El órgano ambiental revisó reclamaciones ligadas a transmisión eléctrica y obras fluviales en Atacama. Aunque no hubo faenas mineras extractivas en la decisión final, las resoluciones tienen impacto directo para energía, infraestructura y seguridad territorial en zonas mineras.
El Comité de Ministros sesionó el martes 30 de junio de 2026 con una tabla ambiental que incluyó tres iniciativas, entre ellas proyectos de infraestructura energética e hidráulica con relevancia para la operación minera, especialmente en el norte y centro del país. Tras la sesión, el Servicio de Evaluación Ambiental informó que la instancia mantuvo la calificación ambiental favorable de dos proyectos cuya inversión conjunta alcanza los US$1.510 millones.
La decisión consideró la Línea de Transmisión Eléctrica HVDC Kimal - Lo Aguirre, de Conexión Kimal Lo Aguirre S.A., y las Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural Comuna de Tierra Amarilla, del Ministerio de Obras Públicas. En ambos casos, el Comité rechazó las reclamaciones revisadas y mantuvo vigentes sus resoluciones ambientales favorables, según informó el SEA.
La tabla ambiental del 30 de junio
La convocatoria oficial del SEA señaló que la novena sesión ordinaria del Comité de Ministros de 2026 fue citada para las 16:00 horas del martes 30 de junio. La tabla incluyó tres proyectos: la línea HVDC Kimal - Lo Aguirre, el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue - S/E Hualqui, de Mataquito Transmisora de Energía S.A., y las obras fluviales del río Copiapó en Tierra Amarilla.
De acuerdo con la información publicada por el SEA, la tabla original contemplaba recursos de distinta naturaleza: reclamaciones de participación ciudadana, invalidaciones y reclamación del titular. Sin embargo, el comunicado posterior a la sesión detalló resolución final respecto de dos iniciativas: Kimal - Lo Aguirre y las obras fluviales de Copiapó.
No se informó una resolución final sobre un proyecto minero extractivo en esta sesión, pero el contenido de la tabla mantiene relevancia para el sector por dos razones: la transmisión eléctrica es una condición crítica para la competitividad de las faenas intensivas en energía y Tierra Amarilla forma parte de uno de los distritos mineros más relevantes de Atacama.
Kimal - Lo Aguirre: US$1.480 millones para transmisión eléctrica
El proyecto de mayor peso en la sesión fue la Línea de Transmisión Eléctrica HVDC Kimal - Lo Aguirre, con una inversión estimada de US$1.480 millones. La iniciativa considera la construcción y operación de una línea de corriente continua de 1.346 kilómetros, que conectará las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Según la descripción oficial de Conexión Kimal Lo Aguirre, el proyecto busca transportar hasta 3.000 MW de energías limpias entre la subestación Kimal, en la comuna de María Elena, y la subestación Lo Aguirre, en Pudahuel. Para la minería, el punto central no está solo en la magnitud de la inversión, sino en la posibilidad de mejorar la capacidad de evacuación de energía renovable desde el norte hacia los principales centros de consumo.
En una industria donde el costo eléctrico sigue siendo una variable crítica para minas, plantas concentradoras, sistemas de bombeo, desalación, impulsión de agua y procesos de electrificación, el avance de infraestructura de transmisión puede incidir en la disponibilidad energética de largo plazo. La minería chilena no solo depende de nuevos proyectos extractivos: también requiere redes eléctricas, agua, caminos, puertos y permisos capaces de sostener operaciones más intensivas y complejas.
El proyecto Kimal - Lo Aguirre también forma parte del seguimiento de grandes obras del sistema eléctrico. El Coordinador Eléctrico Nacional mantiene reportes bimestrales sobre el avance de la línea, dada su relevancia para el Sistema Eléctrico Nacional.
