La reciente designación de Mayra Figueroa abrió, a juicio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), una oportunidad para fortalecer la conducción del sector minero en Perú, en un escenario marcado por el avance de la minería ilegal y la necesidad de reforzar la institucionalidad. El planteamiento fue formulado por Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del gremio, en su más reciente columna del Semáforo Minero. La designación figura en una resolución del Ministerio de Energía y Minas de Perú.
Ortiz sostuvo que el país requiere medidas integrales para enfrentar esta problemática, con una mirada de largo plazo y con especial foco en la trazabilidad del mineral, elemento que consideró esencial para mejorar el control sobre la cadena productiva y frenar espacios de operación ilícita.
IIMP pide una estrategia más amplia contra la minería ilegal
El vicepresidente del IIMP advirtió que la lucha contra la minería ilegal no puede reducirse únicamente a operativos de interdicción, sino que debe incorporar una estrategia más amplia y sostenida en el tiempo. “La lucha contra la minería ilegal no puede limitarse a acciones aisladas de interdicción. Requiere fortalecer la fiscalización, mejorar la trazabilidad del mineral, cerrar los espacios que permiten el procesamiento ilegal y avanzar en procesos efectivos de formalización para los pequeños productores que sí desean operar dentro de la ley”, señaló.
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En esa línea, explicó que una mejora en la trazabilidad permitiría un mayor control desde la extracción hasta la comercialización del mineral, cerrando brechas que hoy facilitan el desarrollo de actividades fuera del marco legal.
Minería formal y liderazgo institucional
Ortiz subrayó además que la minería formal debe ocupar un rol central dentro de la respuesta del Estado frente a la expansión de la minería ilegal. Según indicó, se trata de una actividad que no solo genera empleo formal, sino que además impulsa cadenas productivas, aporta recursos fiscales y contribuye al desarrollo regional cuando opera bajo estándares adecuados en materia ambiental y social.
El dirigente gremial agregó que el contexto actual exige liderazgo político, coordinación entre las distintas entidades del Estado y decisiones firmes para recuperar presencia institucional en los territorios donde la minería ilegal ha ganado espacio. “El reto para las autoridades es grande. Pero también es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad minera y enfrentar con decisión una de las principales economías ilícitas del país”, concluyó.
Con este planteamiento, el IIMP volvió a plantear la necesidad de avanzar en una estrategia integral que combine fiscalización, trazabilidad, formalización y fortalecimiento institucional, en momentos en que Perú enfrenta uno de los mayores desafíos para la sostenibilidad y gobernanza de su sector minero.
