La minería argentina atraviesa uno de los momentos de mayor expansión de las últimas décadas. Impulsado por reformas regulatorias, incentivos tributarios y el creciente interés global por minerales estratégicos, el gobierno de Javier Milei apuesta a transformar al país en un actor clave del mercado mundial del cobre, litio, oro y uranio.
El fenómeno ya comienza a sentirse con fuerza en provincias cordilleranas como San Juan, donde proyectos de gran escala avanzan entre campamentos de alta montaña, perforaciones permanentes y expectativas de miles de nuevos empleos. En medio de la Cordillera de los Andes, a más de 3.500 metros de altura y cerca de la frontera con Chile, iniciativas como Los Azules reflejan el nuevo impulso que busca posicionar a Argentina entre los principales exportadores mineros del mundo durante la próxima década.
La estrategia oficial apunta a convertir la minería en una de las principales fuentes de divisas del país, junto con los hidrocarburos de Vaca Muerta. El gobierno proyecta que las exportaciones mineras podrían superar los US$20 mil millones anuales hacia 2035, muy por encima de los cerca de US$6 mil millones registrados en 2025.
Sin embargo, el avance de la actividad también revive tensiones ambientales históricas en torno al uso del agua, la protección de glaciares y la convivencia entre desarrollo económico y ecosistemas de alta montaña.
El RIGI abrió la puerta a una ola de inversiones internacionales
Uno de los pilares del nuevo ciclo minero argentino es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Milei para atraer capital extranjero mediante beneficios tributarios, estabilidad fiscal y flexibilización regulatoria.
La medida ha sido especialmente relevante para proyectos de cobre, mineral considerado estratégico para la transición energética, electromovilidad y expansión de infraestructura tecnológica global.
Argentina posee algunas de las mayores reservas cupríferas no desarrolladas del mundo, aunque prácticamente dejó de producir cobre a gran escala desde 2018. Ahora, el país busca reposicionarse rápidamente aprovechando el interés internacional por asegurar suministro de minerales críticos.
Entre los proyectos más avanzados destacan Los Azules, El Pachón y el distrito Vicuña, todos ubicados en la provincia de San Juan y cercanos a la frontera chilena.
En el caso de Los Azules, liderado por McEwen Mining junto a Stellantis y Nuton/Rio Tinto, se proyecta iniciar producción hacia 2030 con una capacidad estimada de 148 mil toneladas anuales de cobre durante al menos dos décadas.
El proyecto aparece además como uno de los primeros grandes desarrollos cupríferos argentinos alineados con metas de carbono neutralidad, en un contexto donde inversionistas globales exigen estándares ambientales cada vez más estrictos.
El cobre se convierte en el gran objetivo estratégico argentino
Más de la mitad de las exportaciones metalíferas proyectadas para Argentina en los próximos años provendrían del cobre, según estimaciones del sector.
El metal rojo se ha transformado en uno de los recursos más demandados a nivel global debido a su utilización en redes eléctricas, energías renovables, centros de datos, inteligencia artificial y fabricación de vehículos eléctricos.
El economista Nicolás Gadano sostiene que la minería está modificando la histórica matriz exportadora argentina, tradicionalmente dependiente del agro. El país busca reducir su crónica escasez de dólares mediante una fuerte expansión minera y energética.
La provincia de San Juan concentra gran parte de esa expectativa. Allí, comunidades completas dependen directa o indirectamente de la actividad minera, mientras trabajadores jóvenes ven en los proyectos una oportunidad de estabilidad laboral y mejores ingresos.
En campamentos de altura como Los Azules, la operación funciona prácticamente las 24 horas bajo condiciones extremas, combinando aislamiento, temperaturas bajo cero y complejas labores de exploración.
El entusiasmo económico, sin embargo, convive con crecientes cuestionamientos ambientales y sociales en sectores de la población local.
La reforma a la ley de glaciares genera tensión por el agua
Uno de los puntos más controvertidos del plan minero de Milei ha sido la modificación a la ley de protección de glaciares, medida que permitirá a las provincias habilitar nuevas áreas para explotación minera.
La reforma fue celebrada por empresas y cámaras mineras, que consideran que entrega mayor seguridad jurídica a las inversiones. Sin embargo, organizaciones ambientalistas ya judicializaron la normativa argumentando riesgos para las fuentes hídricas cordilleranas.
El debate es especialmente sensible en provincias áridas donde el agua representa un recurso escaso para agricultura, consumo humano y ecosistemas de montaña.
Varios de los principales proyectos cupríferos argentinos mantienen glaciares o ambientes periglaciares dentro de sus áreas de influencia. Aunque las compañías aseguran que no afectan sistemas hídricos estratégicos, comunidades locales y agrupaciones ambientales mantienen preocupación por posibles impactos acumulativos.
La discusión revive además recuerdos de accidentes anteriores, como el derrame de solución cianurada ocurrido en 2015 en una operación de Barrick Gold en Jáchal, episodio que marcó profundamente la percepción pública sobre la minería en Argentina.
El desafío para el gobierno y la industria será equilibrar crecimiento económico, empleo e inversión con legitimidad social y protección ambiental, en un momento donde la minería aparece como uno de los motores centrales de la nueva estrategia económica argentina.
