Un proyecto legislativo que modifica las normas de pesaje de camiones ha reactivado el alarmismo entre círculos empresariales en Chile. Iniciado en 2012, este proyecto busca enfrentar la problemática del sobrecarga en camiones, asunto que contribuye al deterioro de la infraestructura vial. La iniciativa, apoyada por el Gobierno de José Antonio Kast, avanza en el Senado y podría tener repercusiones significativas para puertos y operadores logísticos.
Detalles del proyecto
La propuesta establece que no solo los propietarios de la carga, como plantas productivas, sean responsables del pesaje, sino que también puertos, terminales y otros actores logísticos deben someterse a estas exigencias. A partir de un umbral de 60 mil toneladas anuales, la ley obligaría a estos actores a implementar sistemas de pesaje con estándares definidos y a certificar el peso de cada camión, lo que se traduce en una intervención considerable en la cadena logística.
A juicio del subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, el objetivo central del proyecto es proteger la infraestructura vial del país. El argumento sostiene que el sobrepeso no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que además encarece el mantenimiento de caminos y puentes, costos que finalmente son asumidos por el Estado y sus contribuyentes. “Si no controlamos el sobrepeso, el daño a la infraestructura vial es muy alto”, enfatiza Balmaceda.
Reacciones del sector empresarial
Sin embargo, el empresariado ha cuestionado las modificaciones propuestas, señalando que el proyecto impone al sector privado tareas que deberían ser responsabilidad del Estado. Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria (Camport), argumenta que “la fiscalización en el uso de las vías es una función exclusiva de la Dirección de Vialidad del MOP y de Carabineros”. Para Fernández, esta delegación de responsabilidades podría introducir distorsiones en el sistema institucional, sobrecargando a los terminales con tareas administrativas que pueden resultar ineficaces.
El president de Camport critica también que las nuevas exigencias en los puntos de acceso a los terminales portuarios podrían retrasar aún más los procesos logísticos. “Los accesos a los terminales son críticos, y la nueva carga podría generar demoras excesivas. Este tipo de controles deben ocurrir en las carreteras, donde acontecen las infracciones de sobrepeso”, sostiene.
Costos operativos y estructura organizacional
El informe financiero que acompaña el proyecto indica que no se generarán gastos fiscales, ya que se espera que la Dirección de Vialidad asuma las nuevas funciones con el personal ya existente. Sin embargo, la preocupación radica en que, si el Estado no aumentará su capacidad fiscalizadora, la carga recaerá sobre las empresas, potencialmente elevando sus costos operativos. Aspectos como el control digital y el mantenimiento de equipos para el pesaje también arruinan al sector, señalando que es el mismo empresariado quien deberá hacerse cargo de estas nuevas exigencias.
El proyecto de pesaje de camiones continúa avanzando en la comisión de Obras Públicas del Senado y podría ser aprobado en el breve plazo. Esta medida, que pretende modernizar la regulación del transporte de carga, enfrenta una resistencia significativa del sector privado, que argumenta que la implementación de estos requerimientos podría acarrear costos operativos adicionales y provocar desafíos logísticos importantes.
En un tiempo en que la eficiencia de la cadena logística se volvió primordial, cualquier incremento en las cargas administrativas puede resultar contraproducente, afectando la competitividad de los operadores en un mercado ya desafiante.
