Alí Manouchehri reportó más de cien personas rescatadas, sectores aislados, cortes de servicios básicos y daños en rutas y puentes. El municipio advierte que los recursos regionales disponibles no alcanzan para enfrentar la emergencia y la posterior reconstrucción.
El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, solicitó al Gobierno declarar zona de catástrofe y activar el mecanismo del 2% constitucional ante la magnitud de los daños provocados por el sistema frontal en la comuna. La petición busca acelerar la llegada de recursos extraordinarios para rescates, habilitación de caminos, recuperación de infraestructura y asistencia a las familias afectadas.
La autoridad comunal planteó la solicitud después de recorrer algunos de los puntos más críticos del territorio, donde equipos municipales han debido atender inundaciones, aislamiento de comunidades, interrupciones del suministro eléctrico y de agua potable, socavones y cortes de conectividad vial.
Manouchehri, quien también preside la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, sostuvo que los recursos actualmente disponibles para responder a la emergencia son insuficientes frente a una afectación que continúa ampliándose y que demandará trabajos de recuperación durante las próximas semanas.
El municipio reportó el rescate de más de cien personas, además de decenas de animales, mediante operativos desplegados en distintos sectores de la comuna. También contabilizó cerca de 8.000 requerimientos recibidos durante la emergencia, una cifra que refleja la presión que enfrenta la capacidad operativa municipal.
Localidades aisladas y daños en la conectividad
Entre los sectores con mayores dificultades se encuentran Las Cardas, Tambillos y Las Barrancas, donde las condiciones de los caminos han limitado el desplazamiento de vehículos y equipos de emergencia.
A ello se suman interrupciones en la ruta que conecta Guanaqueros con Tongoy y problemas en los dos accesos hacia Puerto Aldea. La pérdida de conectividad constituye uno de los principales riesgos para las comunidades rurales, debido a que dificulta el traslado de personas, la entrega de alimentos, la reposición de servicios y el acceso de maquinaria pesada.
Los daños en caminos secundarios, puentes y atraviesos también generan consecuencias económicas para actividades productivas que dependen del transporte terrestre. En la Región de Coquimbo, la conectividad rural es clave para la pequeña minería, la agricultura, la ganadería, el turismo y las operaciones de proveedores que prestan servicios a faenas industriales.
El temporal, además, ha elevado el riesgo de remociones en masa y deslizamientos en zonas de quebradas, laderas y caminos interiores. Estas condiciones obligan a mantener restricciones de tránsito y evaluaciones permanentes antes de reabrir rutas afectadas.
Recursos regionales bajo presión
Uno de los argumentos centrales del alcalde es la diferencia entre los fondos disponibles en la región y el costo que tendrá reponer la infraestructura dañada.
Manouchehri estimó que el 2% de emergencia del Gobierno Regional representa cerca de $2.000 millones para distribuir entre las 15 comunas de la Región de Coquimbo. A su juicio, ese monto no sería suficiente ni siquiera para financiar la reposición de uno de los puentes afectados por las lluvias.
La cifra expone la limitada capacidad presupuestaria de los gobiernos subnacionales cuando una emergencia afecta simultáneamente caminos, viviendas, redes sanitarias, sistemas eléctricos y equipamiento público.
El 2% constitucional corresponde a una atribución que permite disponer de recursos fiscales extraordinarios para atender necesidades derivadas de una calamidad pública. Su utilización puede incrementar asignaciones presupuestarias destinadas a enfrentar una emergencia nacional, complementando los fondos sectoriales, municipales y regionales.
La activación de este mecanismo depende del Gobierno central y puede facilitar el financiamiento de medidas urgentes sin esperar los ciclos habituales de formulación presupuestaria. Entre sus posibles destinos se encuentran la compra de insumos, contratación de maquinaria, reparación de infraestructura crítica, habilitación de albergues y apoyo directo a la población afectada.
