El Gobierno de Perú ha dado luz verde nuevamente al proyecto minero Tía María, perteneciente a Southern Copper, con una inversión planificada de 1.800 millones de dólares. La reautorización se produce tras una revisión de los requisitos regulatorios y ocurre en un contexto de inestabilidad política debido a las elecciones presidenciales en marcha.
Permiso revalidado para Tía María
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó que el proyecto Tía María, ubicado en la región de Arequipa, ha cumplido con las normativas ambientales, de propiedad y de seguridad necesarias para continuar. Inicialmente, las autoridades habían señalado deficiencias técnicas en el diseño de vertederos y planificación del proyecto, pero ahora los obstáculos regulatorios han sido superados. Esta aprobación permite que las operaciones de la mina a cielo abierto La Tapada inicien su primera fase.
Southern Copper, filial del Grupo México, espera que la producción de Tía María comience entre finales de este año y principios de 2027, con una capacidad estimada de 120.000 toneladas de cobre anuales durante 20 años de vida útil. La empresa, que también opera las minas Toquepala y Cuajone, además de la refinería de Ilo, es una de las principales referencias del sector global gracias a su significativa capitalización bursátil, valorada en 160.000 millones de dólares.
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El cobre representa entre el 25% y 30% de las exportaciones totales del Perú, lo que subraya su relevancia económica.
Southern Copper ha incrementado un 37% su rendimiento este año, destacándose en los rankings del sector minero.
Contexto político desafiante
La reautorización del proyecto ocurre en un contexto político marcado por una segunda vuelta electoral, tras unas votaciones inconclusas realizadas en abril. Las autoridades anticipan que los resultados definitivos podrían tardar hasta mediados de mayo debido a disputas en el conteo de votos.
Keiko Fujimori, aspirante de derecha e hija del expresidente Alberto Fujimori, lidera las preferencias con cerca del 17% de los votos emitidos en la primera vuelta. Sin embargo, tendrá que enfrentarse a un rival en el balotaje programado para junio, ya sea el conservador Rafael López Aliaga o el izquierdista Roberto Sánchez. Ambos contrincantes tienen enfoques muy distintos respecto al sector minero: mientras López Aliaga ha enfatizado su intención de revertir concesiones inactivas al Estado, Sánchez propone una “minería social” que priorice estándares ambientales y una mayor participación de las comunidades locales.
Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, enfrenta la suspensión de 7.000 millones de dólares en proyectos debido a la minería ilegal.
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Este panorama ilustra cómo la minería en Perú sigue siendo un eje central tanto para la economía como para los debates políticos, en un momento donde los recursos naturales son estratégicos a nivel global.
