El Gobierno presentó una ley para asegurar el abastecimiento de hogares e industrias mediante nuevas obligaciones para las exportadoras de gas natural licuado. Las compañías advierten que la medida podría reducir la inversión y comprometer futuros proyectos energéticos.
El Gobierno de Australia presentó el 14 de octubre de 2026 un proyecto de ley que obligaría a las empresas exportadoras de gas natural licuado (GNL) a destinar al mercado interno el equivalente de hasta un 20% de sus volúmenes exportados. La iniciativa busca garantizar el suministro energético nacional y contener los precios mediante una oferta que alcance el 110% de la demanda prevista en el este del país, pero ha provocado cuestionamientos de grandes compañías como Shell y Woodside Energy, que advierten sobre posibles consecuencias para la inversión y el desarrollo de nuevos yacimientos.
La legislación, impulsada por el Gobierno del primer ministro Anthony Albanese, establecería el primer sistema nacional de reserva de gas para consumo doméstico, con obligaciones de suministro previstas a partir del 1 de enero de 2028.
El mecanismo pretende corregir una situación que preocupa a las autoridades australianas: pese a ser uno de los principales exportadores mundiales de GNL, el país enfrenta riesgos de escasez y elevados costos de abastecimiento en determinadas regiones.
Sin embargo, la propuesta todavía debe completar su tramitación parlamentaria y no constituye una obligación actualmente vigente para las empresas.
Cómo funcionaría la reserva obligatoria del 20% de gas
El sistema, denominado Domestic Gas Reservation Scheme, vincularía las autorizaciones de exportación con el cumplimiento de compromisos de abastecimiento nacional.
Las compañías que exportan GNL tendrían que suministrar al mercado australiano una cantidad equivalente de hasta el 20% de sus volúmenes de exportación.
No obstante, el porcentaje efectivo no sería necesariamente del 20% todos los años.
La legislación contempla que el Regulador Australiano de Energía (AER) ajuste las obligaciones anualmente de acuerdo con las proyecciones de consumo, utilizando información del Operador del Mercado Energético Australiano (AEMO).
El objetivo sería mantener una oferta equivalente al 110% de la demanda prevista, generando un margen de disponibilidad cercano al 10% sobre las necesidades estimadas del mercado.
El Gobierno considera que esta mayor disponibilidad permitiría aumentar la competencia entre proveedores y reducir la presión sobre los precios internos.
Una característica relevante es que no bastaría con ofrecer el combustible a compradores australianos. El diseño contempla obligaciones efectivas de suministro, evitando que las empresas cumplan únicamente mediante ofertas comerciales que finalmente no se concreten.
La administración australiana estima que el mecanismo podría incorporar hasta 200 petajulios adicionales de gas anuales al mercado doméstico.
Esa cifra corresponde al potencial estimado de la política y no a un volumen que actualmente se encuentre garantizado mediante contratos.
Por qué Australia necesita gas pese a ser un gran exportador
El problema energético australiano está estrechamente relacionado con la distribución geográfica de sus recursos y centros de consumo.
Una parte considerable de la producción de gas se concentra en el norte y oeste del país, mientras grandes centros industriales y poblacionales se encuentran en el este y sureste.
Además, varios proyectos de GNL operan bajo contratos internacionales de largo plazo que comprometen volúmenes importantes de producción.
Esta estructura puede generar situaciones en que existe abundante gas destinado a exportación, pero dificultades para asegurar suministros competitivos a determinadas industrias australianas.
La Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) ha advertido que el abastecimiento del mercado oriental depende de las decisiones comerciales de los exportadores y de la disponibilidad de infraestructura para transportar gas hacia los estados del sur.
En su evaluación publicada el 9 de octubre, el regulador proyectó un excedente de aproximadamente 5 petajulios durante el primer trimestre de 2027, incluso bajo un escenario en que las compañías exporten todo el gas no comprometido.
Sin embargo, las condiciones podrían estrecharse durante el invierno austral, especialmente en los estados meridionales, donde la disminución de producción local aumenta la dependencia del gas transportado desde Queensland.
