La iniciativa contempla conservación, restauración y educación ambiental con identidad indígena en un ecosistema altoandino de Ollagüe. El proyecto está vinculado a las medidas de compensación ambiental de Quebrada Blanca y considera protección de biodiversidad, patrimonio cultural y recursos hídricos.
Teck y la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe dieron un nuevo paso en la implementación del proyecto de conservación del Salar de Alconcha y la Quebrada de Coasa, en la Región de Antofagasta, consolidando un modelo de gestión ambiental que busca dejar bajo protección permanente un ecosistema altoandino estrechamente vinculado al territorio ancestral quechua.
La iniciativa forma parte de la modificación de las medidas de compensación ambiental relacionadas con Quebrada Blanca, operación cuprífera ubicada en la Región de Tarapacá. Su desarrollo involucra a Teck, la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe —propietaria del terreno donde se emplaza el salar— y otras organizaciones indígenas que utilizan y mantienen vínculos culturales con el área.
El proyecto apunta a establecer un espacio destinado a la conservación, restauración y educación ambiental con identidad indígena, incorporando mecanismos de manejo territorial, protección de biodiversidad y resguardo de lugares de relevancia cultural.
Uno de los elementos centrales del acuerdo es la decisión de destinar derechos asociados al territorio a fines de conservación, reduciendo la posibilidad de usos incompatibles con el objetivo ambiental definido para el salar.
Un proyecto ligado a las compensaciones de Quebrada Blanca
El origen de la iniciativa se encuentra en la actualización de las medidas de compensación asociadas al proyecto minero Quebrada Blanca.
La compensación originalmente contemplaba acciones en Laguna Ceusis, pero las condiciones para ejecutar esas medidas llevaron a desarrollar una alternativa capaz de generar una respuesta ambiental equivalente frente a los impactos sobre biodiversidad identificados durante la evaluación del proyecto.
Después del análisis de distintas alternativas, el Salar de Alconcha fue seleccionado por sus características ecológicas, presencia de ambientes acuáticos altoandinos y valor territorial.
El proyecto adquirió además una condición particular desde el punto de vista regulatorio: mientras los impactos que dieron origen a la compensación se localizan en Tarapacá, el nuevo espacio de conservación está emplazado en la comuna de Ollagüe, Región de Antofagasta.
Se trata, por lo tanto, de una medida asociada a una operación minera cuyo manejo ambiental trasciende los límites administrativos de una sola región.
El trabajo entre Teck y la comunidad comenzó varios años antes de la actual etapa. En 2019 se iniciaron conversaciones para evaluar un área adecuada y en agosto de 2020 ambas partes alcanzaron un acuerdo inicial para avanzar en la preservación y desarrollo de un proyecto de conservación en Alconcha.
Posteriormente, la iniciativa ingresó al sistema de evaluación ambiental y fue sometida a un proceso de participación y consulta indígena.
Salar altoandino a más de 4.100 metros
El Salar de Alconcha se encuentra en la comuna de Ollagüe, cerca de la frontera con Bolivia, aproximadamente 44 kilómetros al noroeste de la localidad de Ollagüe y a unos 30 kilómetros al este del área de operaciones de Quebrada Blanca.
El humedal está situado a aproximadamente 4.123 metros sobre el nivel del mar, dentro de un entorno de puna altoandina donde los cuerpos de agua sostienen ecosistemas particularmente sensibles a modificaciones hidrológicas y climáticas.
En etapas anteriores del proyecto se había considerado la protección de alrededor de 5.800 hectáreas vinculadas al salar. La estrategia posteriormente incorporó también sectores de la Quebrada de Coasa, ampliando el enfoque territorial de la conservación.
Además del componente ecológico, el diseño incorpora el uso histórico del espacio por parte de las comunidades indígenas.
Más de 30 lugares de relevancia cultural han sido considerados dentro de la planificación de conservación, junto con actividades orientadas a mantener prácticas tradicionales compatibles con la protección ambiental.
Comunidad quechua tendrá un rol directo en la administración
Una diferencia relevante frente a esquemas convencionales de compensación minera es la participación de la comunidad indígena no solo durante la evaluación ambiental, sino también en la futura gestión del territorio.
La Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe (CIQO) es propietaria del área donde se encuentra el salar. En el proceso también han participado la Comunidad Indígena Quechua de Puquios y la Asociación Territorial Multicultural Sueño Hecho Realidad, organizaciones con presencia y utilización tradicional del territorio.
El proyecto considera una estructura de gobernanza donde la comunidad tendrá responsabilidades en conservación, vigilancia, monitoreo y manejo.
Dentro de esa estrategia se desarrolló además un programa de formación de guardaparques indígenas, destinado a entregar capacidades técnicas para administración de áreas protegidas, patrullaje, monitoreo de objetos de conservación, manejo de amenazas y educación ambiental.
Doce integrantes de la comunidad han participado en procesos de formación vinculados a estas funciones.
El esquema busca combinar herramientas técnicas de conservación con el conocimiento territorial acumulado por las comunidades quechuas, particularmente relevante en ambientes altoandinos donde la disponibilidad de agua, la biodiversidad y las actividades tradicionales se encuentran estrechamente relacionadas.
Derechos mineros y de agua quedan vinculados a la protección del salar
Uno de los aspectos más relevantes para la industria es el tratamiento de los derechos mineros y de agua relacionados con el Salar de Alconcha.
Teck ha definido que estos derechos no serán utilizados para desarrollar actividades incompatibles con la conservación, dentro de un esquema que contempla su disposición para asegurar la protección de largo plazo del territorio.
Este punto tiene especial relevancia en los salares del norte de Chile, donde convergen minería metálica, exploración, recursos hídricos, ecosistemas frágiles y territorios indígenas.
El proyecto contempla además herramientas para asegurar financiamiento de largo plazo de las actividades de administración y conservación, evitando que la protección dependa únicamente de recursos operacionales disponibles año a año.
Una señal para las futuras compensaciones mineras
Para la industria minera chilena, el proyecto Alconcha constituye un caso relevante porque vincula directamente una obligación de compensación ambiental con una estructura de gestión indígena y mecanismos destinados a asegurar permanencia territorial.
La discusión sobre biodiversidad ha adquirido mayor peso en la evaluación de proyectos, especialmente cuando nuevas operaciones o expansiones intervienen humedales, vegas, bofedales, cursos de agua o ecosistemas altoandinos.
En ese escenario, las compañías enfrentan exigencias crecientes para demostrar que las compensaciones no se limitan a sustituir superficie afectada, sino que generan beneficios ambientales adicionales, verificables y sostenibles en el tiempo.
Alconcha también muestra que la gestión de los impactos de una operación puede extenderse mucho más allá del área industrial inmediata de una faena.
En el caso de Quebrada Blanca, la compensación conecta una de las principales operaciones cupríferas del norte del país con un territorio situado en otra región y bajo propiedad indígena, incorporando biodiversidad, agua, patrimonio cultural y gobernanza comunitaria dentro de una misma estrategia.
La etapa que comienza ahora será observada por la industria por su capacidad de transformar compromisos ambientales aprobados durante la evaluación en protección efectiva, monitoreo permanente y administración territorial de largo plazo.
