La Contraloría General de la República concluyó que no se advierten irregularidades en la compraventa de acciones de Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. adquiridas por Codelco a ENAMI, validando una operación que había sido cuestionada por SONAMI y por el entonces senador Rafael Prohens. De acuerdo con los antecedentes conocidos esta semana, el organismo estableció que la transacción se ajustó a derecho, se realizó a valor de mercado y no causó daño patrimonial a la estatal.
La revisión abordó distintas dimensiones de la operación y, en todas ellas, concluyó en favor de su validez. Entre otros puntos, determinó que el trato directo era procedente conforme al pacto de accionistas vigente, que permitía a ENAMI vender su participación directamente a otra empresa estatal. En ese marco, estableció además que Codelco era la única entidad habilitada para concretar la compra.
Sin perjuicio patrimonial ni conflictos de interés acreditados
Uno de los ejes del cuestionamiento apuntaba a un eventual perjuicio para ENAMI. Sin embargo, Contraloría concluyó que la operación no causó daño patrimonial, al haberse efectuado a valor de mercado y mantenerse las acciones dentro del dominio del Estado. En línea con ello, ENAMI informó en sus resultados de 2024 que la venta del 10% de Quebrada Blanca a Codelco generó una ganancia de US$181 millones.
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En materia de probidad, el pronunciamiento también descartó la existencia de conflictos de interés entre las autoridades que participaron en la decisión. Según los reportes sobre el dictamen, el organismo consideró que una directora de ENAMI se inhabilitó voluntariamente de la votación y renunció a su cargo en la sociedad antes de que se adoptara la decisión.
Asimismo, rechazó que existiera obligación de publicar los procesos de adquisición, al señalar que ENAMI y Codelco se rigen por un régimen especial de acceso a la información que no contempla esa exigencia en este tipo de operaciones. También descartó que fueran necesarias evaluaciones previas de Cochilco o del Ministerio de Desarrollo Social, al tratarse de una operación financiera y no de un proyecto de inversión.
Cuestionamiento se originó en 2024
La controversia se arrastraba desde septiembre de 2024, cuando SONAMI solicitó a Contraloría revisar la legalidad de la compraventa del 10% que ENAMI mantenía en Quebrada Blanca, advirtiendo eventuales riesgos para la viabilidad futura de la empresa y cuestionando la enajenación de uno de sus activos más relevantes. En diciembre de ese año, ambas estatales informaron el cierre de la operación por un total de US$520 millones.
Con el dictamen conocido esta semana, el cuestionamiento presentado ante Contraloría queda despejado en lo relativo al control de legalidad y probidad administrativa de la operación.
