La Comisión de Medio Ambiente aprobó normas clave del proyecto de reconstrucción económica, incluyendo ajustes al SEIA, límites a cautelares y un mecanismo de devolución de gastos si una RCA favorable es anulada por tribunales.
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó una serie de artículos de la llamada megarreforma ambiental, parte del proyecto de ley “Para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social”, iniciativa identificada como boletín 18.216-05 y actualmente en primer trámite constitucional. El texto ahora deberá ser revisado por la Sala de la Cámara.
El avance legislativo tiene impacto directo para sectores intensivos en permisos, entre ellos minería, energía, infraestructura y acuicultura. El punto central es la reducción de incertidumbre regulatoria en proyectos con Resolución de Calificación Ambiental favorable, junto con nuevas reglas para modificaciones de proyectos, recursos administrativos, medidas cautelares y eventuales restituciones de gastos por RCA anuladas.
Qué aprobó la comisión
Entre las normas aprobadas figuran cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ajustes al régimen de concesiones acuícolas, modificaciones a la Ley de Monumentos Nacionales y reglas asociadas al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
La votación se extendió hasta cerca de las 23 horas del lunes 18 de mayo y estuvo marcada por el respaldo del Partido de la Gente al oficialismo en disposiciones sensibles. Según el reporte de la sesión, algunas normas fueron aprobadas por siete votos contra seis, mientras que el bloque relativo a restitución de gastos por RCA anulada obtuvo ocho votos a favor y cinco en contra.
El proyecto fue ingresado el 22 de abril de 2026 por el Ministerio de Hacienda. La ficha legislativa de la Cámara de Diputadas y Diputados confirma que la iniciativa pasó a la Comisión de Hacienda y, en lo pertinente, a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo.
Cambios al SEIA
El capítulo ambiental aprobado modifica aspectos relevantes de la tramitación ante el SEIA. Una de las medidas permite que proyectos con RCA favorable no deban someterse nuevamente a evaluación ambiental cuando sus modificaciones no impliquen cambios sustantivos en la magnitud o duración de los impactos.
También se aprobó un régimen voluntario de tramitación acelerada y se eliminó la posibilidad de presentar recursos administrativos contra RCA favorables bajo la Ley 19.880. Según la presentación del Ministerio de Hacienda, la propuesta busca concentrar las impugnaciones en las vías ambientales y judiciales específicas, sin afectar el recurso de protección.
Otro cambio relevante entrega mayor rectoría técnica al Servicio de Evaluación Ambiental sobre los organismos de la administración con competencia ambiental. Hacienda planteó que el SEA podrá coordinar el procedimiento, dictar instrucciones generales obligatorias y considerar solo pronunciamientos pertinentes al contenido del proyecto.
Límites a medidas cautelares
La comisión aprobó además limitar a 30 días corridos las medidas cautelares que paralicen proyectos con RCA favorable, con opción de prórroga mediante resolución fundada. El diseño original informado por Hacienda considera que la duración total de estas medidas no supere seis meses, incluyendo prórrogas, y permite apelar resoluciones vinculadas a cautelares.
Este punto será uno de los más discutidos en Sala. La Corte Suprema, al informar el proyecto, valoró la existencia de límites temporales y de un recurso de apelación, pero advirtió que una caducidad automática de medidas cautelares podría tensionar la tutela judicial efectiva y el principio preventivo frente a riesgos ambientales graves.
Restitución de gastos por RCA anulada
Uno de los artículos de mayor impacto crea un mecanismo para que titulares de proyectos soliciten restitución de gastos directos y efectivos cuando una RCA favorable sea anulada por sentencia judicial firme.
El procedimiento considera una solicitud fundada ante el Ministerio de Hacienda dentro de 30 días hábiles desde que quede firme el fallo. Luego, una comisión de tres peritos determinará el monto a restituir, sobre la base de gastos asociados al proyecto y respaldados mediante contabilidad separada.
El texto también contempla la posibilidad de reclamar judicialmente el monto ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Si no hay reclamación, Hacienda deberá pagar dentro de 30 días hábiles.
La norma no operaría de manera retroactiva para RCA anteriores, de acuerdo con la indicación sustitutiva aprobada, sino solo respecto de resoluciones otorgadas y anuladas desde la entrada en vigencia de la ley.
La Corte Suprema observó este punto con cautela. En su informe, señaló que el mecanismo podría desplazar parte del riesgo regulatorio privado hacia el Estado y recomendó sujetarlo a criterios de excepcionalidad y buena fe del titular.
Por qué importa para la minería
Para la minería chilena, el debate no es menor. Cochilco estima que la cartera de inversión minera 2025-2034 alcanza US$104.549 millones, el mayor nivel en más de una década. Dentro de ese portafolio figuran proyectos de cobre, litio, oro, hierro y minerales industriales, con iniciativas de continuidad operacional, nuevas concentradoras y desarrollos vinculados a minerales críticos.
La permisología ambiental es uno de los factores que define si esa cartera se transforma en inversión efectiva o queda atrapada en tramitaciones, judicialización y postergaciones. En minería, las modificaciones operacionales, mejoras tecnológicas, continuidad de faenas, relaves, desalación, energía e infraestructura asociada suelen depender de la interacción entre RCA vigentes, consultas de pertinencia, permisos sectoriales y eventuales reclamaciones.
El cambio aprobado apunta a reducir tiempos e incertidumbre, pero también abre una discusión de fondo: cómo acelerar proyectos sin debilitar estándares ambientales ni limitar el acceso de comunidades y terceros a mecanismos de revisión.
Datos clave
Proyecto: Para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.
Boletín: 18.216-05.
Estado: primer trámite constitucional.
Cámara de origen: Cámara de Diputadas y Diputados.
Autor: Ministerio de Hacienda.
Comisión que votó normas ambientales: Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Materias aprobadas: SEIA, RCA, cautelares, acuicultura, SBAP, Ley de Monumentos Nacionales.
Impacto sectorial: permisos de inversión, minería, energía, infraestructura y acuicultura.
Cartera minera en Chile 2025-2034: US$104.549 millones, según Cochilco.
Qué viene ahora
El proyecto deberá ser revisado por la Sala de la Cámara, donde se anticipa un debate político y técnico sobre el alcance de los cambios. Para la industria minera, el punto a observar será si la reforma logra reducir plazos y litigios sin generar nuevas fuentes de controversia judicial.
La señal para el sector es clara: el Congreso comenzó a mover piezas relevantes del sistema de permisos, pero la discusión decisiva todavía no está cerrada.