RANCAGUA. La investigación por el asalto a la sucursal de Brinks en Rancagua —perpetrado el 16 de agosto de 2024 y asociado a un botín estimado entre más de $11 mil millones y cerca de $12 mil millones— sumó un giro de alto impacto con la detención de una funcionaria activa de Carabineros, identificada como la sargento 1° Claudia Bustamante (47), a quien se atribuye un rol central en la organización vinculada al atraco.
La captura, informada este 22 de enero, eleva el alcance de una causa marcada por la sospecha de apoyo interno: según los antecedentes divulgados, Bustamante habría liderado a un grupo de exuniformados ligados a la banda, en un caso que ya acumula decenas de imputados y mantiene parte relevante del dinero aún sin paradero conocido.
En ese marco, “la detención de la sargento 1° Claudia Bustamante por su presunta participación en el asalto a Brinks en Rancagua amplía la investigación y reactiva la conexión con el frustrado robo a Prosegur”.
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Señales de infiltración y coordinación interna
El caso Brinks se consolidó desde un inicio como una pesquisa compleja, por el despliegue logístico del asalto y por la tesis del Ministerio Público sobre acciones destinadas a retrasar respuestas operativas y aportar información desde dentro de instituciones de seguridad, un elemento que la detención de la sargento vuelve a poner bajo escrutinio público.
El vínculo con el túnel hacia Prosegur
La Fiscalía también ha situado a Bustamante en la órbita de la frustrada operación contra Prosegur, descubierta en febrero de 2024 cuando la PDI detectó un túnel de alrededor de 15 metros que buscaba llegar a bóvedas con montos estimados en $24 mil millones, arista que —según reportes— comparte conexiones investigativas con el caso Brinks.
Reacción institucional y audiencia clave
Carabineros confirmó la desvinculación de la funcionaria, invocando faltas graves a la ética profesional, mientras que desde el gobierno se destacó que los elementos de la detención serían expuestos en el control respectivo, reforzando que la causa avanza con coordinación entre el Ministerio Público y unidades internas.
Un caso que ya había salpicado a ambas policías
La dimensión institucional no es nueva: anteriormente se informó la formalización de funcionarios de la PDI por omisión de denuncia y obstrucción a la investigación en el marco del mismo caso, antecedente que subraya el peso sistémico de una indagatoria donde el hilo conductor sigue siendo la posible captura de capacidades estatales por redes criminales.