Los riesgos de abastecimiento de largo plazo explican por qué las autoridades buscan establecer un mecanismo permanente y no depender exclusivamente de intervenciones temporales.
Shell advierte que la medida podría perjudicar nuevas inversiones
Una de las críticas más contundentes provino de Shell Australia.
Su presidenta, Cecile Wake, cuestionó el diseño de la propuesta durante una conferencia de la industria celebrada en Sídney el 13 de octubre.
La ejecutiva comparó la intervención con utilizar una herramienta excesivamente agresiva para resolver un problema más acotado.
El principal cuestionamiento de Shell se relaciona con la obligación de mantener una sobreoferta doméstica y vender gas incluso cuando las condiciones comerciales no permitan recuperar adecuadamente las inversiones necesarias para producirlo.
La compañía sostiene que obligar a incrementar el suministro sin considerar suficientemente los costos de nuevos desarrollos podría reducir los precios por debajo de niveles económicamente sostenibles.
En ese escenario, los productores podrían postergar exploraciones, ampliaciones y nuevas inversiones, disminuyendo la disponibilidad futura de gas.
Shell considera que una regulación mal diseñada podría terminar provocando dificultades de abastecimiento, precisamente el problema que el Gobierno pretende evitar.
Sus observaciones constituyen advertencias empresariales sobre los posibles efectos de la política, no consecuencias que se hayan materializado.
Woodside pone en duda inversiones en nuevos yacimientos
Woodside Energy también expresó preocupación por el impacto de las obligaciones de reserva sobre el desarrollo de nuevos recursos.
Su director de operaciones, Breyden Lonnie, advirtió que un proyecto de perforación en el estrecho de Bass podría no avanzar si las nuevas disposiciones afectan significativamente los precios domésticos.
La empresa estudia oportunidades de desarrollo mediante cuatro posibles pozos que podrían aportar hasta 200 petajulios de gas comercializable al mercado australiano.
La cifra corresponde al potencial acumulado identificado para esos desarrollos, no a producción anual asegurada.
Woodside ha señalado que la madurez técnica de las oportunidades y las consecuencias del nuevo sistema regulatorio influirán en una eventual decisión final de inversión.
La advertencia adquiere importancia porque el estrecho de Bass constituye una zona relevante para el abastecimiento energético del sureste australiano.
Sin embargo, la compañía no ha anunciado una cancelación definitiva de estas iniciativas. Su continuidad dependerá de evaluaciones técnicas, comerciales y regulatorias.
El Gobierno defiende la medida para proteger a la industria
La ministra australiana de Recursos, Madeleine King, defendió la propuesta y sostuvo que el propósito es reducir los costos energéticos sin provocar un colapso de los precios que perjudique las inversiones.
La autoridad explicó que las obligaciones serían ajustadas según las necesidades del mercado para evitar excedentes desproporcionados.
El Gobierno busca favorecer especialmente a industrias que utilizan gas como materia prima o combustible y que todavía no disponen de alternativas técnicamente viables para electrificar sus procesos.
Entre ellas se encuentran actividades vinculadas con la fabricación de fertilizantes, productos químicos, acero y otros materiales industriales.
La disponibilidad de gas también es considerada relevante para respaldar la generación eléctrica durante períodos en que disminuye la producción de fuentes renovables.
No obstante, las autoridades no han presentado una estimación pública precisa sobre cuánto disminuirían los precios para hogares y empresas.
Como referencia, la ACCC informó que los contratos de suministro de largo plazo negociados durante el primer semestre de 2026, para entregas en 2027 y 2028, registraron valores promedio cercanos a 12 y 13 dólares australianos por gigajulio.
El efecto concreto de la futura legislación dependerá de la oferta disponible, los costos de producción, las condiciones contractuales y la respuesta de los participantes del mercado.
Qué ocurrirá con los contratos internacionales de exportación
Una de las principales preocupaciones de la industria está relacionada con los compromisos comerciales ya suscritos con compradores extranjeros.
