El Ministerio de Minas y Energía abrió a consulta pública un proyecto que propone derogar las resoluciones que delimitaron 15 distritos mineros especiales. La iniciativa abarca más de 5,3 millones de hectáreas y apunta a reducir la incertidumbre regulatoria que, según el Gobierno, afectó nuevos proyectos y actividades de exploración.
El Gobierno de Colombia dio un nuevo paso para modificar la política minera aplicada durante la administración anterior. El Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de resolución que propone eliminar las delimitaciones de 15 Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva, distribuidos en distintas zonas del país.
La propuesta se encuentra en consulta pública hasta el 18 de septiembre de 2026, por lo que la derogación todavía no está vigente. El documento oficial establece que la nueva resolución comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, una vez completada su tramitación.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, había anunciado durante el Congreso Nacional de Minería, realizado en Cartagena, que el Ejecutivo revertiría resoluciones adoptadas por la administración anterior. La autoridad sostuvo que el diseño de estos instrumentos terminó desincentivando la inversión y la exploración minera.
Distritos abarcan más de 5,3 millones de hectáreas
El proyecto oficial identifica 15 distritos mineros especiales, cuya extensión conjunta alcanza al menos 5.340.192 hectáreas, equivalentes a unos 53.402 kilómetros cuadrados del territorio colombiano.
Entre las zonas incluidas aparecen el Bajo Cauca Antioqueño, Triángulo de Telembí, Cordillera Nariñense, Noroccidente Nariñense, San Juan Chocó, Huila, Valle del Cauca, Sugamuxi-Tundama, Sur de Córdoba, La Guajira, Litoral Pacífico, Norte del Cauca, Corredor de Vida del Cesar y dos distritos ubicados en Norte de Santander.
Estos distritos surgieron a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y fueron reglamentados mediante el Decreto 977 de 2024. Su diseño buscaba combinar planificación socioambiental, formalización de la pequeña minería, diversificación de las economías locales y reconversión productiva en territorios con actividad extractiva.
Gobierno apunta a reducir incertidumbre para proyectos mineros
El Ministerio argumenta en el proyecto que, pese a las delimitaciones realizadas, ninguno de los Planes Estratégicos de Gestión previstos para implementar los distritos había sido formulado o adoptado. La cartera sostiene además que no pudo acreditar resultados verificables en diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización o mejoramiento de las condiciones de vida asociados a la figura.
Según el documento, las delimitaciones también se superpusieron con títulos mineros vigentes, solicitudes de concesión y proyectos en etapas de exploración o construcción, generando incertidumbre sobre las condiciones aplicables a inversiones de mediano y largo plazo. Esa evaluación corresponde al Ministerio de Minas y Energía y forma parte de los argumentos utilizados para justificar la propuesta de derogación.
El Ejecutivo plantea que la diversificación económica de las regiones mineras puede desarrollarse sin reemplazar progresivamente la actividad extractiva. Al mismo tiempo, asegura que continuará con programas de formalización minera, asistencia técnica y fortalecimiento de asociaciones en los territorios involucrados, aun cuando desaparezcan las actuales delimitaciones.
Qué cambiaría si se aprueba la derogación
Una vez que la resolución entre en vigencia, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y las dependencias correspondientes del Ministerio dispondrían de 30 días para actualizar el Catastro Minero Colombiano y otros sistemas oficiales, eliminando las capas y restricciones asociadas a estos distritos.
El proyecto aclara que los títulos mineros actualmente vigentes y las solicitudes de contratos de concesión que estén en trámite mantendrán sus derechos y continuarán sometidos al Código de Minas y al resto de las normas aplicables. El Ministerio sostiene que la derogación busca precisamente retirar un factor de incertidumbre sobre esas operaciones y solicitudes.
La iniciativa forma parte del giro que el nuevo Gobierno colombiano busca imprimir a su política de recursos naturales, con un mayor énfasis en recuperar la exploración, acelerar proyectos y atraer capital al sector minero. El alcance definitivo de la medida, sin embargo, dependerá del texto que resulte después del proceso de consulta pública que concluye el 18 de septiembre.
