El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) informó que su propuesta de presupuesto para 2027 contempla la incorporación de 18 funcionarios, con el objetivo de reforzar especialmente a los equipos regionales que revisan proyectos de inversión, entre ellos iniciativas mineras y energéticas.
El director ejecutivo del organismo, Arturo Farías, presentó los antecedentes el 22 de octubre ante el Consejo de la Sociedad Civil del servicio. Allí indicó que la propuesta considera un aumento global de 4% respecto de 2026 y un alza de 6% en el gasto en personal, donde se concentraría el incremento.
El SEA señaló que su presupuesto fue aprobado por la Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos el 20 de octubre. Ese avance forma parte de la discusión legislativa: los montos todavía pueden modificarse durante la tramitación de la Ley de Presupuestos.
Los recursos corresponden al funcionamiento del servicio que administra el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). A través de ese sistema se revisa si los proyectos sujetos a evaluación cumplen la legislación y se hacen cargo de sus posibles impactos ambientales.
Las incorporaciones y la dotación
El refuerzo anunciado apunta principalmente a las regiones, aunque el SEA no detalló cuáles recibirían los puestos ni cuántas de las incorporaciones se destinarían específicamente a consultas indígenas.
En la misma reunión, el servicio informó que las nuevas plazas se concursarán internamente como parte de un plan de desarrollo de personas, orientado a fortalecer la carrera funcionaria y retener conocimiento técnico.
La cifra anunciada requiere una precisión. En un análisis que compara el proyecto presupuestario original con la ley de 2026, Sofía Aroca y Santiago Correa estimaron un aumento de tres cupos en la dotación del SEA. El servicio no explicó en su presentación publicada cómo se relaciona ese cálculo con las 18 incorporaciones previstas.
Una asignación de evaluación con menos recursos
El aumento global informado por el SEA convive con una reducción propuesta en una línea específica. En el proyecto original del Ejecutivo, la asignación Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental pasaría de aproximadamente $885 millones en la ley inicial de 2026 a unos $697 millones en 2027.
La diferencia equivale a una caída nominal cercana al 21,2%, es decir, calculada sin ajustar por inflación. La comparación se refiere a esa asignación y no al presupuesto completo del servicio.
Una descripción de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre los recursos de esa línea en 2025 señala que financiaba personal evaluador, procesos de participación ciudadana, insumos y viáticos. El detalle disponible no permite establecer por sí solo cómo se distribuiría la reducción entre esas tareas en 2027.
Por su parte, el SEA sostuvo que la propuesta permite dar continuidad a las evaluaciones ambientales, las consultas indígenas, las obligaciones contractuales y la operación de la plataforma electrónica del sistema.
La cartera minera y energética en Antofagasta
La importancia de los equipos regionales se refleja en Antofagasta. El 21 de octubre, el director regional del SEA, Tomás Ballesteros, informó que había 33 proyectos en evaluación en la zona, con una inversión declarada conjunta de US$28.591 millones.
De ese total, 15 iniciativas correspondían al sector minero y ocho al energético. Las 33 comprendían 20 declaraciones y 13 estudios de impacto ambiental. Las cifras representan inversiones propuestas por sus titulares: los proyectos seguían en evaluación y sus montos no equivalen a inversión ejecutada.
Entre las iniciativas mineras en revisión se encontraba la continuidad operacional y nueva planta concentradora de Minera El Abra, con una inversión declarada de US$7.500 millones. También figuraba una nueva planta concentradora de Minera Escondida, por US$5.150 millones.
La evaluación puede concluir con la aprobación o el rechazo ambiental de un proyecto. La incorporación de personal, por sí sola, no permite determinar cuánto demorará la revisión ni cuál será el resultado de cada expediente.
Consultas indígenas y participación
El SEA también incluyó la continuidad de las consultas indígenas entre los procesos considerados en su propuesta. Dentro de la evaluación ambiental, este mecanismo se aplica cuando un estudio identifica impactos significativos sobre grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.
La consulta establece un proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos que podrían verse afectados directamente, para que puedan conocer los antecedentes y participar en la decisión. Los estudios de impacto ambiental contemplan además participación ciudadana; en las declaraciones, esta puede abrirse bajo las condiciones previstas por la normativa.
La asignación definitiva para el SEA dependerá ahora de la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso, donde podrán revisarse tanto los recursos para personal como las partidas destinadas a la operación de las evaluaciones.
REDIMIN Responde
¿Cuántos funcionarios planea incorporar el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2027?
El SEA planea incorporar 18 funcionarios en 2027, con el objetivo de reforzar especialmente los equipos regionales que revisan proyectos de inversión.
¿Cuál es el porcentaje de aumento global del presupuesto del SEA para 2027 en comparación con 2026?
El presupuesto del SEA para 2027 contempla un aumento global de 4% respecto de 2026.
¿Qué reducción se propone en la asignación para la Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental en 2027?
Se propone una reducción de aproximadamente 21,2% en la asignación para la Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, pasando de $885 millones en 2026 a $697 millones en 2027.
¿Cuántos proyectos están en evaluación en la región de Antofagasta y cuál es su inversión declarada conjunta?
En la región de Antofagasta hay 33 proyectos en evaluación, con una inversión declarada conjunta de US$28.591 millones.
¿Qué iniciativas mineras destacadas están en revisión en Antofagasta y cuál es su inversión declarada?
Entre las iniciativas mineras en revisión en Antofagasta se encuentran la continuidad operacional y nueva planta concentradora de Minera El Abra, con una inversión declarada de US$7.500 millones, y una nueva planta concentradora de Minera Escondida, por US$5.150 millones.
