El gremio cuestionó que el beneficio vigente hasta diciembre de 2026 se limite a zonas afectadas por temporales, mientras el Congreso tramita una reforma que podría aplazar los remates a nivel nacional.
La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (AGRUMIN) solicitó este 21 de octubre de 2026 extender a todo Chile la suspensión temporal de remates de concesiones mineras por patentes impagas. La petición surge después de que el Gobierno estableciera una medida excepcional para pequeños mineros y productores artesanales de comunas afectadas por emergencias meteorológicas, dejando fuera de esa protección a titulares que enfrentan dificultades económicas y administrativas en otros territorios.
El presidente de AGRUMIN, Patricio Gatica, cuestionó el criterio territorial utilizado para aplicar la suspensión y advirtió que numerosos pequeños productores enfrentan problemas similares para mantener sus concesiones, independientemente de si sus comunas fueron declaradas zonas afectadas por catástrofes.
El planteamiento abre una nueva controversia sobre el régimen de amparo minero, precisamente cuando el Congreso discute modificaciones a las normas que regulan el pago de patentes, los beneficios para pequeños productores y los procedimientos de remate.
Gobierno suspendió remates hasta diciembre, pero con restricciones territoriales
El origen inmediato de la controversia está en la decisión anunciada por el Ministerio de Minería el 15 de octubre de 2026.
La medida instruyó a la Tesorería General de la República (TGR) avanzar en la suspensión de remates de concesiones de exploración y explotación correspondientes a patentes anuales impagas de 2026, siempre que sus titulares cumplan las condiciones establecidas.
La protección está dirigida a pequeños mineros y mineros artesanales de territorios declarados afectados por las emergencias meteorológicas registradas durante julio y agosto, entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos.
La suspensión tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 y busca entregar tiempo adicional a quienes sufrieron dificultades operacionales, daños en sus instalaciones o problemas para regularizar sus obligaciones.
Sin embargo, no constituye una paralización automática de todos los remates mineros del país. La Tesorería debe solicitar a los tribunales competentes la suspensión de los procedimientos de subasta correspondientes, incluidos aquellos que ya se encuentren decretados.
Tampoco implica eliminar las deudas por patentes. Los titulares mantienen sus obligaciones de pago y deben regularizar su situación conforme a las disposiciones aplicables.
Precisamente esa diferencia entre los productores beneficiados y quienes permanecen fuera de las zonas consideradas motivó el nuevo pronunciamiento de AGRUMIN.
AGRUMIN advierte problemas en Taltal y Talca
Patricio Gatica sostuvo que la suspensión debería alcanzar a todos los pequeños mineros y productores artesanales que enfrentan dificultades para pagar sus patentes, especialmente cuando estas se relacionan con exigencias administrativas.
El dirigente calificó como arbitraria la aplicación territorial restringida del beneficio y señaló que existen productores que arriesgan sus concesiones sin contar con una protección equivalente.
Como ejemplos mencionó situaciones registradas en Taltal, Región de Antofagasta, y Talca, Región del Maule, donde, según el gremio, pequeños titulares enfrentan procedimientos de remate.
AGRUMIN vincula estas dificultades con los cambios introducidos al sistema de patentes mineras y con los requisitos establecidos para acceder a pagos rebajados.
La organización cuestiona particularmente los procedimientos de acreditación exigidos a pequeños productores y sostiene que existen rechazos de solicitudes que considera injustificados.
Estas observaciones corresponden a denuncias gremiales y no constituyen, por sí mismas, una constatación de irregularidades administrativas en los expedientes individuales.
La preocupación principal radica en que la continuidad de los remates podría provocar la pérdida de concesiones antes de que termine la discusión legislativa destinada a modificar precisamente ese sistema.
Una reforma podría postergar los pagos hasta febrero de 2027
El debate se desarrolla en paralelo a la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código de Minería y las leyes N.º 21.420 y N.º 21.649 en materia de amparo minero.
La iniciativa ingresó al Congreso el 18 de mayo de 2026 y fue aprobada por el Senado el 7 de octubre, con 37 votos a favor y uno en contra.
Actualmente se encuentra en tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, que debe pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.
Uno de sus principales componentes es la propuesta de postergar hasta el 28 de febrero de 2027 el pago de las patentes correspondientes a 2026 en todo el territorio nacional, aplazando también los remates asociados a esas obligaciones.
Este punto resulta especialmente relevante para la pequeña minería porque, a diferencia de la medida administrativa vigente, la postergación propuesta tendría alcance nacional.
