La Cámara de Diputadas y Diputados despachó el 28 de octubre las modificaciones al régimen de patentes mineras, en la primera iniciativa legislativa del sector que completa su tramitación durante el Gobierno de José Antonio Kast. La reforma reduce cobros y amplía el acceso a tarifas rebajadas, pero las organizaciones mineras mantienen diferencias sobre los requisitos y la seguridad de las concesiones.
La votación aprobó los cambios introducidos en el Senado y no acogió la solicitud de la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (Agrumin) de rechazar esas modificaciones y abrir una comisión mixta. El Gobierno presentó el resultado como una respuesta a las dificultades asociadas al régimen de patentes de la Ley N°21.420, de 2022. Agrumin, en cambio, sostuvo que el texto aprobado no resolvió sus objeciones.
La reforma fija la patente general en 0,4 UTM por hectárea
Uno de los cambios centrales es eliminar el cobro progresivo, que podía llegar a 12 UTM por hectárea, y reemplazarlo por una tasa general de 0,4 UTM por hectárea. La iniciativa también amplía las causales para acceder a una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea e incorpora facilidades para productores de menor escala.
Los beneficios podrán extenderse, bajo las condiciones establecidas en la reforma, a arrendatarios y a personas que exploten legítimamente una concesión. Además, se incorpora un régimen especial para titulares de hasta 500 hectáreas que realicen trabajos mineros y estén empadronados en Enami u otro poder de compra reconocido. Estos titulares podrán mantener una patente rebajada durante cinco años.
El texto posterga hasta el 28 de febrero de 2027 el pago de las patentes correspondientes a 2026 y aplaza los procedimientos de remate asociados. La postergación operará una vez que la normativa entre en vigencia, según las condiciones señaladas para la medida.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la reforma como una forma de reducir costos, simplificar procedimientos y recuperar incentivos para explorar, invertir y producir. Afirmó que el respaldo parlamentario refleja un diagnóstico compartido sobre la necesidad de fortalecer la pequeña y mediana minería.
Agrumin cuestiona los requisitos para acceder a las rebajas
El presidente de Agrumin, Patricio Gatica, calificó de decepcionante la aprobación sin los cambios solicitados por el gremio. También acusó al Ejecutivo, en particular a Mas y al subsecretario González, de no haber atendido sus demandas durante la tramitación.
Entre los reparos de la agrupación están los criterios para acceder a las patentes rebajadas y la falta, a su juicio, de procedimientos administrativos y recursos legales suficientemente claros para impugnar decisiones sobre esos beneficios. La organización también cuestionó que se exijan antecedentes que, según plantea, ya están en poder del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Su argumento es que esa exigencia sumaría trámites para los productores y desviaría recursos del organismo fiscalizador.
La posición contrasta con la del Gobierno, que presenta la ampliación de causales y las facilidades incorporadas como una simplificación del acceso a tarifas preferenciales. La discusión no se limita, por tanto, al monto de la patente: también abarca cómo se acredita el cumplimiento de las condiciones y qué vías existen para reclamar ante una decisión administrativa.
Sonami respalda el alivio de costos, pero pide cambiar el sistema de amparo
La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) valoró la eliminación del cobro progresivo, la ampliación de las rebajas y el aplazamiento de pagos y remates hasta febrero de 2027, medida que había solicitado al Ejecutivo. Sin embargo, advirtió que el régimen conserva la intervención administrativa en el sistema de amparo de la propiedad minera.
Su presidente, Jorge Riesco, sostuvo que los pequeños y medianos mineros seguirán expuestos a perder sus concesiones mientras el amparo dependa de decisiones administrativas y no exclusivamente del pago de una patente de monto cierto, aunque diferenciado. Sonami también alertó sobre las responsabilidades que recaerían en Sernageomin, organismo que debe cumplir funciones de seguridad minera, y planteó restablecer montos diferenciados para concesiones y operaciones de minería no metálica.
Así, Agrumin y Sonami coinciden en advertir riesgos vinculados a la intervención administrativa y a la protección de las concesiones, pero difieren en su evaluación global: Agrumin considera que debió abrirse una comisión mixta; Sonami reconoce avances y anunció que seguirá promoviendo cambios ante el Ejecutivo y el Congreso.
REDIMIN Responde
¿Qué cambios introduce la reforma al régimen de patentes mineras aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados?
La reforma elimina el cobro progresivo de patentes, que podía llegar a 12 UTM por hectárea, y lo reemplaza por una tasa general de 0,4 UTM por hectárea. También amplía las causales para acceder a una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea e incorpora facilidades para productores de menor escala.
¿Cuál es la postura de Agrumin respecto a la reforma aprobada?
Agrumin considera decepcionante la aprobación sin los cambios solicitados por el gremio. Cuestiona los requisitos para acceder a las patentes rebajadas y la falta de procedimientos administrativos y recursos legales claros para impugnar decisiones sobre esos beneficios.
¿Qué beneficios específicos se establecen para titulares de hasta 500 hectáreas?
Los titulares de hasta 500 hectáreas que realicen trabajos mineros y estén empadronados en Enami u otro poder de compra reconocido podrán mantener una patente rebajada durante cinco años, según las condiciones establecidas en la reforma.
¿Qué medidas se han tomado respecto al pago de patentes para 2026?
El pago de las patentes correspondientes a 2026 se ha postergado hasta el 28 de febrero de 2027, al igual que los procedimientos de remate asociados. Esta postergación operará una vez que la normativa entre en vigencia.
¿Cuál es la posición de Sonami sobre la reforma al régimen de patentes mineras?
Sonami valora la eliminación del cobro progresivo, la ampliación de las rebajas y el aplazamiento de pagos y remates hasta febrero de 2027. Sin embargo, advierte que el régimen conserva la intervención administrativa en el sistema de amparo de la propiedad minera y pide restablecer montos diferenciados para concesiones y operaciones de minería no metálica.
