El Decreto 482/2026 actualiza la reglamentación de la Ley 24.196, vigente desde 1993, con cambios en importaciones, IVA exploratorio, estabilidad fiscal, prestadores de servicios y obligaciones digitales.
El Gobierno argentino modificó la reglamentación del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera mediante el Decreto 482/2026, publicado este 23 de junio en el Boletín Oficial, con el objetivo de simplificar trámites, actualizar criterios operativos y adaptar la normativa a una industria que hoy demanda mayor velocidad administrativa, interoperabilidad aduanera y reglas claras para proyectos de litio, cobre, oro, plata y otros minerales.
La medida sustituye el anexo del Decreto 2686/1993, que reglamentaba la Ley 24.196 desde hace más de tres décadas. Entre los cambios centrales, la norma incorpora el domicilio legal electrónico para los beneficiarios del régimen y reconoce formalmente los bienes usados o reacondicionados dentro de las reglas aplicables a importaciones, amortizaciones, traslados, transferencias y desafectaciones.
El Ejecutivo argumentó que la actualización busca reducir cargas burocráticas, mejorar la gestión estatal y fortalecer la seguridad jurídica del sector. Según informó la Secretaría de Minería en el sitio oficial del Gobierno argentino, la reforma también apunta a agilizar importaciones, optimizar la devolución del IVA en exploración, precisar el alcance de la estabilidad fiscal y establecer condiciones específicas para prestadores de servicios mineros.
Un cambio administrativo con impacto operativo
La incorporación del domicilio legal electrónico no es solo un ajuste formal. El decreto establece que todos los inscriptos deberán constituirlo y que allí serán válidas las notificaciones del régimen. Para los beneficiarios ya registrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, la obligación deberá cumplirse en la primera presentación anual prevista por la Ley 24.196.
La constitución de ese domicilio electrónico será requisito indispensable para tener por cumplida la presentación anual, según el texto oficial. En la práctica, esto busca ordenar la relación entre empresas, autoridad de aplicación, ARCA y organismos provinciales, reduciendo zonas grises en notificaciones, intimaciones, aprobaciones o eventuales procesos de suspensión y caducidad.
La norma también instruye a la autoridad de aplicación a dictar reglas complementarias dentro de un plazo de 60 días corridos desde su entrada en vigencia. Ese punto será clave para conocer cómo se implementarán los procedimientos digitales, qué formatos deberán usar las empresas y cómo se coordinará el régimen con las plataformas estatales.
Bienes reacondicionados: una señal para exploración, servicios y capital intensivo
Uno de los elementos más relevantes para la industria es la incorporación formal de los bienes reacondicionados. Hasta ahora, el régimen contemplaba beneficios asociados a importaciones mineras, pero la nueva reglamentación actualiza y aclara el tratamiento de bienes nuevos, usados o reacondicionados.
El cambio puede ser significativo para empresas en etapa de exploración avanzada, construcción o expansión, especialmente en segmentos donde los equipos de perforación, maquinaria auxiliar, componentes industriales, sistemas eléctricos, bombas, módulos de proceso o equipos de apoyo tienen alto costo y largos plazos de adquisición.
La norma también regula situaciones de traslado, reparación, reacondicionamiento, transferencia y desafectación de bienes importados bajo beneficios del régimen. Esto importa porque la minería trabaja con activos de larga vida útil, muchas veces reasignados entre proyectos o trasladados entre faenas, plantas y proveedores especializados.
En un país que busca acelerar proyectos de cobre y litio, la posibilidad de incorporar equipos reacondicionados bajo reglas más claras puede ayudar a reducir costos iniciales, mejorar disponibilidad de maquinaria y facilitar decisiones de inversión en etapas tempranas. El efecto real dependerá de la interpretación aduanera, de las normas complementarias y de la capacidad de control sin volver a generar cuellos de botella administrativos.
Importaciones e IVA exploratorio
El Decreto 482/2026 también modifica el funcionamiento del régimen de importaciones previsto en el artículo 21 de la Ley 24.196. La actualización reemplaza el sistema anterior de autorizaciones previas y certificados emitidos por la autoridad de aplicación por un mecanismo basado en declaración jurada sobre el destino minero de los bienes.
Según el texto del decreto, el mecanismo se integrará con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino y tendrá validación automática mediante el Sistema Informático Malvina. Para las compañías, este punto puede reducir tiempos de gestión en compras internacionales, especialmente en proyectos alejados de centros industriales, donde los retrasos logísticos impactan directamente en campañas de exploración, construcción de infraestructura o continuidad operacional.
