El gobierno del presidente José Antonio Kast definió dos proyectos mineros como prioritarios dentro de su estrategia para agilizar la tramitación ambiental y reducir la denominada “permisología”, en una señal directa hacia el sector extractivo y la inversión regional. Las iniciativas corresponden a la Continuidad Operacional de Minera Tres Valles y la Continuidad Operacional del Distrito Pleito Fase 3, impulsado por la Compañía Minera del Pacífico en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
Ambos proyectos suman más de US$62 millones de inversión y forman parte de un paquete de iniciativas que el Ejecutivo busca destrabar dentro del sistema de evaluación ambiental para acelerar su ejecución. La medida se inserta en el plan económico del nuevo gobierno, que busca reactivar la inversión y reducir los tiempos regulatorios que enfrentan proyectos energéticos, mineros y de infraestructura en Chile.
Dos proyectos clave para la Región de Coquimbo
Las iniciativas priorizadas tienen impacto directo en la actividad minera del norte chico, una zona con una larga tradición extractiva y una fuerte dependencia del empleo asociado a la industria.
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El primer proyecto corresponde a la Continuidad Operacional de Minera Tres Valles, ubicada en la comuna de Salamanca, operación dedicada principalmente a la producción de cobre. La iniciativa busca extender y consolidar las actividades productivas de la faena, permitiendo mantener su aporte económico a la región.
El segundo corresponde al proyecto Continuidad Operacional del Distrito Pleito Fase 3, que desarrolla CMP en La Higuera, orientado a fortalecer las operaciones de hierro en la zona.
En conjunto, ambas iniciativas superan los US$62 millones en inversión, recursos que el gobierno espera movilizar en el corto plazo una vez que se agilicen los procesos administrativos pendientes.
Parte de un plan mayor contra la “permisología”
La priorización de estos proyectos se enmarca en la primera medida del Ejecutivo para acelerar la tramitación ambiental de iniciativas de inversión, proceso que involucra al Servicio de Evaluación Ambiental y al Ministerio del Medio Ambiente.
Según la información oficial, el plan contempla revisar y acelerar:
20 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) ante la Dirección Ejecutiva del SEA, con inversiones cercanas a US$6.500 millones, de las cuales 30 procedimientos se encuentran vencidos.
22 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) ante el Comité de Ministros, que representan US$9.800 millones, con 11 expedientes vencidos.
Nueve proyectos adicionales con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en trámite.
El objetivo del gobierno es revisar el estado de estas iniciativas y acotar los tiempos de resolución administrativa para facilitar su desarrollo.
Industria minera pide mayor certeza jurídica
Desde la industria minera regional valoraron la decisión de priorizar proyectos, aunque insistieron en la necesidad de avanzar hacia una estrategia más amplia de modernización regulatoria.
Ignacio Pinto, gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo (CORMINCO), señaló que cualquier esfuerzo por agilizar proyectos resulta relevante para la inversión.
“Todos los esfuerzos que se hagan para destrabar y agilizar iniciativas son importantes. Este decreto representa un muy buen inicio de una estrategia integral que permita dar mayor velocidad a la entrada en operación de los proyectos, resguardando el cumplimiento normativo”, afirmó.
En el caso específico de Minera Tres Valles, Pinto recordó que la faena ya cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental aprobada para operar hasta el año 2040, por lo que la industria espera que esta priorización permita ratificar esa autorización en plazos más acotados.
El dirigente gremial enfatizó además la necesidad de mayor certeza jurídica para las operaciones mineras, advirtiendo que los procesos prolongados y las revisiones recurrentes de permisos generan costos adicionales y pueden desalentar nuevas inversiones.
En ese contexto, el sector minero observa con atención el desarrollo de estas medidas, que podrían marcar el inicio de una nueva etapa en la relación entre inversión, regulación ambiental y desarrollo productivo en Chile.
