La propuesta apunta a un mecanismo excepcional para casos como homicidio, secuestro o delitos con explosivos. La decisión no sería automática: deberá pedirla la Fiscalía y resolverla un juez en audiencia.
El Gobierno alista indicaciones para endurecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y permitir que jóvenes de 16 y 17 años imputados por delitos de especial gravedad puedan ser derivados, en casos excepcionales, a la jurisdicción penal ordinaria.
Según informó La Tercera, La Moneda trabajará sobre una moción ingresada en 2022 y actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. El proyecto busca modificar la Ley N°20.084, que regula la responsabilidad penal de adolescentes en Chile.
Qué cambiaría con la propuesta del Gobierno
El punto más relevante es la incorporación de un mecanismo de transferencia judicial. En la práctica, esto permitiría que adolescentes de 16 y 17 años imputados por un catálogo acotado de delitos graves sean juzgados bajo reglas de determinación de penas aplicables a adultos.
La medida no operaría para cualquier delito ni de manera automática. De acuerdo con los antecedentes publicados, se aplicaría en ilícitos como:
Homicidio.
Secuestro.
Delitos con bombas o artefactos explosivos.
Otros delitos especialmente graves que sean definidos en la tramitación legislativa.
La solicitud deberá ser formulada por el Ministerio Público y fundada en circunstancias excepcionales, considerando la gravedad del hecho, el grado de participación, el historial delictual del adolescente y el riesgo para la seguridad de la sociedad.
La decisión quedaría en manos de un juez
Uno de los puntos centrales del diseño es que la transferencia a la justicia penal ordinaria tendría control judicial. La Fiscalía podría pedirla, pero será un juez competente quien deba resolver en una audiencia especial, con participación de la defensa.
La resolución deberá estar debidamente fundada, lo que busca evitar que la medida se transforme en una regla general para todos los adolescentes imputados.
Actualmente, la Ley N°20.084 establece un sistema especial de responsabilidad penal para adolescentes que cometen delitos, con reglas diferenciadas respecto de los adultos. La Defensoría de la Niñez explica que la normativa se aplica desde los 14 años y distingue entre adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 17 años.
El proyecto que ya está en el Senado
La moción en que trabajará el Ejecutivo corresponde al boletín 15589-07, que busca modificar la Ley N°20.084 para fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad.
Según la Cámara de Diputadas y Diputados, la iniciativa fue ingresada el 14 de diciembre de 2022 y se encuentra en segundo trámite constitucional. El Senado ha informado que el proyecto busca aumentar el cumplimiento efectivo de penas para menores de edad en un catálogo de delitos específicos y también en casos de reincidencia.
La discusión tomó mayor fuerza tras el crimen de Alejandro Águila en San Bernardo, caso que reactivó el debate sobre adolescentes involucrados en delitos violentos y sobre la capacidad del sistema para prevenir reincidencias.
Reincidencia, centros juveniles y traspaso al cumplir 18 años
Además de la transferencia judicial, el Ejecutivo evalúa incluir otras modificaciones. Entre ellas, incorporar la reincidencia para mayores de 14 años en el catálogo de delitos graves y permitir que adolescentes condenados que cumplan 18 años, y aún tengan saldo de pena privativa de libertad, sean trasladados a recintos penitenciarios de adultos.
También se contempla entregar nuevas facultades a directores de Gendarmería y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para adoptar medidas de seguridad más estrictas en centros juveniles, especialmente en casos de mayor complejidad.
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil fue creado por la Ley N°21.527 y administra medidas y sanciones de adolescentes infractores de ley, con foco en programas de reinserción social.
Por qué importa para las familias y la seguridad pública
El debate no solo tiene impacto jurídico. También cruza la discusión sobre seguridad pública, reincidencia, crimen organizado y protección de víctimas. Para las familias, el punto sensible está en si el sistema actual responde con suficiente firmeza frente a delitos violentos cometidos por adolescentes.
Para el Estado, el desafío será equilibrar dos objetivos: aumentar la respuesta penal ante delitos graves y mantener un sistema especializado para adolescentes, con estándares de reinserción y garantías judiciales.
La propuesta todavía debe pasar por el Congreso. Por ahora, no es ley vigente. Su alcance final dependerá de las indicaciones que presente el Gobierno, el catálogo de delitos que se defina y las votaciones que se produzcan en el Senado y la Cámara.