La reciente propuesta del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para actualizar los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad ha generado una fuerte respuesta desde distintos sectores productivos, incluyendo grupos mineros, agrícolas e industriales, que advierten sobre el impacto económico, jurídico y operativo que podría acarrear el proceso.
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Las observaciones —presentadas en el marco de las consultas públicas de las macrozonas norte, centro y sur— provienen de actores relevantes como Antofagasta Minerals (Grupo Luksic), empresas del Grupo Errázuriz, Aguas Andinas y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), entre otros. Todos coinciden en un punto: el Gobierno habría actuado sin dictar antes el reglamento que exige la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), afectando la certeza jurídica de los proyectos en curso.
Grandes empresas y gremios productivos sostienen que el proceso de definición de sitios prioritarios carece de respaldo reglamentario, generando inseguridad jurídica y posibles impactos sobre la propiedad privada y la inversión.
El trasfondo normativo: una ley sin reglamento que preocupa al sector
El conflicto surge a raíz del proceso de identificación y actualización de 99 sitios prioritarios impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, que involucra cerca de 4 millones de hectáreas a nivel nacional. Según los gremios, la medida se está llevando a cabo sin contar con el reglamento técnico que debe establecer los criterios científicos, metodológicos y de participación ciudadana.
La SNA, encabezada por Antonio Walker, señaló que “se trata de un proceso masivo, con mucha premura y sin participación efectiva de los propietarios afectados”. El gremio agrícola advirtió además que la iniciativa podría generar conflictos de uso de suelo y afectaciones económicas en predios donde hoy se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
Walker subrayó que desde la aprobación de la Ley SBAP, el sector ha debido revisar “15 documentos regulatorios en 15 meses”, lo que, a su juicio, denota una excesiva velocidad normativa sin diálogo suficiente con los sectores productivos.
El sector minero: riesgos sobre concesiones y proyectos en curso
Las observaciones del sector minero han sido particularmente críticas. Antofagasta Minerals (AMSA), ligada al Grupo Luksic, a través de su filial Sociedad Contractual Minera El Encierro, cuestionó que la propuesta de sitio prioritario se superpone con 56 concesiones mineras donde actualmente se desarrolla un proyecto con recursos estimados de 52 millones de toneladas de cobre, oro y molibdeno.
La compañía argumentó que esta superposición invalida el desarrollo de las concesiones protegidas por la Constitución, e insistió en que el ministerio debe primero dictar el reglamento establecido en el artículo 29 de la Ley SBAP antes de avanzar en nuevas delimitaciones.
En el caso de Minera Los Pelambres, también de AMSA, la empresa denunció un conflicto de uso en la macrozona centro, ya que el polígono propuesto se superpone con instalaciones existentes y proyectos en evaluación ambiental, como el botadero de estériles Hualtatas y su ampliación vinculada al proyecto “Extensión de Vida Útil de Los Pelambres”. Según la compañía, el MMA estaría excediendo sus atribuciones legales, al proponer un sitio de 1.060 hectáreas, un 60% mayor que el previamente reconocido.
Por su parte, el Grupo Errázuriz, mediante siete sociedades mineras, presentó oposiciones formales a la inclusión de terrenos donde existen faenas activas y con títulos mineros vigentes desde hace más de 20 años. SCM Copiapó pidió excluir su área de operaciones del sitio SP1-047, mientras SCM Alhué-Chancón advirtió sobre “incerteza jurídica” y falta de un proceso reglado que permita ejercer derecho a defensa.
El conglomerado también argumentó que en varios de los terrenos cuestionados se realizan actividades agrícolas y forestales autorizadas por Conaf y el SAG, por lo que la designación ambiental podría contradecir permisos estatales ya otorgados.
Aguas Andinas: riesgo para la continuidad del servicio público
Otro actor clave en el debate es el Grupo Aguas, integrado por Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue, que presentó un escrito alertando sobre la superposición de 58 instalaciones críticas —como plantas de tratamiento, captaciones y acueductos— con los polígonos de sitios prioritarios propuestos para la macrozona centro.
El gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, junto al representante Eugenio Rodríguez, advirtieron que, si se aplica la prohibición de intervención física de humedales contenida en la Ley SBAP, se podría afectar la continuidad del suministro de agua potable y saneamiento, comprometiendo derechos fundamentales como el acceso al agua y la salud pública.
El documento enfatiza que, pese a que el MMA eliminó parte de las zonas de conflicto, aún persiste la superposición con infraestructura esencial, lo que deja abierta la posibilidad de riesgo regulatorio y litigios futuros.
Gremios piden suspender el proceso y mayor diálogo
La Sociedad Nacional de Agricultura, Sonami y otros gremios han solicitado al Ministerio del Medio Ambiente suspender el proceso de actualización de sitios prioritarios hasta la publicación del reglamento pendiente. Argumentan que avanzar sin este marco técnico afecta la seguridad jurídica, la inversión y la confianza de los sectores productivos, especialmente en regiones mineras y agrícolas.
“Compartimos la necesidad de proteger la biodiversidad, pero observamos una falta de diálogo efectivo y de gradualidad normativa, que amenaza la estabilidad de proyectos productivos en curso”, señalaron desde la SNA.
A nivel político, algunos parlamentarios de regiones mineras han manifestado preocupación por el alcance del proceso y han pedido al Ejecutivo precisar los efectos concretos de la declaratoria sobre concesiones privadas y operaciones industriales.
Proyecciones: entre la conservación y el desarrollo
El debate sobre los sitios prioritarios se enmarca en un nuevo equilibrio entre protección ambiental y desarrollo productivo. Mientras el Ministerio del Medio Ambiente sostiene que la iniciativa busca actualizar la información científica y territorial para fortalecer la conservación, las empresas insisten en que la forma de implementación carece de transparencia y certidumbre.
En un país donde más del 80% de las exportaciones provienen de actividades con impacto territorial directo, como la minería, la energía y la agricultura, el desafío del Gobierno será armonizar la política de biodiversidad con la competitividad económica.
El conflicto, aún en desarrollo, deja en evidencia la necesidad de un diálogo estructurado entre Estado, industria y comunidades, antes de avanzar en decisiones que podrían redefinir el uso de millones de hectáreas y alterar la dinámica de sectores estratégicos para el país.
