Senace proyecta viabilizar durante 2026 más de US$ 20.000 millones en inversiones en Perú, consolidándose como uno de los organismos clave para el avance de grandes proyectos mineros en el país. Más del 70% de esa cartera corresponde a iniciativas del sector minero, en un contexto donde el gobierno peruano intenta acelerar permisos ambientales y reducir los tiempos de tramitación para recuperar competitividad frente a otros destinos de inversión en América Latina.
La presidenta del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, Silvia Cuba, aseguró que la meta para este año es agilizar la aprobación de estudios ambientales mediante nuevas metodologías de coordinación temprana, herramientas digitales e inteligencia artificial. El anuncio se realizó durante el reciente Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), instancia donde la autoridad detalló que actualmente existen 102 expedientes ambientales mineros en evaluación, incluyendo proyectos estratégicos como Coroccohuayco y La Granja.
El avance de estas iniciativas resulta especialmente relevante considerando el renovado ciclo de inversiones que enfrenta la minería latinoamericana, impulsado por la creciente demanda de cobre y minerales críticos ligados a la transición energética global. Perú busca posicionarse nuevamente como uno de los principales polos de inversión minera de la región, en momentos en que varios proyectos permanecen detenidos por extensos procesos regulatorios y conflictos sociales.
Coordinación anticipada busca reducir observaciones y plazos
Uno de los principales cambios implementados por Senace apunta a mejorar la calidad técnica de los expedientes antes de su ingreso formal. Según explicó Silvia Cuba, históricamente muchos estudios ambientales llegaban con deficiencias técnicas importantes, obligando a múltiples rondas de observaciones que extendían significativamente los tiempos de evaluación.
La autoridad indicó que algunos estudios llegaron a requerir hasta 17 procesos de información complementaria antes de ser aprobados, generando revisiones reiteradas que podían extender la tramitación por más de dos años. Frente a ese escenario, Senace comenzó a fortalecer el acompañamiento técnico previo junto a empresas mineras y consultoras ambientales, buscando detectar anticipadamente vacíos o inconsistencias en los expedientes.
El nuevo esquema ya estaría mostrando resultados concretos. Según detalló la entidad, algunos proyectos ingresan actualmente con apenas dos o tres observaciones técnicas, muy por debajo de las 60 o 70 observaciones que anteriormente eran habituales en grandes estudios ambientales.
Este modelo apunta a entregar mayor predictibilidad regulatoria para las inversiones, uno de los factores más observados por compañías mineras internacionales al momento de definir nuevos desarrollos en Sudamérica. La aceleración de permisos se ha convertido en un elemento estratégico para países productores de cobre y minerales críticos que compiten por atraer capital en medio del auge de la electromovilidad y la transición energética.
Inteligencia artificial y digitalización toman protagonismo
Senace también está incorporando inteligencia artificial y plataformas digitales para optimizar tanto la elaboración como la revisión de estudios ambientales. Entre las herramientas implementadas destaca el uso compartido de líneas base ambientales provenientes de estudios previamente aprobados, mecanismo que permite reutilizar información validada y reducir el tiempo necesario para recopilar datos en terreno.
La entidad considera que este enfoque podría disminuir significativamente los plazos de preparación de expedientes ambientales, especialmente en zonas donde ya existe abundante información técnica y ambiental levantada por proyectos anteriores.
Como ejemplo de eficiencia, Silvia Cuba mencionó el caso de la minera Cerro Verde, cuyo estudio ambiental fue aprobado en un plazo de 11 meses. Según explicó, el proceso incluso pudo haberse completado en nueve meses si no hubieran existido retrasos asociados a una entidad opinante involucrada en la evaluación.
Pese al foco en acelerar inversiones, Senace aseguró que mantendrá los estándares técnicos y la seguridad jurídica en las decisiones ambientales. La entidad remarcó además que la legitimidad social continúa siendo un componente clave dentro de la evaluación de grandes proyectos extractivos, especialmente en un contexto regional donde la conflictividad socioambiental sigue siendo uno de los principales riesgos para la minería.