Gobierno mantiene en evaluación la zona de catástrofe
Hasta la noche del domingo 19 de julio, el Ejecutivo mantenía en evaluación una eventual declaración de zona de catástrofe para los territorios más golpeados. La decisión quedó condicionada a la cuantificación de los daños y al desarrollo de las labores de emergencia.
La presión para adoptar la medida ha aumentado desde municipios y autoridades regionales de Coquimbo y Atacama, donde se concentra una parte relevante de las personas aisladas y de los cortes de conectividad asociados al temporal.
A nivel nacional, el sistema frontal dejó cinco personas fallecidas, 1.950 damnificados y más de 33.000 personas aisladas. También se registraron 34 viviendas destruidas, 1.087 con daño mayor, 14.447 con daño menor y otras 1.429 todavía en evaluación.
Las autoridades emitieron durante el domingo 22 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia en la provincia de Huasco y en la Región de Coquimbo, debido al aumento de caudales y al riesgo de remociones en masa.
La declaración de zona de catástrofe puede ampliar las facultades administrativas para movilizar recursos, coordinar instituciones y acelerar contrataciones destinadas a enfrentar la emergencia. Sin embargo, su aplicación no reemplaza la necesidad de identificar los proyectos específicos de reconstrucción, determinar sus costos y definir las entidades responsables de ejecutarlos.
Impacto para minería, proveedores e infraestructura regional
La Región de Coquimbo posee una economía fuertemente vinculada a la minería, especialmente a la producción de cobre, hierro y oro, además de una amplia red de pequeñas faenas, contratistas y proveedores.
Aunque hasta ahora no se ha reportado una paralización generalizada de las grandes operaciones mineras de la zona, el deterioro de rutas, los cortes eléctricos y el aislamiento de localidades pueden afectar el traslado de trabajadores, combustibles, repuestos, explosivos, alimentos y servicios técnicos.
La pequeña minería enfrenta una exposición mayor, porque muchas faenas se ubican en sectores apartados y dependen de caminos no pavimentados. La saturación de suelos, la caída de rocas y el aumento de caudales en quebradas pueden impedir el ingreso a las labores o dañar instalaciones de menor escala.
El escenario también plantea un desafío para las empresas con presencia en la región. La disponibilidad de equipos de movimiento de tierra, camiones, generadores, bombas, maquinaria vial y personal especializado puede resultar determinante para restablecer caminos y apoyar a comunidades aisladas.
La emergencia ocurre en una zona que durante años ha enfrentado una prolongada sequía. Las precipitaciones pueden aportar a la recuperación de embalses y reservas hídricas, pero su concentración en pocas jornadas genera efectos destructivos cuando la infraestructura de evacuación de aguas y la conectividad no están preparadas para recibir grandes volúmenes.
Reconstrucción exigirá coordinación pública y privada
Superada la fase más crítica, el principal desafío será dimensionar el costo de recuperar puentes, caminos, viviendas, redes sanitarias y servicios esenciales. La reconstrucción requerirá coordinación entre municipios, Gobierno Regional, ministerios sectoriales, empresas sanitarias, distribuidoras eléctricas y organismos de emergencia.
También será necesario priorizar la reapertura de corredores que conectan localidades rurales con centros urbanos y actividades productivas. Una interrupción prolongada puede encarecer el abastecimiento, reducir turnos laborales, suspender servicios y afectar los ingresos de familias que dependen de actividades mineras, agrícolas y turísticas.
El municipio de Coquimbo demanda que las visitas de autoridades nacionales se traduzcan en compromisos concretos, con definición de recursos, maquinaria, bonos para familias damnificadas, subsidios habitacionales y plazos para restablecer la infraestructura.
La respuesta que adopte el Gobierno durante las próximas jornadas será observada por toda la Región de Coquimbo. La magnitud de los daños ya superó la capacidad ordinaria de varios municipios y abrió una discusión sobre la velocidad con que el Estado puede movilizar recursos frente a emergencias climáticas que comprometen simultáneamente a comunidades, servicios básicos y sectores productivos.
