El Senado de Argentina aprobó el 26 de febrero una modificación a la Ley de Glaciares y del ambiente periglacial, una definición que reactivó la discusión sobre el equilibrio entre resguardo hídrico, desarrollo minero e inversión cuprífera. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, todavía debe ser revisada por la Cámara de Diputados y, por ahora, no constituye una norma vigente.
El cambio legal que reabre la discusión sobre zonas protegidas
La ley actualmente vigente en Argentina protege glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y restringe actividades que puedan afectar su condición natural, entre ellas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. En ese marco, la reforma aprobada por el Senado redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares que hasta ahora estaban restringidas. La votación en la Cámara alta fue de 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.
El proyecto quedó formalmente en revisión en Diputados, donde durante marzo se realizaron audiencias públicas para debatir la modificación. Ese dato es relevante porque el cambio legal aún no está cerrado y sigue sujeto a discusión parlamentaria. En términos políticos, la propuesta se inscribe en la estrategia del gobierno de Javier Milei de reducir restricciones que, a juicio del oficialismo y del sector privado, han frenado inversiones en minería de gran escala.
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Agua, inventario glaciar y actividad minera
La Ley de Glaciares fue promulgada en 2010 y se apoya en el Inventario Nacional de Glaciares, herramienta científica destinada a identificar y monitorear los cuerpos de hielo y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas estratégicas. De acuerdo con datos oficiales del inventario y del estado del ambiente, Argentina registra 16.968 cuerpos de hielo. Aunque ocupan una porción menor del territorio, su relevancia es alta en las cuencas andinas y en la regulación del recurso hídrico, especialmente en zonas áridas.
El punto más controvertido de la reforma pasa por quién define qué áreas deben quedar protegidas. Reuters informó que, de ser ratificada, la modificación permitiría a las provincias fijar sus propios estándares de protección sobre glaciares y ambientes periglaciares. Para organizaciones ambientalistas, ese cambio debilita el criterio uniforme que ha regido desde 2010 y abre espacio a decisiones discrecionales sobre territorios sensibles desde el punto de vista hídrico.
El cobre aparece en el centro del interés inversor
La discusión tiene una dimensión económica directa. Argentina no produce actualmente cobre, pero concentra varios proyectos de gran escala que podrían redefinir su presencia en ese mercado. Entre los casos más observados aparecen El Pachón y Agua Rica, vinculados a Glencore. En agosto de 2025, la compañía informó que planeaba invertir US$4.000 millones en Agua Rica y US$9.500 millones en El Pachón, en el marco de su estrategia para expandir producción en el país.
La reforma también coincide con una señal externa de mayor apertura sobre minerales estratégicos. El 4 de febrero de 2026, Argentina y Estados Unidos suscribieron un acuerdo sobre minerales críticos orientado a fortalecer cadenas de suministro, financiamiento y cooperación para proyectos del sector. En ese contexto, el debate legislativo sobre glaciares quedó cruzado por una presión simultánea: por un lado, el interés de acelerar inversiones; por otro, las advertencias sobre el impacto que una flexibilización podría tener sobre fuentes de agua de montaña.
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