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Reforma previsional: Superintendencia aclara que AFP seguirán administrando parte clave del SIS pese a traspaso al Seguro Social

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) volvió a tensionar el debate previsional luego que el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, interviniera ante el Senado para aclarar qué implica realmente el denominado “pleno traspaso” del sistema al nuevo Seguro Social creado por la reforma previsional. La discusión enfrenta actualmente posiciones contrapuestas entre las AFP, el gobierno […]

Reforma previsional: Superintendencia aclara que AFP seguirán administrando parte clave del SIS pese a traspaso al Seguro Social

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) volvió a tensionar el debate previsional luego que el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, interviniera ante el Senado para aclarar qué implica realmente el denominado “pleno traspaso” del sistema al nuevo Seguro Social creado por la reforma previsional. La discusión enfrenta actualmente posiciones contrapuestas entre las AFP, el gobierno y el Fondo Autónomo de Protección Previsional respecto del alcance operativo que tendrá el traspaso del SIS desde las administradoras privadas hacia el nuevo esquema estatal. El regulador sostuvo que la ley efectivamente transfiere ciertas funciones estratégicas al FAPP, pero confirmó que aspectos esenciales como la calificación de invalidez, cálculo y pago de prestaciones seguirán radicados en las AFP, despejando parcialmente una de las controversias más sensibles surgidas tras la aprobación de la reforma previsional.

Debate se centra en el verdadero alcance del “pleno traspaso” del SIS

La reforma previsional publicada en marzo de 2025 estableció que el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia pasaría gradualmente al nuevo Seguro Social administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional.

Actualmente, el SIS es financiado mediante una cotización de cargo del empleador que fluctúa entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible y que hoy se ubica en 1,62%.

Desde agosto de este año, esa cotización comenzará a integrarse al nuevo esquema administrado por el FAPP y recaudado por el Instituto de Previsión Social, organismo que gestionará parte importante del Seguro Social.

Sin embargo, la ley dejó pendiente un proyecto complementario destinado a regular los ajustes operativos necesarios para concretar el denominado “pleno traspaso” del SIS. Ese proyecto ingresó al Congreso en junio de 2025, pero aún permanece en primer trámite constitucional en el Senado.

La controversia se intensificó luego que distintas autoridades comenzaran a interpretar de manera distinta qué funciones efectivamente serán transferidas desde las AFP hacia el nuevo esquema estatal.

Superintendencia confirma que AFP mantendrán funciones clave

Durante su exposición ante la Comisión de Trabajo del Senado, Joaquín Cortez aclaró que el proyecto sí traspasa al FAPP responsabilidades vinculadas a licitación del SIS y pago de primas a aseguradoras.

No obstante, fue enfático al señalar que el proyecto “no establece el traspaso del proceso de calificación de invalidez”, argumentando que dichas funciones permanecen estrechamente ligadas a las operaciones generales que hoy realizan las AFP.

El regulador explicó que una parte importante de los pensionados por invalidez y sobrevivencia no se encuentra cubierta por el SIS, por lo que separar completamente esas funciones operativas resultaría complejo.

Según datos expuestos por la Superintendencia, durante 2024 cerca del 46% de los pensionados por invalidez y el 58% de los pensionados de sobrevivencia no estaban cubiertos por el seguro.

Por ello, Cortez sostuvo que la ley mantuvo bajo responsabilidad de las AFP el cálculo y pago de prestaciones de invalidez y sobrevivencia, independientemente de si los afiliados están cubiertos o no por el SIS.

También aclaró que la relación operativa de los afiliados durante el proceso de solicitud de pensión no sufrirá modificaciones relevantes bajo el nuevo esquema.

AFP y gobierno mantienen diferencias sobre rol futuro del sistema

La interpretación del regulador aparece en medio de fuertes discrepancias entre la industria previsional y el gobierno respecto de cómo debe implementarse el nuevo modelo.

El presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional, Enrique Marshall, sostuvo ante senadores que el organismo solo asumirá funciones relacionadas con licitación, pago de primas y monitoreo financiero del seguro.

En la misma línea, la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, defendió que las comisiones médicas y parte importante de la gestión operativa permanezcan bajo administración de las AFP debido a la complejidad técnica del sistema.

Las AFP, en cambio, han insistido en que el “pleno traspaso” prometido por la reforma debería implicar también trasladar la administración operativa y las comisiones médicas hacia el IPS o hacia organismos públicos asociados al Seguro Social.

El nuevo presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, afirmó ante la Comisión de Hacienda que el proyecto actual no concreta realmente el traspaso completo comprometido durante la discusión de la reforma previsional.

Superintendencia aclara además manejo de reservas y siniestros futuros

Otro de los puntos abordados por Joaquín Cortez fue el tratamiento de las reservas técnicas asociadas a siniestros cubiertos por contratos anteriores del SIS.

El regulador explicó que las AFP mantendrán responsabilidad sobre siniestros ocurridos antes del 1 de agosto de 2027, dado que corresponden a contratos licitados y adjudicados bajo el esquema vigente.

Las denominadas “reservas especiales” —destinadas a cubrir siniestros en proceso o no reportados oportunamente— serán eventualmente transferidas al FAPP luego de transcurridos seis años desde el término del último período de cobertura.

A partir de entonces, el FAPP asumirá responsabilidad sobre siniestros futuros no reportados, siempre que no hubiesen sido conocidos previamente por las AFP.

Las definiciones entregadas por la Superintendencia buscan ahora dar mayor claridad regulatoria a uno de los componentes más complejos de la implementación de la reforma previsional, en momentos donde el Congreso aún debate los detalles operativos y administrativos del nuevo Seguro Social chileno.

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