La medida no está vigente, pero abre un frente sensible para Chile: Estados Unidos incluyó al país en una investigación comercial por importación de bienes asociados a trabajo forzoso.
Estados Unidos propuso aplicar un arancel adicional de 12,5% a productos provenientes de Chile, como parte de una ofensiva comercial contra 60 economías acusadas de no imponer o fiscalizar de forma efectiva la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. La medida fue informada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y se tramita bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La decisión todavía no implica una aplicación inmediata del gravamen. La USTR abrió una etapa de comentarios públicos hasta el 6 de julio de 2026 y fijó audiencias para el 7 de julio, por lo que el resultado final dependerá del proceso administrativo y de las gestiones diplomáticas y comerciales que se desarrollen en las próximas semanas.
Qué propone Estados Unidos
La USTR planteó dos niveles de arancel adicional: 10% para economías que ya tienen algún régimen, compromiso o avance parcial contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, y 12,5% para el resto de los países investigados. Chile aparece dentro del grupo al que se propone aplicar la tasa más alta.
Según el documento estadounidense, Chile forma parte de las 54 economías que, a juicio de Washington, no habrían logrado imponer ni hacer cumplir eficazmente una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso. En ese grupo también figuran Brasil, China, India, Japón, Corea del Sur, Perú, Reino Unido, Australia y Vietnam, entre otros.
El argumento central de Washington es que esa falta de control generaría una competencia desleal contra trabajadores y empresas estadounidenses. La USTR sostiene que la Sección 301 permite responder frente a prácticas consideradas injustificables, irrazonables o discriminatorias que restrinjan el comercio de Estados Unidos.
Por qué golpea a Chile
El riesgo para Chile no está solo en el porcentaje. El problema de fondo es que la propuesta instala un nuevo requisito regulatorio para exportar a Estados Unidos: demostrar trazabilidad, controles laborales y cumplimiento suficiente en cadenas de suministro que pueden incluir insumos importados.
Para los exportadores chilenos, el impacto dependerá de tres factores: si la medida se aprueba, qué productos quedan efectivamente cubiertos y qué excepciones incorpora el texto final. Reuters informó que la propuesta contempla numerosas exclusiones, entre ellas productos ya sujetos a aranceles de seguridad nacional, además de petróleo, tierras raras, ciertos alimentos, farmacéuticos, químicos orgánicos y partes aeronáuticas.
Eso deja un escenario todavía abierto. No todos los envíos chilenos necesariamente quedarían expuestos de la misma forma, pero la señal regulatoria es clara: Estados Unidos está usando estándares laborales y de trazabilidad como herramienta comercial.
La respuesta del Gobierno chileno
El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que se trata de una recomendación que aún está en etapa de consulta pública y análisis. Según reportó T13, el Gobierno señaló que Chile ha participado en las instancias del proceso y que mantendrá conversaciones con las autoridades estadounidenses para resguardar los intereses nacionales y del sector exportador.
Cancillería también remarcó que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sigue vigente. Ese punto es relevante porque la propuesta no elimina el acuerdo comercial, pero sí puede introducir un costo adicional sobre determinados productos si la USTR decide avanzar con la medida.
Fechas clave del proceso
El calendario ya está fijado por la USTR:
22 de junio de 2026: plazo para solicitar participación en las audiencias.
6 de julio de 2026: cierre del período de comentarios escritos.
7 de julio de 2026: audiencias públicas sobre las acciones propuestas.
Hasta que ese proceso termine, el arancel debe leerse como una amenaza regulatoria en trámite, no como un cobro ya vigente.
Qué deben revisar las empresas exportadoras
Las compañías chilenas con ventas a Estados Unidos deberían revisar desde ahora su exposición comercial, especialmente aquellas con cadenas de suministro complejas o con insumos importados desde países también observados por Washington.
El punto crítico será contar con antecedentes verificables sobre proveedores, origen de insumos, estándares laborales, auditorías y mecanismos de control. En este tipo de procesos, la trazabilidad deja de ser un asunto reputacional y pasa a ser un factor de acceso al mercado.
También será clave seguir el listado final de excepciones. Si un producto queda fuera del alcance de la medida, el impacto directo puede ser acotado. Si queda dentro, un arancel adicional de 12,5% puede afectar márgenes, contratos, precios de venta y competitividad frente a proveedores de países con trato distinto.
El nuevo frente para el comercio chileno
Chile enfrenta el caso en un momento en que las reglas comerciales globales se están volviendo menos previsibles. La discusión ya no se limita a precios, volúmenes o acuerdos de libre comercio: ahora incluye estándares laborales, cumplimiento documental y fiscalización de cadenas de suministro.
Para los exportadores, el mensaje es concreto: el acceso a Estados Unidos puede encarecerse si Washington concluye que Chile no cumple con los estándares exigidos. La medida aún no está aprobada, pero el riesgo ya está instalado y obliga a anticiparse antes de que el proceso cierre en julio.
