La medida fue planteada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y aún no está vigente. El Gobierno chileno afirma que trabaja para revertir la recomendación antes de que avance el proceso.
La administración de Donald Trump abrió un nuevo frente comercial para Chile. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos propuso aplicar un arancel adicional de 12,5% a productos provenientes de Chile, dentro de una investigación contra 60 economías por supuestas fallas para impedir el comercio de bienes elaborados con trabajo forzoso.
La propuesta fue emitida bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que Washington utiliza para responder a prácticas extranjeras que considera irrazonables, discriminatorias o restrictivas para su comercio. En este caso, la USTR sostiene que varios países no han impuesto o no aplican eficazmente prohibiciones a la importación de bienes asociados a trabajo forzoso.
Qué propone Estados Unidos
La medida distingue dos grupos de países. Para algunas economías, la USTR plantea un arancel adicional de 10%. Para otro grupo, donde queda incluido Chile, la tasa propuesta sube a 12,5%.
Según reportó Reuters, la propuesta alcanza a 60 socios comerciales y contempla excepciones para ciertos productos, entre ellos bienes ya sujetos a aranceles de seguridad nacional, como autos, acero, aluminio y productos de cobre, además de una extensa lista de exclusiones específicas.
El punto clave para Chile es que no se trata todavía de un arancel vigente, sino de una recomendación sometida a consulta pública. Aun así, abre incertidumbre para exportadores, gremios y empresas con operaciones hacia Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales del país.
Por qué Chile quedó incluido
La USTR acusa a Chile de no contar con mecanismos suficientes para prohibir y fiscalizar de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. Esa evaluación llevó a Washington a incluir al país dentro del tramo más alto de la propuesta arancelaria.
La ofensiva estadounidense no apunta únicamente a Chile. También incluye a economías como China, India, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelandia y otros socios relevantes. La medida se enmarca en la estrategia comercial de Trump para reinstalar presión arancelaria global, luego de reveses judiciales a parte de su esquema anterior de tarifas.
Qué dijo el Gobierno chileno
Desde el Ejecutivo chileno buscaron bajar el tono, pero reconocieron que el tema está siendo abordado con Washington. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que “es una recomendación, no es una medida” y señaló que el Gobierno está trabajando para revertirla, según informó T13.
Cancillería también remarcó que la propuesta se encuentra en etapa de consulta pública y análisis. El punto político de fondo es que Chile mantiene un Tratado de Libre Comercio vigente con Estados Unidos desde 2004, por lo que una medida de este tipo tensiona una relación comercial que históricamente ha sido estable.
Fechas que vienen en el proceso
La USTR abrió un período formal para recibir comentarios antes de adoptar una decisión definitiva. Las fechas relevantes son:
22 de junio de 2026: plazo para solicitar participación en audiencias públicas.
6 de julio de 2026: cierre para presentar comentarios escritos.
7 de julio de 2026: audiencia pública en Washington.
Después de esa etapa, Estados Unidos deberá definir si mantiene la propuesta, la modifica, introduce exclusiones adicionales o decide no aplicar la medida.
Cómo puede afectar a Chile
Si el arancel se materializa, el impacto dependerá de los productos finalmente incluidos y de las excepciones que defina Washington. En términos prácticos, un gravamen adicional encarece el ingreso de bienes chilenos al mercado estadounidense y puede reducir competitividad frente a otros proveedores.
Para las empresas exportadoras, el foco estará en trazabilidad, certificaciones laborales y controles de cadena de suministro. La discusión ya no se limita a precios o acceso preferente por tratados comerciales: los estándares laborales y la capacidad de demostrar cumplimiento pasan a ser parte del costo de vender en mercados desarrollados.
Qué deben mirar exportadores y autoridades
El riesgo inmediato no es un alza automática de tarifas, sino la incertidumbre regulatoria. Empresas con ventas a Estados Unidos deben revisar si sus productos quedan dentro de eventuales exclusiones, qué documentación laboral y de trazabilidad pueden acreditar, y cómo responder durante el proceso de consulta.
Para Chile, el caso instala una señal incómoda: incluso con tratado comercial vigente, el acceso al mercado estadounidense puede verse condicionado por criterios laborales, geopolíticos y de fiscalización internacional. La negociación de las próximas semanas será decisiva para evitar que una recomendación se convierta en un nuevo costo para las exportaciones chilenas.
