Una serie de manifestaciones, que han incluido bloqueos a la ruta 5 en el sector de Pozo Almonte y la quema de maquinarias, se registraron desde el lunes en la región de Tarapacá. De hecho, este miércoles una protesta llegó hasta el frontis de la Delegación Presidencial regional. Los protagonistas son trabajadores de la empresa Cosayach (Compañía de Salitre y Yodo), de propiedad del grupo Errázuriz. La molestia de los cerca de mil empleados se desató a raíz de un informe técnico que recomendó rechazar el tercer intento de la firma por dar continuidad al proyecto minero Negreiros, ubicado en Huara, donde la planta del mismo nombre produce yodo a partir de la extracción de salmuera.
Según se lee en el ICE, el proyecto “presenta incompatibilidad territorial, en relación con los usos de suelo establecidos para la zona” establecido por el Plan Regulador Intercomunal costero, específicamente en relación al interés turístico y arqueológico. Si bien la falta de compatibilidad con el uso de suelo fueron presentados a la compañía durante el proceso de tramitación, según consta en el expediente, el documento del SEA señala que dichas materias no lograron ser resueltas hasta el momento.
Ingresado en octubre de 2022, el proyecto es el tercer intento de la minera por incrementar la superficie de mina autorizada para la explotación, estimando la inversión necesaria para dicha iniciativa en US$1 millón. Antes lo intentó, primero en febrero de 2021, pero en ese entonces el monto de inversión declarado era muchísimo mayor: US$1.000 millones. Dicha iniciativa no prosperó, luego que el director regional del SEA en ese entonces, Andrés Alejandro Richmagui, pusiera término anticipado a la evaluación del proyecto en abril de ese año, por “falta de información esencial”. El grupo Errázuriz volvió a la carga más tarde y en enero de 2022 reingresó el proyecto, esta vez por el mismo monto de inversión actual: US$1 millón.
Sin embargo, nuevamente sufrió el término anticipado de su tramitación, de nuevo ante la consideración de la autoridad de que faltaba información esencial para evaluar los posibles impactos de las actividades, por ejemplo, en grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas indicados en el área de influencia.
En una declaración emitida este miércoles por Cosayach, la minera lamentó “la decisión de la autoridad de Gobierno que recomienda rechazar” su iniciativa, y expresó su preocupación porque “una decisión administrativa ponga en peligro el empleo de más de mil trabajadores”.
En ella, afirman que durante los siguientes meses, la faena de Negreiros “agotará la superficie de mina autorizada ambientalmente para la extracción de caliche por lo que las operaciones cesarán y personal contratado deberá ser desmovilizado”.
“La compañía hará todos los esfuerzos para proteger los puestos de trabajo comprometidos, conforme al orden jurídico que ampara a esta actividad. La empresa no escatimará recursos para que, con un sentido compromiso empresarial y flexibilidad, se obtengan las autorizaciones correspondientes”, enfatizaron.
Respecto a la fundamentación esgrimida por el SEA para recomendar el rechazo de la iniciativa, desde Cosayach afirmaron que la normativa del Plan Regulador Intercomunal “no puede anular el régimen de propiedad y el ejercicio de la actividad minera establecidos en la constitución y en la Ley Orgánica Constitucional (LOC) de concesiones mineras. “Esto tiene como consecuencia que, en adelante, la Seremi del MINVU y las municipalidades que participan de la elaboración de un plan intercomunal o metropolitano decidirán donde puede realizarse minería”, plantean.
En esa línea, remarcaron que en el marco del proyecto “existen concesiones mineras constituidas, por lo que la recomendación del SEA tiene tintes expropiatorios”.