La elección entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez reabre el debate por permisos, estabilidad regulatoria, regalías y minería informal en uno de los mayores polos cupríferos de América Latina.
Perú entra en la recta final de su segunda vuelta presidencial con una tensión directa sobre la minería. El país definirá el 7 de junio entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en una elección que coincide con una cartera minera de más de US$64.000 millones y con señales de pérdida de competitividad frente a otras jurisdicciones productoras de cobre.
La relevancia del proceso va más allá de la política interna. Perú sigue siendo una pieza clave para la oferta mundial de cobre, pero enfrenta demoras en permisos, conflictividad social, minería informal y dudas sobre la estabilidad de las reglas para invertir.
Una cartera minera de más de US$64.000 millones
El Ministerio de Energía y Minas de Perú informó que la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025 está compuesta por 67 iniciativas distribuidas en 19 departamentos, con una inversión conjunta estimada en US$64.071 millones.
La cifra incluye 33 proyectos greenfield y 34 brownfield, es decir, nuevas operaciones y ampliaciones, reposiciones u optimizaciones de faenas existentes. Según el Minem, Cajamarca lidera la cartera en inversión, seguida por Apurímac y Arequipa, mientras que el 45,5% del monto total se concentra en la macrorregión sur.
Ese peso territorial explica por qué la elección es observada de cerca por empresas mineras, proveedores, gobiernos regionales y actores del mercado cuprífero. La zona sur concentra parte importante de la actividad minera peruana y también ha sido escenario recurrente de conflictos sociales y disputas por beneficios locales.
La advertencia del gremio minero
La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, Julia Torreblanca, advirtió en entrevista con Reuters que las propuestas mineras de ambos candidatos generan dudas sobre la sostenibilidad del marco de inversión.
Según ese reporte, Fujimori ha planteado distribuir directamente a comunidades cercanas a faenas el 40% de las regalías mineras y crear una vía rápida para proyectos estratégicos, con incentivos tributarios por reinversión de utilidades. Sánchez, en tanto, ha propuesto elevar impuestos y regalías, revisar contratos de grandes compañías mineras y avanzar hacia una nueva Constitución con mayor rol del Estado.
El mismo reporte indica que la cartera bajo observación bordea los US$63.000 millones, con cerca de 70% asociado a proyectos de cobre en las regiones andinas del sur. También señala que la recaudación tributaria minera llegó a unos 26.000 millones de soles el año pasado, impulsada por altos precios del oro y el cobre.
El factor cobre y la competencia global
La presión sobre Perú ocurre en un momento de mayor demanda estructural por cobre, impulsada por electrificación, redes eléctricas, centros de datos, energías renovables y electromovilidad. En ese escenario, la capacidad de transformar proyectos en producción efectiva se ha convertido en una ventaja competitiva.
Perú ya perdió el segundo lugar mundial en producción de cobre frente a la República Democrática del Congo. De acuerdo con Reuters, Congo produjo cerca de 2,84 millones de toneladas de cobre en 2023, frente a 2,76 millones de toneladas de Perú, mientras Chile se mantuvo como principal productor global.
El dato refleja un cambio relevante: Perú conserva una base geológica de primer orden, pero su problema principal no está en el recurso, sino en la velocidad para desarrollar proyectos y sostener operaciones sin interrupciones.
Permisos, rotación política y minería informal
Uno de los puntos críticos para la industria es la tramitación de permisos. Ejecutivos mineros han advertido que la inestabilidad política y la rotación de autoridades dificultan sostener criterios técnicos en el tiempo. En minería, donde los proyectos se diseñan a 20 o 30 años, esa incertidumbre afecta tanto decisiones de inversión como cronogramas de construcción.
A ese cuadro se suma la minería informal. El Congreso peruano aprobó una nueva extensión del programa REINFO hasta fines de 2026, según informó Reuters, mecanismo que entrega permisos temporales a pequeños mineros en proceso de formalización. La medida ha sido cuestionada por la industria formal porque, según fuentes policiales y sectoriales citadas en el reporte, también habría facilitado el avance de operaciones ilegales.
El problema no es menor. El mismo informe indica que Perú exportó US$15.500 millones en oro en 2024 y que cerca de 40% tendría origen ilegal, según datos sectoriales y del regulador financiero local. Para la minería formal, la expansión de operaciones informales dentro o cerca de concesiones agrega riesgos de seguridad, conflictividad, pérdida de control territorial y retrasos en nuevos desarrollos.
Datos clave
País: Perú.
Elección: segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026.
Candidatos: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Cartera minera 2025: US$64.071 millones.
Número de proyectos: 67.
Regiones con mayor peso: Cajamarca, Apurímac y Arequipa.
Foco principal: cobre, oro, plata, zinc y hierro.
Riesgos observados: permisos, estabilidad regulatoria, tributación, regalías, conflictividad social y minería informal.
Qué observará la industria
El resultado electoral será relevante, pero no resolverá por sí solo los cuellos de botella del sector. La industria observará la conformación del gabinete, la señal que reciba el Minem, la continuidad técnica de los permisos, la política frente al REINFO y la capacidad del próximo gobierno para ejecutar inversión pública en zonas mineras.
La pregunta central para Perú no es si tiene recursos minerales suficientes, sino si puede convertir su cartera de proyectos en producción real antes de que el capital global se mueva hacia jurisdicciones con permisos más predecibles, menor conflictividad y reglas más estables.
