El Instituto Peruano de Economía advirtió que los recursos generados por la actividad minera deben concentrarse en infraestructura, servicios públicos y desarrollo productivo, evitando su uso en medidas de corto plazo sin impacto territorial permanente.
El aumento de los ingresos mineros volvió a poner en el centro del debate peruano la capacidad de los gobiernos regionales y municipales para transformar el canon en mejoras concretas para la población. El Instituto Peruano de Economía planteó que estos recursos deben destinarse prioritariamente al cierre de brechas sociales y productivas, en lugar de financiar iniciativas de efecto transitorio o decisiones asociadas a objetivos políticos de corto plazo.
La discusión ocurre en un periodo de elevados flujos fiscales provenientes de la minería. Al cierre de abril de 2026, las transferencias generadas por el sector superaron los S/ 4.121 millones, considerando adelantos de canon, regalías mineras, derechos de vigencia y penalidades. La magnitud de los recursos contrasta con las persistentes dificultades para ejecutar proyectos públicos en territorios que concentran operaciones extractivas. (Gobierno del Perú)
El problema, por tanto, ya no se limita a cuánto dinero produce la minería para las regiones. El desafío está en la calidad de las inversiones, la capacidad técnica de los municipios, la continuidad de los proyectos y la definición de prioridades que permitan que la actividad minera se traduzca en agua potable, caminos, salud, educación, conectividad y diversificación económica.
Más recursos no garantizan mejores resultados
El canon minero corresponde al 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas mineras y se distribuye entre gobiernos regionales y locales de las zonas donde se explotan los recursos. El esquema busca que una parte relevante de la renta generada por los yacimientos permanezca en los territorios productores. (Ministerio de Economía y Finanzas)
La distribución considera criterios territoriales, población y necesidades básicas insatisfechas. Un 10% se dirige a los municipios distritales donde se encuentra el recurso natural; otro 25% se reparte entre municipalidades distritales y provinciales de la zona productora; y un 40% llega a los gobiernos locales del departamento correspondiente. El porcentaje restante se asigna principalmente al gobierno regional y a universidades públicas.
En la práctica, la disponibilidad de recursos ha crecido con mayor rapidez que las capacidades institucionales necesarias para administrarlos. Muchos gobiernos subnacionales enfrentan dificultades para formular expedientes técnicos, obtener autorizaciones, desarrollar procesos de contratación y supervisar la ejecución de obras complejas.
Esta brecha de gestión puede provocar retrasos, modificaciones presupuestarias, sobrecostos y proyectos que quedan paralizados antes de entregar beneficios a las comunidades. También favorece la proliferación de iniciativas pequeñas, dispersas y de baja rentabilidad social, elegidas por su visibilidad inmediata antes que por su aporte estructural al territorio.
Áncash lidera las transferencias mineras de 2026
La distribución de los recursos refleja la concentración geográfica de la producción minera peruana. Hasta abril, Áncash recibió más de S/ 784 millones, equivalentes al 19% de las transferencias nacionales vinculadas a la actividad minera.
Arequipa acumuló más de S/ 466 millones, mientras que Moquegua recibió cerca de S/ 433 millones y Apurímac superó los S/ 411 millones. En conjunto, estas cuatro regiones concentraron más de la mitad de los recursos distribuidos durante el periodo.
Dentro del total nacional, el adelanto del canon minero superó los S/ 2.212 millones. Las regalías mineras legales y contractuales alcanzaron más de S/ 1.839 millones al cierre de mayo, mientras que los ingresos por derecho de vigencia y penalidad superaron los S/ 69 millones hasta abril.
Estas cifras muestran la relevancia fiscal del sector y la oportunidad disponible para financiar infraestructura pública en regiones que durante décadas han reclamado una mayor correspondencia entre producción minera y calidad de vida.
Sin embargo, la concentración de recursos también expone fuertes diferencias entre municipios. Algunas comunas ubicadas cerca de grandes operaciones reciben montos superiores a su capacidad anual de inversión, mientras localidades con necesidades similares, pero fuera de las zonas de distribución directa, disponen de presupuestos considerablemente menores.
Proyectos paralizados debilitan el impacto del canon
La baja ejecución representa una de las principales restricciones del sistema. Cerca del 65% de los proyectos financiados con recursos del canon minero permanecería paralizado, una situación asociada a deficiencias de planificación, gestión contractual, expedientes incompletos y cambios frecuentes en las prioridades de las autoridades. (El Peruano)
Los datos presupuestarios disponibles a marzo de 2026 muestran que los gobiernos locales contaban con un presupuesto modificado de S/ 13.909,9 millones proveniente de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. La ejecución llegaba a S/ 2.165,8 millones, equivalente a un avance de 15,6%.
En los gobiernos regionales, el presupuesto alcanzaba los S/ 4.200,3 millones, con una ejecución de S/ 625,1 millones y un avance de 14,9%. En conjunto, el nivel de gasto apenas superaba el 16% durante el primer trimestre. (Congreso del Perú)
Aunque los porcentajes de ejecución suelen acelerarse durante la segunda mitad del año, las cifras reflejan una dificultad persistente: una parte importante del dinero permanece inmovilizada mientras continúan las carencias en servicios esenciales.
La advertencia contra las medidas populistas apunta precisamente a evitar que la presión por mostrar resultados inmediatos termine desviando recursos hacia transferencias, programas temporales o gastos que no aumenten la capacidad productiva del territorio.
El vínculo entre minería y legitimidad territorial
El uso del canon tiene consecuencias directas para la continuidad de las inversiones mineras. Cuando las comunidades observan operaciones de gran escala, mayores exportaciones y crecientes ingresos fiscales, pero no perciben mejoras en sus servicios públicos, aumenta la distancia entre el aporte económico del sector y su valoración social.
Esa desconexión puede alimentar conflictos, demandas de renegociación, oposición a ampliaciones y cuestionamientos a nuevos proyectos. Las empresas pueden cumplir sus compromisos tributarios y desarrollar programas sociales, pero la falta de resultados públicos termina afectando igualmente la confianza en la industria.
Para el sector minero peruano, mejorar la calidad del gasto es una condición para sostener una cartera de inversiones que depende de acuerdos territoriales de largo plazo. La viabilidad social de un proyecto no se define únicamente por su desempeño ambiental o por el volumen de empleos directos. También depende de la capacidad del Estado para convertir los impuestos y regalías en desarrollo observable.
Infraestructura y capacidades antes que gasto transitorio
Una estrategia de mayor impacto requiere priorizar proyectos con continuidad, escalabilidad y resultados medibles. Sistemas de agua potable y saneamiento, establecimientos de salud, carreteras secundarias, conectividad digital, infraestructura educativa, riego y apoyo a proveedores locales aparecen entre los destinos con mayor potencial para reducir brechas.
También resulta necesario invertir en capacidades públicas. Sin equipos técnicos estables, bancos de proyectos maduros y mecanismos de supervisión, el incremento del canon puede convertirse en una carga administrativa antes que en una oportunidad.
La discusión peruana muestra que el aporte fiscal de la minería está alcanzando niveles suficientes para cambiar la trayectoria de varias regiones. No obstante, el verdadero efecto del canon se medirá menos por el volumen transferido que por las obras terminadas, los servicios operativos y las nuevas actividades económicas que permanezcan cuando los ciclos de precios o la producción minera comiencen a disminuir.