plazos necesarios para recuperar la normalidad.
La industria minera puede desempeñar un papel relevante mediante apoyo logístico y coordinación directa con las autoridades locales. La disponibilidad de maquinaria pesada, operadores, equipos de comunicación y transporte permite complementar la respuesta pública en territorios donde la conectividad sigue siendo limitada.
Al mismo tiempo, será necesario diferenciar las necesidades inmediatas de la etapa de reconstrucción. La primera exige evacuación, albergue, agua potable y recuperación de accesos. La segunda requerirá inversiones en infraestructura resiliente, manejo de quebradas, drenajes, puentes y rutas capaces de resistir eventos meteorológicos extremos.
La decisión sobre una eventual declaración de zona de catástrofe será observada con atención por municipios, empresas y comunidades. Su aplicación permitiría ampliar las herramientas disponibles para responder a una emergencia que ya afecta la conectividad, los servicios básicos y la actividad productiva de dos regiones estratégicas para la minería chilena.
