El ajuste beneficiará a millones de hogares a partir de 2026, con bajas promedio cercanas al 4%.
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Generadoras y Transelec acuerdan devolución histórica tras errores de cálculo y sobrevaloración de activos. El ajuste beneficiará a millones de hogares a partir de 2026, con bajas promedio cercanas al 4%.
El origen del conflicto: un error metodológico con alto costo
Un error técnico en la metodología de cálculo del “precio nudo”, indicador clave que determina el valor de la energía que las distribuidoras pagan a las generadoras, dio inicio a una crisis sin precedentes en el sector eléctrico chileno. La Comisión Nacional de Energía (CNE) detectó que, desde 2017, se había aplicado dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el ajuste de las tarifas, lo que derivó en un cobro excesivo estimado en US$ 115 millones a los consumidores regulados.
La revelación, ocurrida en octubre, desencadenó una fuerte ola de cuestionamientos públicos y políticos, que culminó con la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla. El escándalo no solo expuso las deficiencias del sistema tarifario, sino que también encendió las alarmas sobre la transparencia de los mecanismos de fijación de precios en el mercado eléctrico.
“Este error no es menor: afecta la credibilidad institucional y el vínculo de confianza con la ciudadanía”, reconoció el nuevo biministro de Economía y Energía, Álvaro García, al asumir el cargo en medio de la crisis.
Las devoluciones acordadas: generadoras y transmisora asumen compensaciones
Pese a la controversia técnica sobre el verdadero monto efectivamente pagado por los usuarios, el gremio Generadoras de Chile anunció el viernes que sus empresas socias pondrán a disposición de la autoridad los US$ 115 millones cobrados en exceso, para que estos se vean reflejados en las boletas de electricidad a partir de enero de 2026.
“El error proviene de la autoridad, no de la industria, pero igualmente decidimos restituir los recursos para resguardar la confianza pública”, señaló Camilo Charme, director ejecutivo del gremio. Según explicó, la medida se aplicará conforme al mecanismo que defina la autoridad energética, bajo la normativa vigente.
A esa cifra se sumó la devolución de US$ 135 millones comprometida por Transelec, la principal empresa transmisora del país, que en 2024 se autodenunció por una sobrevaloración de activos que había inflado los cobros a los clientes. Con ambos montos, la rebaja total en las cuentas de electricidad alcanzará los US$ 250 millones durante el primer semestre de 2026.
Impacto en los consumidores: alivio moderado, pero significativo
El efecto en las boletas dependerá del área geográfica, dado que el sistema eléctrico nacional opera en zonas con estructuras tarifarias distintas. Según estimaciones del profesor Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago (Usach), el descuento promedio nacional será de alrededor del 4% durante el primer semestre de 2026.
Las reducciones variarán por región: Santiago registrará una baja cercana al 0,7%, Concepción un 3,3%, Coquimbo un 7,9% y Viña del Mar un 9,1%. Si se considera además la devolución de Transelec, el total podría aumentar entre 1,5% y 2% adicionales, según la zona.
“La magnitud no cambia radicalmente las cuentas del hogar, pero representa un gesto concreto hacia la reparación de un error que afectó la confianza pública”, añadió Verdejo, subrayando que el desafío ahora es definir un mecanismo transparente para la restitución de los fondos.
La controversia de los montos y la posición del gobierno
Aunque las empresas aceptaron la devolución, el debate técnico sigue abierto. Un informe elaborado por la consultora Valgesta Energía, dirigida por exfuncionarios de la CNE, estimó que los consumidores solo pagaron efectivamente US$ 2 millones de más, y que el resto de los US$ 113 millones correspondían a documentos financieros factorizados con la banca internacional, especialmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
No obstante, el ministro García defendió la restitución completa: “Lo relevante es que las generadoras recibieron recursos que no les corresponden. Distinto es cuánto de eso se ha cobrado ya o cuánto falta por cobrar. Pero, en esencia, son fondos que pertenecen a los clientes y deben ser devueltos”.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca dar por cerrado un episodio de alta tensión institucional, marcado por críticas a la supervisión estatal y por un creciente malestar ciudadano ante los precios de la energía.
Transelec y el caso paralelo de la transmisión
En paralelo al conflicto con las generadoras, Transelec enfrentó su propia controversia. En 2024, la compañía reconoció ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) haber sobrevalorado activos eléctricos, lo que generó cobros indebidos a los consumidores por más de US$ 100 millones. Tras una auditoría interna y las presiones del nuevo biministro, la empresa aceptó devolver US$ 135 millones mediante descuentos directos en las cuentas de electricidad entre enero y junio de 2026.
La restitución, según analistas, permitirá cerrar un año de alta incertidumbre en el sector energético, marcado por la necesidad de revisar la gobernanza tarifaria y fortalecer los mecanismos de auditoría del sistema.
Próximos pasos: regulación y transparencia en la mira
El gobierno deberá ahora definir la metodología de devolución y el calendario de aplicación de los descuentos, procurando garantizar una distribución equitativa entre los distintos segmentos de clientes regulados. En paralelo, se espera que la CNE impulse una revisión profunda de sus procesos de cálculo tarifario, incluyendo la validación externa de sus modelos.
“La prioridad es asegurar que este tipo de errores no vuelva a repetirse. La transparencia y la fiscalización serán claves para reconstruir la confianza en el sistema eléctrico”, afirmó García al cierre de la semana.
De este modo, aunque los consumidores recibirán una rebaja moderada pero tangible, el episodio deja una lección estructural: la precisión técnica y la rendición de cuentas son pilares esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, especialmente en un contexto de transición energética y alta sensibilidad social frente a los costos de la electricidad.
