La iniciativa fue respaldada por 37 votos a favor y una abstención, ampliando las facultades de la PDI para ejecutar órdenes de expulsión y reduciendo los plazos administrativos. La nueva normativa busca fortalecer el control migratorio, especialmente en las regiones del norte del país.
El Senado de Chile aprobó este martes 20 de octubre de 2026 el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería para agilizar las expulsiones administrativas, tras respaldar por 37 votos a favor y una abstención el informe elaborado por una comisión mixta. La iniciativa quedó despachada por el Congreso y establece nuevas atribuciones para la Policía de Investigaciones (PDI), procedimientos más rápidos para ejecutar órdenes de expulsión y un aumento de tres a cinco años en el período mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional.
La propuesta había recibido previamente el respaldo de la Cámara de Diputadas y Diputados, que el lunes 19 de octubre aprobó el informe de la comisión mixta con 128 votos favorables, 11 en contra y ninguna abstención.
El proyecto, identificado con el boletín 16.836-06, fue presentado en mayo de 2024 durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y posteriormente incorporado a la agenda de seguridad de la administración del Presidente José Antonio Kast.
Su aprobación representa el término de la tramitación parlamentaria, aunque todavía deben completarse los procedimientos correspondientes antes de su promulgación y entrada en vigencia.
PDI podrá ingresar a domicilios con autorización judicial
Uno de los cambios más relevantes corresponde a las facultades de la Policía de Investigaciones para localizar y detener a extranjeros que mantengan órdenes de expulsión administrativa firmes y ejecutoriadas.
La normativa establece que la PDI podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un inmueble donde se encuentre una persona requerida.
El juez dispondrá de un plazo de 24 horas para resolver la solicitud, incorporando un mecanismo destinado a acelerar las actuaciones policiales.
La autorización tendrá una finalidad específica: permitir la aprehensión de la persona sobre la cual existe una orden de expulsión definitiva.
Esta disposición modifica las herramientas disponibles para ejecutar resoluciones administrativas que, hasta ahora, podían enfrentar dificultades cuando las personas requeridas permanecían en domicilios particulares.
Durante la tramitación legislativa se introdujeron modificaciones para asegurar que el ingreso policial estuviera sujeto a control judicial previo.
El procedimiento también contempla coordinación con el Ministerio Público cuando existan investigaciones penales que puedan verse afectadas por la ejecución de una expulsión.
Con ello se busca compatibilizar las facultades administrativas del Estado con las garantías judiciales y los derechos de las personas involucradas.
Prohibición de regresar a Chile aumenta de tres a cinco años
Otra modificación relevante consiste en ampliar el plazo mínimo de prohibición de reingreso al país para extranjeros que hayan sido expulsados administrativamente.
El período establecido pasa de tres a cinco años, reforzando las restricciones migratorias aplicables a quienes sean objeto de estas medidas.
La nueva regulación busca evitar que personas expulsadas puedan regresar legalmente al territorio nacional antes de cumplir el período establecido.
Esta disposición se suma a cambios destinados a simplificar las notificaciones administrativas y reducir los plazos disponibles para presentar reclamaciones contra determinadas resoluciones.
El objetivo es acortar los tiempos entre la dictación de una orden de expulsión y su ejecución efectiva.
Sin embargo, el establecimiento de procedimientos más rápidos no elimina la necesidad de cumplir las garantías legales ni los mecanismos de revisión judicial contemplados en la legislación.
La aplicación de estas medidas dependerá de la actuación coordinada de los organismos responsables del control migratorio y de las resoluciones de los tribunales cuando corresponda.
Migraciones podrá solicitar información para ubicar a personas requeridas
El proyecto también incorpora nuevas herramientas para localizar a extranjeros involucrados en procedimientos administrativos de expulsión.
El Servicio Nacional de Migraciones podrá requerir determinados antecedentes a personas naturales, empresas y funcionarios públicos, con el propósito de identificar domicilios y facilitar las notificaciones.
Entre los datos considerados se encuentran el nombre completo, la dirección y el correo electrónico.
La disposición busca resolver dificultades relacionadas con personas que cambian de residencia o no pueden ser ubicadas mediante los mecanismos tradicionales de notificación.
Durante la discusión parlamentaria se establecieron límites para evitar que estas facultades afectaran el acceso a servicios esenciales.
La normativa excluye la solicitud de información a establecimientos de salud y educación escolar, además de resguardar antecedentes relacionados con niños, niñas y adolescentes.
Estas restricciones responden a la necesidad de mantener una separación entre las funciones de control migratorio y el acceso a derechos y servicios básicos.
Expulsión inmediata en determinados procesos penales
La reforma incorpora un procedimiento especial para extranjeros en situación migratoria irregular que enfrenten determinados procesos penales.
La medida podrá aplicarse a personas formalizadas, acusadas o requeridas por simples delitos cuyas penas no excedan los tres años de privación de libertad, siempre que no registren condenas previas y se cumplan las condiciones legales.
En estos casos, se contempla la posibilidad de ejecutar una expulsión inmediata, con autorización judicial.
El procedimiento penal podrá quedar suspendido durante tres años, sujeto al cumplimiento de las disposiciones correspondientes.
La norma también establece mecanismos de coordinación con el Ministerio Público para evitar que una expulsión interfiera con investigaciones penales relevantes.
Asimismo, se considera la protección de los derechos de las víctimas.
La aplicación de esta herramienta no es automática ni comprende todos los delitos. Su utilización estará condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos y a la intervención del tribunal competente.
Más de 23 mil órdenes de expulsión se dictaron durante 2025
Uno de los antecedentes centrales del debate legislativo fue la diferencia entre la cantidad de órdenes de expulsión dictadas y aquellas que efectivamente se concretan.
