La carga administrativa, la lentitud de las instituciones y los conflictos sociales aparecen entre los principales obstáculos para convertir la cartera minera peruana, valorada en más de US$ 64.000 millones, en nuevas operaciones.
Los nuevos proyectos mineros en Perú pueden enfrentar entre 200 y 400 permisos y tardar hasta 15 años en avanzar desde sus primeras etapas hasta la operación, de acuerdo con antecedentes recopilados por organismos públicos del país.
La magnitud del problema volvió al debate luego de que el politólogo y docente universitario Carlos de la Torre Paredes advirtiera que la cantidad de autorizaciones necesarias está dificultando el ingreso de nuevas inversiones mineras.
“Sabemos que se necesitan casi 200 permisos para empujar proyectos, eso tiene que reducirse”, afirmó durante una entrevista con Rumbo Minero Central.
La cifra coincide con un informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que sitúa el número de permisos requeridos en Perú entre 200 y 400. El documento también señala que la tramitación completa puede extenderse por hasta 15 años.
La reducción de permisos no resolvería todo el problema
De la Torre sostuvo que simplificar los procedimientos es necesario, pero advirtió que esa medida no será suficiente si no cambia la forma en que funciona la administración pública.
Entre los obstáculos mencionó el temor de algunos funcionarios a tomar decisiones ante posibles consecuencias administrativas o judiciales, además de la resistencia interna que pueden encontrar los procesos destinados a reducir trámites.
Una ventanilla única podría evitar que las empresas presenten información similar ante distintas instituciones y permitir un seguimiento más claro de los expedientes. Sin embargo, su efectividad dependerá de la coordinación entre los organismos y del cumplimiento de los plazos establecidos.
Perú ya cuenta con una Ventanilla Única Digital para el sector minero, implementada desde 2023 e integrada por nueve entidades públicas. Su propósito es concentrar los trámites relacionados con el ciclo de inversión y entregar mayor transparencia sobre los tiempos de gestión.
Los proyectos igualmente deben completar autorizaciones ambientales, mineras, arqueológicas, territoriales y sectoriales. Para iniciar una explotación, por ejemplo, se exige contar con un instrumento ambiental aprobado, un plan de cierre, derechos sobre el terreno superficial y autorizaciones para el uso de explosivos, entre otros requisitos.
Conflictos sociales también condicionan las inversiones
La burocracia no es el único factor que influye en el desarrollo de los proyectos. La relación con las comunidades, la protección ambiental y la capacidad del Estado para prevenir controversias también son determinantes.
El último reporte de la Defensoría del Pueblo registró 191 conflictos sociales en julio de 2026, de los cuales 150 estaban activos y 41 permanecían latentes. Los casos socioambientales sumaban 94, equivalentes al 49,2% del total.
Dentro de los conflictos socioambientales, el 64,9% estaba relacionado con la actividad minera. Esto equivale a cerca de un tercio de todos los conflictos sociales registrados en el país durante ese mes.
De la Torre advirtió además que la ausencia de proyectos formales puede dejar espacios para el avance de la minería ilegal en territorios con recursos minerales. Por esa razón, planteó que Perú necesita condiciones normativas, sociales y jurídicas que permitan desarrollar nuevas operaciones responsables.
Perú tiene 66 proyectos por más de US$ 64.000 millones
El debate adquiere especial importancia por el tamaño de la cartera minera peruana. El Ministerio de Energía y Minas informó que el portafolio de 2026 está compuesto por 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos, con una inversión conjunta estimada en US$ 64.075 millones.
Convertir esos proyectos en minas en operación requerirá algo más que eliminar formularios. El desafío será acortar los plazos sin debilitar la evaluación ambiental, mejorar la coordinación entre las instituciones y fortalecer el diálogo con las comunidades.
La capacidad de Perú para resolver estos problemas será decisiva para competir por nuevas inversiones en cobre, oro y otros minerales, en un escenario mundial marcado por una demanda creciente de materias primas para infraestructura, electrificación y transición energética.