La reforma también aborda la devolución acelerada del IVA correspondiente a la etapa de exploración. La norma simplifica la documentación exigida, limitándola a facturas y comprobantes de pago, y elimina la obligación de notificar los trabajos exploratorios antes de su realización. Además, restringe la posibilidad de pedir documentación adicional a aquella estrictamente necesaria para verificar el crédito fiscal.
Este ajuste es relevante porque la exploración minera suele concentrar desembolsos antes de generar ingresos. En ese contexto, la velocidad de recuperación del IVA incide en caja, continuidad de campañas, contratación de proveedores y profundidad de los programas de sondajes.
Estabilidad fiscal y control de proyectos
El régimen argentino de inversiones mineras contempla estabilidad fiscal por 30 años. La nueva reglamentación busca precisar el momento desde el cual se entiende otorgado el beneficio y establece que la fecha de estabilidad será la de presentación del estudio de factibilidad o de la información complementaria que permitió su aprobación.
La norma también exige mantener actualizado el estudio de factibilidad cuando existan cambios sustantivos en el proyecto. Esto incluye modificaciones que alteren el análisis de viabilidad técnica, económica, legal u operativa considerado al momento de otorgar el beneficio.
El punto es relevante para proyectos de larga maduración, como los de cobre, donde las inversiones pueden superar varios ciclos de precios, permisos, cambios tecnológicos y redefiniciones de ingeniería. La estabilidad fiscal entrega previsibilidad, pero el decreto refuerza que esa previsibilidad debe estar asociada a información actualizada y trazable del proyecto.
Más precisión para prestadores mineros
La reforma también define condiciones para prestadores de servicios mineros, un segmento decisivo para exploración, construcción, perforación, transporte, mantenimiento, ingeniería, campamentos, servicios industriales y operación auxiliar.
El decreto establece un régimen específico para su inscripción y permanencia, incluyendo la obligación de acreditar un porcentaje mínimo de facturación proveniente de la prestación de servicios mineros. También incorpora procedimientos de intimación, suspensión y eventual baja del registro en caso de incumplimientos.
Esto apunta a ordenar el acceso de proveedores a beneficios vinculados al régimen, especialmente en importación de bienes destinados a servicios mineros. Para las provincias con actividad creciente, como San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy o Santa Cruz, la regla puede impactar en empresas contratistas que buscan ampliar capacidad en función de nuevas campañas y proyectos.
Integración regional y proveedores
Otro ajuste relevante es la redefinición del concepto de integración regional. El decreto amplía el límite a 500 kilómetros, con el objetivo declarado de fomentar la competitividad, extender la cadena productiva y facilitar la integración entre yacimientos y plantas de beneficio.
En minería, la distancia entre zonas de extracción, plantas, nodos logísticos, talleres, campamentos, puertos secos y proveedores puede ser determinante. La ampliación del radio puede favorecer soluciones regionales para proyectos ubicados en zonas cordilleranas o de baja densidad industrial, aunque su efecto dependerá de cómo se apliquen los criterios en cada caso.
Datos clave
Norma: Decreto 482/2026.
País: Argentina.
Régimen modificado: Ley 24.196 de Inversiones Mineras.
Decreto reglamentario sustituido: Decreto 2686/1993.
Publicación: 23 de junio de 2026.
Entrada en vigencia: día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Cambio digital: domicilio legal electrónico obligatorio.
Bienes alcanzados: nuevos, usados y reacondicionados.
Importaciones: declaración jurada e interoperabilidad con VUCEA y Sistema Informático Malvina.
IVA exploratorio: simplificación documental para devolución acelerada.
Estabilidad fiscal: 30 años, con obligación de actualizar cambios sustantivos del proyecto.
Integración regional: ampliación del radio a 500 kilómetros.
Implementación: normas complementarias dentro de 60 días corridos.
Qué observará la industria
La actualización llega en un momento en que Argentina intenta posicionarse como destino de inversión minera en litio, cobre, oro y plata, en competencia con otras jurisdicciones que ya cuentan con portafolios maduros, infraestructura desarrollada y marcos regulatorios más probados.
El punto de fondo será la implementación. La simplificación de importaciones, la devolución del IVA exploratorio, el tratamiento de bienes reacondicionados y el domicilio electrónico pueden reducir fricciones administrativas si operan con criterios uniformes y tiempos previsibles. Pero si las normas complementarias agregan requisitos excesivos o interpretaciones dispares, el impacto podría diluirse.
Para las compañías mineras y sus proveedores, la señal es clara: Argentina busca actualizar un régimen clave para atraer capital y acelerar proyectos, pero el resultado dependerá de que la modernización normativa se traduzca en trámites más rápidos, controles efectivos y menor incertidumbre operativa.
