El Subsidio de Agua Potable y Alcantarillado facilita la vida de familias en situación vulnerable, cubriendo hasta el 85% de su costo.
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¿Qué es el Subsidio de Agua Potable y Alcantarillado?
El Subsidio de Agua Potable y Alcantarillado es una medida de apoyo económico implementada por el Estado para ayudar a las familias más vulnerables a manejar los costos relacionados con el consumo de agua potable y los servicios de alcantarillado. Este beneficio cubre entre un 25% y un 85% del valor de la cuenta, dependiendo del nivel socioeconómico del hogar.
Beneficiarios del subsidio
Para ser elegible para este subsidio, es necesario destinar al menos el 5% de los ingresos mensuales al pago de estos servicios esenciales. El beneficio está dirigido a quienes cumplen con ciertos requisitos socioeconómicos y puede cubrir parte o el total del valor mensual consumido, hasta un máximo de 13 metros cúbicos de agua.
Proceso de solicitud
Los interesados deben presentar su solicitud en el departamento social de la municipalidad donde reside el jefe de familia. Es fundamental cumplir con todos los requerimientos y estar al corriente en los pagos con la empresa prestadora del servicio.
- Ser residente permanente del domicilio registrado en la municipalidad otorgante del subsidio.
- Tener la última boleta del consumo de agua pagada.
- No tener deudas pendientes con la empresa de servicios sanitarios o de agua potable rural.
- Ser jefe de hogar y presentar una postulación colectiva si aplica.
- Contar con Registro Social de Hogares (RSH) activo.
Además de los requisitos base, los solicitantes pueden ser propietarios, arrendatarios sin la presencia del dueño en el hogar, usufructuarios o allegados externos participando de un colectivo. Cada caso individual será evaluado por la municipalidad para determinar la elegibilidad para el subsidio.
Impacto del subsidio en la comunidad
Este subsidio no solo facilita el acceso a servicios básicos para las familias en situación de vulnerabilidad, sino que también promueve el uso responsable del agua, alentando a los beneficiarios a mantener su consumo dentro del límite subsidiado. Así, se contribuye tanto al bienestar social como a la sostenibilidad ambiental.
