Chile encabezará el próximo 28 de mayo una reunión regional de alto nivel para enfrentar el avance del crimen organizado transnacional en Sudamérica. La cita, convocada por la Cancillería chilena, reunirá en Santiago a ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, en un contexto marcado por el aumento del narcotráfico, la expansión de bandas internacionales y la presión sobre las fronteras de la región.
El encuentro buscará establecer una hoja de ruta común con medidas “concretas, medibles y verificables” para fortalecer la cooperación regional. Entre los principales ejes estarán la coordinación fronteriza, el intercambio de información de inteligencia, la trazabilidad de flujos financieros ilícitos y el fortalecimiento de mecanismos conjuntos de respuesta frente a organizaciones criminales que operan en distintos países de América Latina.
Desde el gobierno chileno consideran que la naturaleza transnacional del delito ha superado la capacidad de respuesta individual de los Estados y obliga a avanzar hacia mecanismos permanentes de coordinación política y operativa. La convocatoria se produce además en momentos en que distintos países de la región enfrentan un aumento de homicidios vinculados al narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y redes de lavado de activos.
Chile busca instalar una estrategia regional permanente
El canciller chileno, Rodrigo Pérez Mackenna, sostuvo que la reunión representa “un primer paso” para construir una estrategia regional coordinada contra el crimen organizado. Según explicó, la meta es avanzar hacia un sistema de cooperación que permita compartir información en tiempo real, coordinar operativos y reforzar los controles fronterizos.
“El crimen organizado es un flagelo que afecta a Latinoamérica y debemos combatirlo juntos”, señaló el ministro, quien insistió en que la seguridad regional requiere interoperabilidad institucional y mecanismos permanentes de colaboración entre policías, fiscalías, sistemas migratorios y organismos financieros.
En el Ejecutivo chileno existe preocupación por el avance de organizaciones criminales internacionales que han extendido operaciones en corredores fronterizos y puertos estratégicos del Pacífico sudamericano. La coordinación regional aparece hoy como una prioridad tanto para enfrentar el tráfico de drogas como para contener delitos asociados, incluyendo contrabando, extorsión y lavado de dinero.
Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador enviarán autoridades de alto nivel
La reunión contará con la participación de delegaciones ministeriales de los cinco países convocados. Por Argentina asistirán el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Bolivia estará representada por el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo Carrasco. Desde Ecuador llegarán la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro de Seguridad Pública, Andrés Ribadeneira Brown.
Perú enviará al canciller Carlos Pareja y al ministro del Interior, José Zapata Morante. Por Chile participarán el canciller Pérez Mackenna y el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Fronteras, flujos ilícitos y crimen transnacional estarán en el centro del debate
Uno de los puntos centrales será mejorar la coordinación en zonas fronterizas, especialmente ante el aumento del tráfico de drogas y personas en corredores utilizados por organizaciones criminales internacionales. También se espera avanzar en mecanismos de seguimiento de dinero ilícito y en sistemas regionales para compartir alertas e inteligencia.
Las autoridades chilenas consideran que el desafío excede la dimensión policial y requiere acuerdos políticos sostenidos en el tiempo. Por ello, la intención es que la reunión no quede limitada a una declaración conjunta, sino que derive en compromisos verificables y en futuras instancias de seguimiento regional.
El encuentro se desarrollará en Santiago en medio de crecientes presiones internas sobre los gobiernos sudamericanos para contener el avance del crimen organizado, fenómeno que ha elevado la inseguridad pública y tensionado las capacidades de control estatal en distintos países de la región.