El Primer Tribunal Ambiental ordenó suspender el procedimiento de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la “Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2”, luego de acoger a trámite una reclamación presentada por Engie Energía Chile S.A. contra la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta. La decisión judicial detiene temporalmente el proceso administrativo iniciado en marzo de 2026 y abre un nuevo capítulo en el debate sobre revisión de permisos ambientales y aplicación de nuevas normativas climáticas a proyectos históricos en Chile.
La medida cautelar fue otorgada tras considerar que los argumentos presentados por la compañía resultan plausibles y que la continuidad del procedimiento podría tornar inútil una eventual sentencia favorable para la empresa. El caso adquiere especial relevancia en el sector energético debido a que aborda uno de los temas más sensibles dentro de la regulación ambiental chilena: la eventual aplicación de criterios asociados a cambio climático sobre permisos aprobados bajo marcos regulatorios anteriores.
La controversia ocurre además en un contexto donde proyectos energéticos y mineros enfrentan crecientes procesos de revisión ambiental, judicialización y exigencias regulatorias vinculadas a descarbonización, emisiones y adaptación climática. El fallo del tribunal podría transformarse en un precedente relevante para futuros procesos administrativos relacionados con modificaciones o revisiones de Resoluciones de Calificación Ambiental en Chile.
El escenario se suma a otras discusiones regulatorias que actualmente enfrentan grandes proyectos de infraestructura y recursos naturales en América Latina, particularmente en industrias estratégicas como minería y energía, donde la estabilidad jurídica y los procesos de evaluación ambiental continúan bajo fuerte escrutinio público y judicial, tal como se observa en conflictos recientes vinculados a Cobre Panamá y First Quantum.
Engie cuestiona legalidad del procedimiento iniciado por la COEVA
La reclamación presentada por Engie Energía Chile se dirige contra la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta y apunta directamente a la legalidad del procedimiento que dio inicio a la revisión de la RCA N°013/1997 del proyecto termoeléctrico.
La empresa argumentó que la resolución impugnada habría sido dictada por el secretario de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA), funcionario que —según sostiene la compañía— no tendría competencia legal para adoptar dicha decisión. Engie también cuestionó que la solicitud de revisión no habría cumplido los requisitos mínimos de admisibilidad exigidos por la normativa vigente.
Uno de los puntos centrales del conflicto jurídico corresponde a la incorporación de criterios relacionados con cambio climático dentro de la fundamentación del procedimiento administrativo. La empresa sostiene que la normativa utilizada no se encontraba vigente al momento en que se adoptó la decisión cuestionada, planteando así un eventual problema de aplicación retroactiva de regulaciones ambientales más recientes.
A partir de esos argumentos, Engie solicitó dejar sin efecto tanto la resolución reclamada como todas las actuaciones derivadas, incluyendo la apertura del procedimiento de revisión ambiental.
El caso aparece en un momento especialmente sensible para el sector energético chileno, donde proyectos históricos enfrentan crecientes presiones regulatorias y ambientales asociadas a transición energética y reducción de emisiones. Esta tendencia también ha impulsado mayor escrutinio sobre continuidad operacional e infraestructura energética en distintas regiones del país.
Tribunal advierte posible perjuicio irreversible para la compañía
En su resolución, el Primer Tribunal Ambiental concluyó que mantener activo el procedimiento de revisión podría exponer a Engie a eventuales modificaciones de su permiso ambiental o a nuevas exigencias regulatorias que dificultarían revertir posteriormente los efectos de una decisión administrativa.
Según indicó el tribunal, la continuidad del proceso podría tornar infructuosa una futura sentencia favorable para la empresa, motivo por el cual resolvió decretar la suspensión cautelar mientras se analiza el fondo del conflicto.
No obstante, la decisión no fue unánime. El ministro presidente del tribunal, Alamiro Alfaro Zepeda, votó en contra de conceder la medida cautelar, argumentando que la simple apertura de un procedimiento administrativo no genera por sí misma los perjuicios alegados por la reclamante.
La resolución judicial pone nuevamente en evidencia la creciente complejidad de los procesos regulatorios ambientales en Chile, especialmente en sectores intensivos en infraestructura y emisiones como energía y minería. La discusión también ocurre mientras distintos actores industriales enfrentan nuevas exigencias vinculadas a sostenibilidad, eficiencia y desempeño ambiental, en línea con desafíos operacionales observados recientemente en sectores estratégicos como fundiciones y operaciones metalúrgicas.
Proyecto termoeléctrico opera en Mejillones desde la década de 1990
La Central Termoeléctrica Mejillones fue ingresada al sistema de evaluación ambiental el 14 de marzo de 1996 por Engie Energía Chile S.A., entonces denominada E-CL S.A. y originalmente EDELNOR. El proyecto obtuvo su Resolución Exenta N°013/1997 en agosto de 1997 mediante aprobación de la COREMA de Antofagasta.
La iniciativa contempla dos unidades de generación eléctrica. La Unidad I posee una capacidad bruta de 150 MW a vapor, mientras que la Unidad II —objeto de la actual controversia judicial— alcanza 160 MW brutos de potencia. La energía generada está destinada históricamente al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).
La central se ubica dentro del área industrial del Puerto de Mejillones, aproximadamente a tres kilómetros al noroeste de la ciudad de Mejillones, consolidándose como una de las infraestructuras energéticas relevantes para el suministro eléctrico industrial del norte de Chile.
El caso podría transformarse en una referencia importante respecto a cómo tribunales y autoridades ambientales abordarán futuras revisiones de permisos históricos frente a nuevas exigencias regulatorias relacionadas con cambio climático, emisiones y transición energética. Para el sector privado, la discusión también reabre el debate sobre certeza jurídica y estabilidad regulatoria en proyectos de largo plazo.
