Por Manuel Farías, Director de Educación Técnica y Trayectorias Formativo Laborales, Fundación Chile.
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Chile ha dado pasos importantes en la construcción de un marco normativo para garantizar y proteger la inclusión en la educación. En los últimos años, se han aprobado leyes como la Ley de Inclusión Escolar (2016), el Sistema de Admisión Escolar (2015) y el Decreto 152 (2016), que regulan el acceso y la equidad en las aulas. También se han ratificado compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), reforzando el deber de crear espacios educativos accesibles para todos.
En paralelo, la legislación ha avanzado en la protección contra la violencia y la discriminación. La Ley de Violencia Escolar (2011) tipificó el acoso escolar como una agresión sostenida que puede ser física, psicológica o digital. Más recientemente, la Ley sobre Acoso Sexual en Educación Superior (2021) estableció protocolos para prevenir y sancionar la violencia de género en universidades e institutos. A esto se suma el proyecto de Ley sobre Acoso y Hostigamiento en la Comunidad Escolar, que, aunque aún en discusión, busca erradicar la violencia en todas sus formas dentro del sistema educativo, incluyendo el ciberacoso.
Pero más allá de la normativa, la realidad en las aulas sigue revelando brechas preocupantes. Las actitudes discriminatorias y la exclusión siguen presentes, desafiando la esencia de lo que debería ser la educación: un espacio de aprendizaje y desarrollo, no de miedo. Los casos de violencia, tanto contra estudiantes como contra docentes, nos obligan a una pregunta incómoda pero urgente: ¿estamos realmente preparados como sociedad para educar en la diversidad, fomentar la tolerancia y construir comunidades escolares donde la inclusión sea un hecho y no solo una aspiración?
Si nos enfocamos en la Educación Media Técnico Profesional (EMTP), encontramos que esta modalidad concentra a los jóvenes con mayor vulnerabilidad del sistema. Según el CILED, el 12% de los estudiantes de la EMTP tiene Necesidades Educativas Especiales (NEE), en comparación con el 7% en la Educación Científico-Humanista. Esto evidencia dónde debemos poner el foco.
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Además, el Centro de Políticas Públicas UC indica que los estudiantes con NEE tienen un 12% menos de probabilidades de acceder a la educación superior. Si realmente queremos promover trayectorias formativo laborales prósperas y equitativas, es urgente fortalecer la inclusión y la no discriminación.
Algunas instituciones han implementado programas de inclusión educativa, pero no podemos depender solo de esfuerzos individuales. No bastan las buenas intenciones o programas piloto. Chile debe avanzar hacia un marco regulatorio que haga obligatoria la capacitación en inclusión para docentes y la adaptación de espacios educativos y laborales. Esto implica formación docente especializada, redes de apoyo, ajustes curriculares y, sobre todo, incentivos reales para que las empresas no solo contraten, sino que acompañen a estos trabajadores en su desarrollo profesional.
En un momento donde se están adecuando las bases curriculares de la EMTP, la inclusión y la no discriminación deben ser prioridades. Si estos temas no se abordan desde la escuela, la construcción de trayectorias laborales prósperas será más compleja y seguiremos contribuyendo a una sociedad que, en términos de convivencia, parece estar retrocediendo.
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