El proyecto también contempla eliminar el sistema de patentes progresivas, ampliar las situaciones que permiten acceder a pagos rebajados y simplificar determinados requisitos administrativos.
Entre los cambios considerados figura la extensión de cinco años para algunos beneficios de patentes rebajadas, una vez acreditado el cumplimiento de las condiciones correspondientes.
No obstante, la postergación nacional hasta febrero de 2027 todavía no constituye una disposición legal vigente. Su aplicación depende de que el proyecto complete su tramitación legislativa y sea promulgado y publicado.
El gremio también cuestiona nuevas atribuciones para Sernageomin
La controversia no se limita al pago de patentes y los remates judiciales.
AGRUMIN también manifestó reparos frente a las atribuciones administrativas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), particularmente cuando aumentan sus responsabilidades sin que, a juicio del gremio, exista una expansión suficiente de su dotación de personal.
Gatica sostuvo que los procedimientos para acreditar la condición de pequeño productor y acceder a beneficios requieren mayor claridad y una aplicación uniforme.
El dirigente advirtió que las decisiones administrativas pueden generar diferencias entre solicitantes cuando los criterios utilizados no resultan suficientemente transparentes.
Además, planteó que el aumento de tareas burocráticas podría reducir la capacidad del organismo para desarrollar fiscalizaciones preventivas en terreno.
En ese contexto, expresó preocupación por los accidentes laborales registrados en faenas mineras durante 2026, aunque sus declaraciones no establecen una relación causal comprobada entre esos acontecimientos y la dotación del servicio.
La organización propuso avanzar en la modernización digital de Sernageomin para simplificar trámites, mejorar la gestión de antecedentes y fortalecer su capacidad de fiscalización operacional.
AGRUMIN busca que las diferencias legislativas lleguen a una Comisión Mixta
Como parte de sus gestiones, AGRUMIN solicitó una reunión con la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer sus observaciones al proyecto aprobado por el Senado.
El gremio también informó que pidió a los parlamentarios rechazar las modificaciones provenientes de la Cámara Alta, con el objetivo de que las discrepancias sean revisadas por una Comisión Mixta.
Esa alternativa requeriría que se produzca un desacuerdo legislativo y se activen los procedimientos constitucionales correspondientes. No constituye una etapa ya acordada.
La organización busca aprovechar la discusión parlamentaria para introducir cambios que considera necesarios para proteger a los productores de menor escala y corregir dificultades del sistema actual.
La inquietud es compartida en parte por otros representantes de la industria. En septiembre, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) también solicitó suspender remates mientras avanzaba la reforma, advirtiendo sobre la incertidumbre que enfrentan los titulares de pertenencias mineras.
La diferencia es que AGRUMIN ahora exige superar la limitación geográfica de la medida excepcional anunciada por el Ejecutivo.
Por el momento, la suspensión administrativa mantiene su alcance restringido y su vencimiento al 31 de diciembre de 2026. La ampliación solicitada por el gremio no ha sido aprobada.
La resolución del conflicto dependerá de las decisiones que adopten las autoridades sobre la petición de AGRUMIN y, especialmente, del resultado de la reforma legal que permanece en discusión en el Congreso.
REDIMIN Responde
¿Qué solicitó AGRUMIN respecto a la suspensión de remates de concesiones mineras?
AGRUMIN solicitó extender a todo Chile la suspensión temporal de remates de concesiones mineras por patentes impagas, más allá de las zonas afectadas por temporales.
¿Cuál es la fecha límite para la suspensión de remates de concesiones mineras establecida por el Gobierno?
La suspensión de remates de concesiones mineras tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026.
¿Qué regiones están incluidas en la medida de suspensión de remates por emergencias meteorológicas?
La medida de suspensión de remates incluye a pequeños mineros y mineros artesanales de territorios entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos, declarados afectados por emergencias meteorológicas.
¿Qué cambios propone el proyecto de ley en tramitación respecto al pago de patentes mineras?
El proyecto de ley propone postergar el pago de las patentes correspondientes a 2026 hasta el 28 de febrero de 2027 en todo el territorio nacional, eliminar el sistema de patentes progresivas y ampliar las situaciones que permiten acceder a pagos rebajados.
¿Qué preocupaciones expresó AGRUMIN sobre Sernageomin?
AGRUMIN expresó preocupaciones sobre las atribuciones administrativas de Sernageomin, señalando que el aumento de responsabilidades no ha sido acompañado por una expansión suficiente de su dotación de personal, lo que podría afectar la capacidad de fiscalización y la claridad en los procedimientos para acreditar la condición de pequeño productor.