Durante 2025, en Chile se emitieron más de 23.000 órdenes de expulsión, mientras que las expulsiones materializadas durante ese año, considerando procedimientos administrativos y judiciales, superaron ligeramente las 1.200.
Estas cifras fueron expuestas durante el debate parlamentario por la senadora Danisa Astudillo, representante de la Región de Tarapacá y presidenta de la comisión mixta.
La diferencia evidencia las dificultades operacionales que enfrenta el Estado para ejecutar este tipo de resoluciones.
No obstante, ambas cifras corresponden a categorías distintas: las órdenes dictadas durante un año no necesariamente deben ejecutarse dentro del mismo período, y las expulsiones materializadas pueden incluir resoluciones anteriores.
Por ello, su comparación permite observar la magnitud del desafío administrativo, pero no constituye por sí sola una tasa exacta de cumplimiento.
El problema involucra disponibilidad policial, identificación de personas, coordinación internacional, transporte y cooperación con los países de destino.
Regiones del norte concentran el debate sobre control migratorio
La discusión legislativa otorgó especial importancia a la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Estos territorios cumplen un papel estratégico por su ubicación fronteriza y por la presencia de actividades económicas vinculadas al comercio, transporte, logística y minería.
En Tarapacá, el debate sobre migración irregular ha estado vinculado a la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y a las dificultades para ejecutar medidas administrativas.
La aprobación del proyecto busca fortalecer las herramientas disponibles para enfrentar procedimientos migratorios pendientes, aunque sus resultados dependerán de la implementación efectiva de las nuevas facultades.
Para las regiones mineras del norte, la coordinación entre organismos públicos resulta especialmente relevante por la extensa geografía, la presencia de pasos fronterizos y la circulación permanente de personas y mercancías.
Sin embargo, es importante distinguir entre migración irregular y participación en actividades delictivas, ya que la condición migratoria de una persona no constituye por sí misma evidencia de comisión de delitos.
La normativa aprobada se concentra en mejorar los procedimientos legales de expulsión y las capacidades del Estado para materializar decisiones administrativas.
Recursos policiales y coordinación internacional serán claves
La ejecución de la nueva legislación requerirá capacidad operativa de diferentes instituciones.
La Policía de Investigaciones tendrá un papel central en la localización, detención y traslado de personas con órdenes de expulsión vigentes.
El Servicio Nacional de Migraciones deberá fortalecer sus procedimientos de identificación, notificación y seguimiento administrativo.
Por su parte, los tribunales de justicia asumirán funciones específicas relacionadas con la autorización de ingresos a domicilios y la revisión de determinadas actuaciones.
A estas responsabilidades se suma la coordinación con autoridades extranjeras para gestionar documentación, recepción y traslado de personas expulsadas.
Durante la discusión parlamentaria también se planteó la necesidad de disponer de recursos suficientes en el Presupuesto 2027 para permitir la aplicación de las nuevas disposiciones.
Sin financiamiento, personal especializado y mecanismos de cooperación internacional, las modificaciones legales podrían enfrentar dificultades para generar resultados operacionales.
Próximos pasos para la entrada en vigencia
Con la aprobación del informe de la comisión mixta por ambas cámaras, el proyecto completó su tramitación en el Congreso Nacional.
La iniciativa deberá cumplir los procedimientos constitucionales correspondientes antes de su promulgación y publicación como ley.
Una vez vigente, las instituciones responsables tendrán que aplicar las nuevas disposiciones relacionadas con autorizaciones judiciales, notificaciones, plazos administrativos y prohibiciones de reingreso.
La implementación permitirá evaluar si las modificaciones reducen los tiempos de ejecución de las órdenes de expulsión y mejoran la coordinación entre los organismos públicos.
También será relevante observar la evolución de los recursos presupuestarios, la capacidad de respuesta policial y los mecanismos de resguardo de derechos contemplados en la legislación.
La reforma introduce cambios concretos en la forma en que Chile podrá ejecutar las expulsiones administrativas, pero su efectividad dependerá de la capacidad institucional para transformar las nuevas atribuciones legales en procedimientos que se cumplan.
En las regiones del norte, donde el control fronterizo y la gestión migratoria han concentrado parte importante del debate público, la aplicación de estas disposiciones será uno de los principales aspectos a observar durante los próximos meses.
REDIMIN Responde
¿Cuántos votos a favor recibió el proyecto de ley en el Senado de Chile?
El proyecto de ley recibió 37 votos a favor y una abstención en el Senado de Chile.
¿Qué cambios introduce la nueva normativa en las facultades de la PDI?
La nueva normativa amplía las facultades de la PDI para ejecutar órdenes de expulsión, permitiéndoles solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios donde se encuentren personas con órdenes de expulsión firmes y ejecutoriadas.
¿Cuál es el nuevo período mínimo de prohibición de reingreso al país para extranjeros expulsados?
El nuevo período mínimo de prohibición de reingreso al país para extranjeros expulsados administrativamente se amplía de tres a cinco años.
¿Qué herramientas podrá utilizar el Servicio Nacional de Migraciones para localizar a extranjeros requeridos?
El Servicio Nacional de Migraciones podrá requerir información a personas naturales, empresas y funcionarios públicos para identificar domicilios y facilitar notificaciones, excluyendo datos de establecimientos de salud y educación escolar.
¿Cuántas órdenes de expulsión se dictaron y cuántas se materializaron en Chile durante 2025?
Durante 2025, se dictaron más de 23.000 órdenes de expulsión en Chile, mientras que las expulsiones materializadas superaron ligeramente las 1.200.
