Proyecto El Peñón busca extender operación hasta 2033 con ampliación subterránea en Antofagasta, en una señal clara de continuidad para una de las faenas auríferas más relevantes del norte del país. La iniciativa, presentada por Minera Meridian, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y fue admitida a trámite por la autoridad, marcando el inicio de un proceso clave para asegurar la proyección productiva del yacimiento. El plan se centra en la expansión de la mina subterránea Chiquilla Chica, con el objetivo de sostener y optimizar la producción en un contexto donde la eficiencia operativa y la extensión de vida útil se han transformado en prioridades estratégicas para la industria. Este tipo de desarrollos se alinea con otras estrategias de continuidad operacional en minería, como se observa en proyectos de extensión de vida útil en faenas mineras en Chile, donde la maximización de recursos existentes cobra cada vez mayor relevancia frente a la incertidumbre de nuevos proyectos greenfield.
Aumento de producción y horizonte operativo
El proyecto contempla elevar la tasa de extracción subterránea hasta alcanzar las 37.000 toneladas mensuales, lo que permitirá sostener el ritmo productivo de la operación en el mediano plazo. Esta ampliación se traduciría en una extensión de la vida útil de la mina en cinco años adicionales, proyectando su funcionamiento hasta diciembre de 2033.
Considerando todas sus etapas, la iniciativa define un horizonte total de operación de aproximadamente una década, consolidando a El Peñón como un activo relevante dentro del portafolio minero regional. Este tipo de iniciativas responde a una tendencia creciente en la industria, donde la optimización de activos existentes se posiciona como una alternativa eficiente frente a los altos costos y plazos asociados a nuevos desarrollos, fenómeno que también ha sido abordado en el análisis sobre estrategias de continuidad operacional en minería.
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Nuevas obras para sostener la expansión
La ampliación subterránea implica la ejecución de diversas obras e instalaciones orientadas a soportar el incremento en la producción. Entre las principales intervenciones consideradas se encuentran:
Construcción de un nuevo portal de acceso a la mina
Ampliación de botaderos existentes
Habilitación de un botadero adicional
Desarrollo de infraestructura auxiliar para operación subterránea
Estas obras permitirán mejorar la logística interna de la faena y asegurar condiciones operativas adecuadas para el aumento de extracción. A diferencia de otros proyectos de expansión, esta iniciativa no contempla incrementos en la capacidad de procesamiento de la planta ni en el volumen autorizado del depósito de relaves, lo que acota su impacto ambiental y simplifica su tramitación, en línea con criterios observados en la evaluación ambiental de proyectos mineros en Chile.
Aprovechamiento de recursos y eficiencia operativa
Uno de los aspectos relevantes del proyecto es la incorporación de mineral proveniente de botaderos de baja ley, lo que permitirá complementar la alimentación de la planta mediante la valorización de material previamente considerado marginal. Esta estrategia responde a la actualización de recursos y reservas del yacimiento, fortaleciendo la eficiencia global de la operación.
El reaprovechamiento de estos materiales se inserta en una lógica de optimización que gana terreno en la industria, particularmente en un escenario donde la recuperación de valor desde residuos o stockpiles se vuelve clave, como se analiza en iniciativas vinculadas a la valorización de residuos mineros en Chile.
Ubicación y tramitación ambiental
La mina Chiquilla Chica se ubica a aproximadamente 160 kilómetros al sureste de la ciudad de Antofagasta, en una zona con alta actividad minera. Debido a que la extracción proyectada supera las 5.000 toneladas mensuales, el proyecto califica como una iniciativa de desarrollo minero bajo la normativa ambiental vigente.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta resolvió admitir a trámite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), dando inicio a la etapa de evaluación técnica y participación de organismos públicos. Este proceso será determinante para definir la viabilidad del proyecto y su implementación en los plazos previstos, en un contexto donde la tramitación ambiental se ha convertido en un factor crítico para el desarrollo de nuevas inversiones en el sector.