En la antesala de una nueva jornada clave en la denominada trama bielorrusa, un episodio ocurrido durante la declaración del imputado Eduardo Lagos ante el Ministerio Público añadió un nuevo foco de tensión al proceso. La diligencia, realizada a comienzos de enero en dependencias policiales, terminó abruptamente, sin acta firmada y con una denuncia formal del imputado contra el fiscal a cargo, acusando vulneraciones graves a sus derechos fundamentales.
Este miércoles 14 de enero está prevista la formalización de nuevos imputados —entre ellos conservadores de bienes raíces y un empresario del rubro cambiario—, junto con la revisión de las medidas cautelares que pesan sobre Lagos y otros investigados. Sin embargo, los hechos ocurridos durante su intento de declaración han reconfigurado el escenario judicial.
Una diligencia marcada por la controversia
Según consta en el expediente, Lagos fue trasladado el martes 6 de enero a dependencias del OS7 de Carabineros, en Providencia, para prestar declaración ante el fiscal Marcos Muñoz. La diligencia se extendió por dos jornadas. De acuerdo con su versión, durante más de diez horas continuas permaneció esposado y engrillado de ambos pies, situación que —afirma— le provocó lesiones físicas y un alto nivel de estrés, afectando el desarrollo normal del interrogatorio.
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Pese a que se le habría indicado que dichas condiciones serían revisadas al día siguiente, el imputado sostiene que estas se mantuvieron inalterables. El punto de quiebre se produjo, según su relato, cuando el persecutor lo habría instado a atribuir responsabilidades penales a coimputados. Frente a ello, Lagos decidió poner término anticipado a la diligencia, negándose a continuar respondiendo preguntas y rechazando firmar el acta, lo que impidió su incorporación formal a la carpeta investigativa.
Recurso de amparo y denuncia al fiscal
La controversia escaló el domingo 11 de enero, cuando Lagos presentó personalmente un recurso de amparo ante el Juzgado de Garantía de Santiago. En el escrito, denunció apremios ilegítimos y tratos crueles, inhumanos o degradantes, solicitando que se investigue la actuación del fiscal y que se oficie al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que tome conocimiento de los hechos y verifique su situación.
Asimismo, pidió que un representante del tribunal se constituya en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber para evaluar su estado de salud física y psíquica, reforzando la tesis de una vulneración sistemática de sus derechos durante la diligencia.
Renuncias en cadena en la defensa
El episodio tuvo un impacto directo en su representación legal. Lagos inicialmente contaba con la asesoría de los abogados Cristián Cáceres y José Luis Andrés. El primero renunció en diciembre, decisión que fue formalmente acogida por el tribunal. Tras los incidentes de enero, Andrés también presentó su renuncia, señalando que su representado estaba informado tanto de la decisión como del estado de la causa.
En lo inmediato, el tribunal designó a un defensor penal público para asegurar su representación, mientras el entorno de Lagos evalúa la contratación de un nuevo abogado privado.
Otros movimientos en la causa
En paralelo, otro de los imputados, Mario Vargas, desistió de la audiencia de declaración judicial que había solicitado previamente y pidió comparecer por videoconferencia, argumentando falta de acceso completo a la carpeta investigativa y el carácter desgastante de los traslados desde el recinto penitenciario.
Así, en un proceso ya complejo, la fallida declaración de Eduardo Lagos introduce un nuevo elemento de controversia institucional, con acusaciones cruzadas y un debate abierto sobre los límites de las diligencias investigativas y el resguardo efectivo de los derechos de los imputados.