Expertos advierten que la falta de capacidades técnicas en los gobiernos locales impide convertir los recursos del canon en obras concretas. El distrito de San Marcos, en Áncash, ejemplifica la brecha entre abundancia de fondos y baja gestión.
Recursos inmovilizados pese a la bonanza minera
El canon minero, uno de los instrumentos más importantes para promover el desarrollo regional en el Perú, enfrenta nuevamente un serio problema de ejecución. Entre 2023 y 2024, más de S/8.800 millones —cifra equivalente a la mitad del presupuesto nacional destinado a seguridad ciudadana— quedaron sin utilizar, según advirtió Paola Del Carpio, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), durante su exposición en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“Tenemos municipios con millones en sus cuentas y sin personal técnico para transformarlos en obras. No es un problema de falta de recursos, sino de capacidad para convertirlos en bienestar”, señaló la especialista, al subrayar que la ineficiencia se concentra en los gobiernos locales, principales receptores de los fondos del canon.
Dos décadas de recursos mal aprovechados
De acuerdo con los datos presentados, en los últimos 24 años se han redistribuido más de S/72.000 millones por concepto de canon minero, de los cuales el 78% se destina a los municipios. Sin embargo, buena parte de esos fondos se concentra en distritos con pocos habitantes y escasa capacidad administrativa, lo que ha dificultado su conversión en proyectos de impacto social o infraestructura básica.
El caso más emblemático es el del distrito de San Marcos, en la región Áncash, que pese a ser el mayor receptor de canon y regalías mineras del país, solo ha ejecutado el 43% de su presupuesto disponible. “Hay distritos que reciben más de S/40 mil por persona al año, pero no tienen la capacidad de utilizarlos”, enfatizó Del Carpio.
Descentralización en crisis: modelo con brechas estructurales
Para la investigadora, el problema trasciende la gestión municipal y pone en evidencia las limitaciones del modelo de descentralización vigente, que distribuye recursos según criterios territoriales y no en función de la capacidad de ejecución o las necesidades reales de desarrollo. “Urge repensar la descentralización. Debe ser un medio para servir mejor al ciudadano, no un fin en sí mismo”, afirmó.
En este sentido, la brecha no se explica por falta de fondos, sino por fallas estructurales en la gestión pública, la ausencia de planificación multianual y la escasa coordinación entre niveles de gobierno. Estas deficiencias impiden que los recursos mineros generen un efecto multiplicador en educación, salud, infraestructura o empleo local.
Falta de personal técnico y alta rotación
Uno de los factores que agrava esta ineficiencia es la alta rotación de funcionarios municipales, que en promedio permanecen menos de un año en sus cargos, sumado a bajos salarios que dificultan atraer profesionales calificados a zonas rurales o de difícil acceso. “El resultado es una estructura institucional débil, sin continuidad técnica ni planificación sostenible”, explicó Del Carpio.
La investigadora propuso fortalecer el servicio civil, crear líneas de carrera en la gestión pública local, mejorar la capacitación y fomentar la ejecución conjunta de proyectos mediante fondos o fideicomisos regionales, como alternativas para reducir la subejecución del canon.
Reformar los criterios de reparto: un desafío político
Finalmente, Del Carpio planteó la necesidad de revisar los criterios de distribución del canon minero, incorporando variables de capacidad institucional y necesidades sociales. Sin embargo, reconoció que la modificación del actual esquema enfrenta obstáculos políticos y resistencias locales. “Cambiar la fórmula del canon es muy difícil hoy, pero deberíamos apuntar a un sistema más justo y eficiente en el mediano o largo plazo”, concluyó.
