El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite la reclamación presentada por la Comunidad Indígena Colla Tata Inti del Pueblo de Los Loros, que impugna la decisión del Comité de Ministros sobre la aprobación del proyecto "Adecuación Operacional Faena Minera Caserones" de SCM Minera Lumina Copper Chile. La reclamación se centra en la supuesta falta de consulta indígena en la evaluación del proyecto, que se ubica en Región de Atacama.
Los representantes de la comunidad sostienen que el proyecto original nunca consideró adecuadamente las implicancias para la comunidad Colla, lo que violaría normas de consulta previas estipuladas por el gobierno. Una cuestión crucial es que, de acuerdo a la comunidad, el Comité de Ministros no tomó en cuenta los antecedentes sobre afectaciones directas en las rutas de transhumancia y los recursos hídricos que son vitales para su subsistencia.
Cuestionamientos a la normativa ambiental
La Comunidad Colla ha planteado que durante el desarrollo del proyecto se produjeron múltiples incumplimientos que resultaron en sanciones por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y de la Dirección General de Aguas (DGA). También señalaron la falta de una línea de base de medio humano, lo que complica la evaluación del impacto del proyecto en sus territorios tradicionales. En el documento que han presentado, se precisan preocupaciones sobre el impacto vial generado por el tránsito de camiones, en especial por la ruta C-35, donde se ha implementado un by-pass no evaluado ambientalmente que, según ellos, ha afectado a una vega.
En su reclamo, la comunidad señala que no hubo un proceso adecuado de participación ciudadana, fundamental desde su perspectiva, dado que la naturaleza del proyecto ha cambiado con las adecuaciones propuestas. La reclamación incluye peticiones específicas sobre cómo deberían tratarse los impactos a nivel hídrico, ya que la factibilidad de acceso a agua es crítica en la minería y para las comunidades, especialmente en áreas semiáridas como la Región de Atacama.
Validez del proceso de consulta
Un punto central del reclamo es la falta de información sobre cómo se llevaron a cabo las consultas, las cuales, según la comunidad, no fueron suficientemente respaldadas. Aseguran que las cartas de contacto emitidas por la empresa no cumplen con los requerimientos necesarios para descartar las afectaciones potenciales a su comunidad. Esta práctica se contrapone con los objetivos de la normativa ambiental que busca garantizar la participación activa de las comunidades indígenas en decisiones que puedan afectar sus modos de vida y territorio.
El proyecto "Adecuación Operacional Faena Minera Caserones" busca, entre otros objetivos, regularizar un conjunto de modificaciones en el Depósito de lamas La Brea. Dichas modificaciones incluyen la construcción de cuatro pozos de bombeo para control de infiltraciones, así como la actualización de instalaciones previamente aprobadas. Aunque el proyecto no prevé un aumento en la producción, sí involucra cambios relevantes que, de acuerdo a la comunidad, necesitan revisión exhaustiva en virtud de los impactos que pueden generar.
Implicaciones para la comunidad indígena
Los reclamos de la Comunidad Colla subrayan la tensión existente en Chile entre el desarrollo minero y los derechos de las comunidades indígenas. SCM Minera Lumina Copper Chile se enfrenta a un juicio que podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de las empresas de mineras en la consulta a comunidades y en el respeto a sus derechos durante la realización de proyectos en sus territorios. Por lo tanto, el resultado del análisis del Tribunal Ambiental no solo afectará esta iniciativa en particular, sino que también tendrá implicaciones más amplias para la industria minera en Chile y para la forma en que se garantiza el respeto a los derechos indígenas en esta sector.
La resolución de este reclamo podría redefinir la dinámica de consulta y participación indígena en futuras iniciativas mineras, resaltando la importancia de incluir a estas comunidades en el diálogo sobre el desarrollo sostenible en sus territorios. El proceso está en sus inicios, y se espera que marque un cambio significativo en cómo se gestionan los permisos y evaluaciones ambientales en el contexto de las actividades mineras del país.