Obras fluviales en Tierra Amarilla: seguridad territorial en zona minera
El segundo proyecto cuya RCA favorable fue mantenida corresponde a las Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural Comuna de Tierra Amarilla, con una inversión estimada de US$30 millones. La iniciativa, de titularidad del Ministerio de Obras Públicas, apunta a una mejora integral en la cuenca del río Copiapó y sus cauces.
El SEA indicó que el proyecto considera medidas de mitigación aluvional y cauces de evacuación en quebradas donde esos flujos pueden amenazar centros poblados. La ubicación es relevante para la minería porque Tierra Amarilla concentra actividad minera, infraestructura asociada y comunidades expuestas a riesgos aluvionales en una zona históricamente sensible a eventos extremos.
La decisión ambiental tiene una lectura industrial clara: la seguridad territorial y la adaptación de infraestructura crítica son parte del entorno habilitante para la minería en Atacama. En comunas donde conviven operaciones, caminos, depósitos, instalaciones industriales, servicios y centros poblados, las obras hidráulicas no son un componente aislado, sino una condición para reducir vulnerabilidades y sostener continuidad operacional.
Qué rol cumple el Comité de Ministros
El Comité de Ministros es una instancia clave dentro del sistema ambiental chileno. Está integrado por la ministra o ministro del Medio Ambiente, quien lo preside, y los titulares de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería. Su función es conocer y resolver reclamaciones contra resoluciones de calificación ambiental, así como recursos vinculados a participación ciudadana y revisión de RCA, conforme a la Ley N°19.300.
En esta sesión participaron autoridades de Salud, Energía y Agricultura, además del ministro subrogante del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, según informó el SEA. La presencia de la cartera de Minería en la estructura del Comité explica por qué estas decisiones son seguidas de cerca por el sector, incluso cuando la tabla no contiene necesariamente faenas extractivas.
Desde el punto de vista de inversión, el SEA informó que entre la primera sesión del 30 de marzo y la sesión del 30 de junio, el órgano había revisado 18 proyectos con recursos de reclamación pendientes, destrabando un monto superior a US$8.500 millones. Esa cifra se ha transformado en un indicador relevante para empresas, inversionistas y proveedores que observan la capacidad del sistema para cerrar etapas administrativas pendientes.
Impacto para minería, energía y permisos
La resolución del 30 de junio no equivale al inicio inmediato de obras ni reemplaza otros permisos sectoriales que puedan requerirse. Sin embargo, mantener una RCA favorable permite reducir incertidumbre regulatoria en proyectos de alto impacto para la infraestructura nacional.
Para la minería, el caso Kimal - Lo Aguirre es especialmente relevante por la presión estructural sobre energía. La expansión de energías renovables en el norte requiere capacidad de transmisión para evitar restricciones, congestión o desacoples que afecten el costo final del suministro. En paralelo, la minería avanza hacia procesos más eléctricos, automatizados y demandantes de energía limpia, especialmente en operaciones de cobre, litio, desalación e impulsión de agua.
En Atacama, las obras fluviales del río Copiapó conectan con otro eje crítico: la resiliencia territorial. El distrito enfrenta desafíos asociados a disponibilidad hídrica, eventos aluvionales, convivencia con comunidades y continuidad de infraestructura básica. En ese contexto, la aprobación ambiental de obras públicas también puede influir en la estabilidad del ecosistema minero regional.
Qué observará la industria
El próximo foco estará en la ejecución de los proyectos, el cumplimiento de condiciones ambientales, la obtención de permisos complementarios y la gestión de eventuales controversias judiciales o administrativas. En el caso de Kimal - Lo Aguirre, la industria seguirá especialmente los plazos de construcción y su impacto en la capacidad de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Para el sector minero, la sesión dejó una señal concreta: aunque la tabla del 30 de junio no terminó con una resolución sobre una faena minera extractiva, sí abordó infraestructura que incide directamente en la competitividad, seguridad y continuidad operacional de la minería chilena. Energía y obras territoriales seguirán siendo parte central de la agenda ambiental minera, incluso cuando el proyecto en revisión no sea una mina.
