El proyecto de reforma de patentes mineras aprobado por el Congreso el 28 de octubre introduce nuevas vías para acceder a una tarifa rebajada, pero mantiene el cobro de 0,4 UTM por hectárea para quienes no acrediten las condiciones exigidas. Esa es la principal reserva de Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara Minera de Chile, quien sostiene que el cambio corrige parte de los efectos de la Ley 21.420, sin resolver el problema para todos los pequeños titulares.
La ley de 2022 cuadruplicó la patente de explotación sin trabajos acreditados, desde 0,1 a 0,4 UTM por hectárea durante los primeros cinco años, y estableció incrementos posteriores que pueden llegar a 12 UTM. Con la UTM de octubre calculada en $72.151, una pertenencia de 100 hectáreas pasó, en el ejemplo expuesto por Viera, de pagar cerca de $721.000 a $2,9 millones anuales. El monto acumulado podría alcanzar $86,6 millones en el horizonte señalado en su análisis.
Viera cuestiona que la reforma de 2022, concebida para financiar la Pensión Garantizada Universal, haya usado la propiedad minera como fuente de ingresos sin medir sus efectos sobre los titulares. También plantea que el aumento habría favorecido a operadores con recursos para acreditar actividad, mientras pequeños propietarios enfrentaron dificultades para postular a la rebaja o evitar su rechazo.
La reforma amplía las vías para acceder a una patente rebajada
El texto despachado fija una tarifa general de 0,4 UTM y una reducida de 0,1 UTM para concesiones con trabajos acreditados. Además, amplía las causales de rebaja: podrán considerarse proyectos con una Resolución de Calificación Ambiental vigente o en evaluación, permisos en trámite e información geológica certificada por Sernageomin.
La iniciativa incorpora un régimen especial de cinco años para titulares con menos de 500 hectáreas que estén empadronados en Enami. También eleva el límite de superficie para acceder a la patente especial: hasta 150 hectáreas para pequeños mineros y 100 para artesanales. Elimina, además, requisitos vinculados al parentesco, el tipo de sociedad y la existencia de servidumbres.
Otro cambio es el aplazamiento del pago correspondiente a 2026 hasta el 28 de febrero de 2027. La propuesta obtuvo 107 votos a favor y dos en contra en la Cámara de Diputadas y Diputados, y 37 a uno en el Senado. Para Viera, el consenso legislativo no despeja las dificultades prácticas para quienes no califiquen o no logren acreditar las condiciones de la rebaja.
Seis brechas que, según Viera, siguen afectando a pequeños titulares
La primera brecha es el nivel de la tarifa general: para quien quede fuera del beneficio, el cobro continúa en cuatro veces el valor previo a la Ley 21.420. La segunda es la carga de la prueba. El pequeño minero debe demostrar ante Sernageomin que realiza trabajos, aunque Viera sostiene que el Estado ya dispone de antecedentes provenientes de declaraciones, fiscalizaciones y ventas a Enami. El análisis cita un 49% de solicitudes de rebaja rechazadas, cifra atribuida a Sonami.
El tercer punto es el requisito de empadronamiento en Enami para el régimen especial. El material citado por Viera registra 990 productores empadronados activos, por lo que, según su planteamiento, quedarían fuera mineros que venden a plantas privadas o que no están activos por las condiciones de precio.
La cuarta brecha son los remates y la falta de un registro integrado de la propiedad minera. Los datos de Propiedad Minera Digital incluidos en el análisis indican que seis de cada diez concesiones rematadas entre 2017 y 2026 volvieron a la nómina. El quinto punto es la falta de incentivos directos a la exploración: los pedimentos se ubicarían 60,9% por debajo del promedio de 2018 a 2023. El sexto es la mora acumulada, que el aplazamiento del pago no elimina.
En este último ámbito, Viera cita cifras de Sonami según las cuales el 79% de las concesiones de pequeños y medianos titulares estaría en mora y se habrían perdido 24.000 hectáreas de pequeña minería. También señala que la recaudación por patentes de 2026 se proyectaba 13,1% bajo la de 2025: 2,92 millones de UTM frente a 3,36 millones. Son cifras presentadas como antecedentes de su evaluación, no como resultados de la nueva reforma.
Cámara Minera propone crédito a la exploración y un catastro integrado
Entre las seis medidas que plantea Viera figura un crédito tributario transferible equivalente al 30% del gasto en exploración greenfield, certificado por Sernageomin y sujeto a un tope anual. Como referencia, su análisis estima inversiones en exploración del orden de US$4.000 millones en Australia y US$3.000 millones en Canadá, frente a cerca de US$80 millones en Chile desde 2005.
También propone un catastro minero digital y público que integre información de Sernageomin, Tesorería, el Poder Judicial y los Conservadores de Minas; que publique los resultados de las subastas y permita liberar pertenencias caducadas en 90 días. Para reducir trámites a los productores, plantea que Sernageomin verifique de oficio los trabajos con sus propios registros y que las certificaciones de Enami u otros poderes de compra reconocidos sirvan para acceder a la patente reducida.
Las otras medidas son crear un fondo puente y convenios con Tesorería para regularizar deudas antes de reanudar remates; elevar de 5.000 a 15.000 toneladas mensuales el umbral legal de pequeña minería y ampliar los poderes de compra de Enami; y publicar anualmente los fundamentos de las rebajas rechazadas, las pertenencias rematadas y quiénes las adjudican. Viera sostiene que la pequeña minería aporta menos del 5% de la recaudación por patentes, mientras la postergación del pago de 2026 solo traslada la fecha y no resuelve la mora existente.
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¿Qué cambios introduce la reforma de patentes mineras aprobada por el Congreso?
La reforma introduce nuevas vías para acceder a una tarifa rebajada, manteniendo el cobro de 0,4 UTM por hectárea para quienes no acrediten las condiciones exigidas. Amplía las causales de rebaja, considerando proyectos con Resolución de Calificación Ambiental vigente o en evaluación, permisos en trámite e información geológica certificada por Sernageomin. Además, incorpora un régimen especial de cinco años para titulares con menos de 500 hectáreas empadronados en Enami y eleva el límite de superficie para acceder a la patente especial.
¿Cuáles son las principales críticas de Manuel Viera Flores a la reforma de patentes mineras?
Manuel Viera Flores critica que la reforma no resuelve el problema para todos los pequeños titulares y que el consenso legislativo no despeja las dificultades prácticas para quienes no califiquen o no logren acreditar las condiciones de la rebaja. También cuestiona que la reforma de 2022 haya usado la propiedad minera como fuente de ingresos sin medir sus efectos sobre los titulares, y que el aumento favorezca a operadores con recursos para acreditar actividad.
¿Qué porcentaje de solicitudes de rebaja de patentes mineras fueron rechazadas según Sonami?
Según Sonami, el 49% de las solicitudes de rebaja de patentes mineras fueron rechazadas.
¿Qué medidas propone la Cámara Minera para mejorar la situación de los pequeños mineros?
La Cámara Minera propone un crédito tributario transferible equivalente al 30% del gasto en exploración greenfield, un catastro minero digital y público, y que Sernageomin verifique de oficio los trabajos con sus propios registros. También sugiere crear un fondo puente, elevar el umbral legal de pequeña minería y ampliar los poderes de compra de Enami, además de publicar anualmente los fundamentos de las rebajas rechazadas y las pertenencias rematadas.
¿Cuál es la proyección de recaudación por patentes mineras para 2026 en comparación con 2025?
La recaudación por patentes mineras para 2026 se proyecta 13,1% por debajo de la de 2025, con 2,92 millones de UTM frente a 3,36 millones.