Australia exporta importantes volúmenes de GNL a mercados asiáticos, donde el combustible se utiliza para generación eléctrica, procesos industriales y calefacción.
El proyecto contempla respetar los contratos internacionales establecidos antes del anuncio gubernamental del 22 de diciembre de 2025.
La finalidad es evitar que las nuevas obligaciones obliguen a incumplir acuerdos previamente vigentes.
El sistema también considera mecanismos de flexibilidad para reconocer determinadas restricciones de infraestructura y condiciones específicas de los productores.
No obstante, estas excepciones han abierto otro debate: si permiten ajustes demasiado amplios, podrían reducir la cantidad efectiva de gas adicional disponible para el mercado interno.
La discusión resulta especialmente relevante para los proyectos de exportación de Queensland, donde participan empresas como Santos, Shell y Origin Energy.
La decisión quedará en manos del Parlamento australiano
La presentación del proyecto de ley abre una nueva etapa de discusión sobre el equilibrio entre seguridad energética, precios domésticos e inversiones en hidrocarburos.
Las organizaciones empresariales advierten que nuevas obligaciones podrían afectar la rentabilidad de futuros proyectos, mientras el Gobierno sostiene que reservar parte de la producción permitirá entregar mayor certidumbre a consumidores industriales y hogares.
La oposición parlamentaria ha manifestado disposición a examinar la iniciativa, aunque mantiene interrogantes sobre sus efectos en la inversión y el suministro de largo plazo.
El Ejecutivo también deberá resolver cómo coordinar las obligaciones nacionales con los mecanismos de reserva ya existentes en algunos territorios, especialmente Australia Occidental.
Las nuevas exigencias están previstas para comenzar en enero de 2028, siempre que el proceso legislativo avance y se implementen las normas correspondientes.
La disputa plantea un desafío para uno de los principales exportadores energéticos del mundo: asegurar que sus recursos naturales abastezcan a la economía nacional sin comprometer las inversiones necesarias para mantener la producción y cumplir sus compromisos internacionales.
El resultado de la tramitación definirá cuánto gas deberán reservar efectivamente las compañías, cómo se ajustarán las obligaciones y qué condiciones tendrán que cumplir para continuar exportando desde Australia.
REDIMIN Responde
¿Qué medida presentó el Gobierno de Australia para asegurar el abastecimiento de gas?
El Gobierno de Australia presentó un proyecto de ley que obligaría a las empresas exportadoras de gas natural licuado (GNL) a destinar al mercado interno el equivalente de hasta un 20% de sus volúmenes exportados, con el objetivo de garantizar el suministro energético nacional y contener los precios.
¿Cuándo se prevé que entren en vigor las obligaciones de suministro de gas en Australia?
Las obligaciones de suministro de gas previstas en la legislación impulsada por el Gobierno de Australia entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2028, aunque la propuesta aún debe completar su tramitación parlamentaria.
¿Qué preocupaciones han expresado las compañías exportadoras de GNL sobre la nueva legislación?
Compañías como Shell y Woodside Energy han expresado preocupaciones de que la nueva legislación podría reducir la inversión y comprometer futuros proyectos energéticos, ya que obligar a incrementar el suministro sin considerar suficientemente los costos podría reducir los precios por debajo de niveles económicamente sostenibles.
¿Qué impacto podría tener la nueva legislación en el desarrollo de nuevos yacimientos según Woodside Energy?
Woodside Energy ha advertido que un proyecto de perforación en el estrecho de Bass podría no avanzar si las nuevas disposiciones afectan significativamente los precios domésticos. La empresa considera que las consecuencias del nuevo sistema regulatorio influirán en una eventual decisión final de inversión.
¿Cuál es el objetivo del Gobierno australiano al implementar el sistema de reserva de gas?
El objetivo del Gobierno australiano al implementar el sistema de reserva de gas es reducir los costos energéticos y asegurar el suministro a industrias que utilizan gas como materia prima o combustible, favoreciendo especialmente a sectores como la fabricación de fertilizantes, productos químicos, acero y otros materiales industriales.
