El esperado momento llegó: el miércoles 26 de noviembre, las organizaciones sindicales y gremiales que conforman la Mesa del Sector Público entregaron su pliego de demandas a los ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, iniciando formalmente la negociación por el reajuste en las remuneraciones de los trabajadores estatales.
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El primer encuentro entre las partes ocurrió tras la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026, que suscitaba más interés que en ocasiones anteriores, pues el entonces proyecto sugería mantener «en valores nominales 2025» los sueldos de los funcionarios, lo que debió ser aclarado por las autoridades.
Como sucede tradicionalmente en esta instancia anual, entre las exigencias de la Mesa están los montos para el Bono de Término de Conflicto. Como se infiere de su nombre, este es un aporte que los trabajadores públicos reciben después de que el acuerdo con el Gobierno sea aprobado por el Congreso Nacional.
¿Qué montos pide la Mesa del Sector Público para el Bono de Término de Conflicto?
Para beneficiar especialmente a los empleados del Estado que perciben remuneraciones más bajas, a los titulares de Hacienda y de Trabajo (Nicolás Grau y Giorgio Boccardo, respectivamente) se les planteó dos cifras distintas, una más alta que otra.
En detalle, las 16 organizaciones que conforman la Mesa del Sector Público exigen los siguientes montos para el Bono de Término de Conflicto:
- De $300.000 para los trabajadores con un sueldo líquido igual o menor a $987.277.
- De $200.000 para los funcionarios con un sueldo líquido mayor a $987.277 y de hasta $3.600.105 brutos.
¿Qué viene ahora en la negociación por el reajuste en las remuneraciones del sector público?
Cabe recordar que la siguiente etapa de la negociación es el análisis del pliego por parte de los ministerios, los que podrían aprobar los montos del Bono Término de Conflicto —y el resto de las exigencias monetarias— o rechazarlos para efectuar una contrapropuesta.
Por la experiencia de años anteriores, es más probable que se dé el segundo escenario, hasta que ambas partes alcancen un acuerdo que se transformará en proyecto de ley para ser estudiado por la Cámara de Diputadas y Diputados y después por el Senado.
Tanto la negociación como la tramitación legislativa puede extenderse por varios días de diciembre, aunque la idea de la Mesa es acelerar el proceso, dada la segunda vuelta presidencial. Como punto de comparación, en 2024, el Congreso despachó la Ley de Reajuste del Sector Público el 18 de diciembre.
