El gobierno de Keiko Fujimori busca acelerar inversiones hacia 2031 mediante mayor predictibilidad regulatoria y una reducción de trabas administrativas. La agenda minera contempla avanzar este año con proyectos de exploración, explotación y concesiones de beneficio.
Perú prepara una ofensiva para acelerar el desarrollo de su cartera minera y alcanzar más de US$33.000 millones en inversión ejecutada hacia 2031, con una agenda que combina simplificación de procedimientos, seguridad jurídica y una mayor velocidad en las decisiones administrativas. Como primer objetivo, el Ejecutivo proyecta autorizar durante 2026 unos 240 proyectos vinculados a exploración, explotación y concesiones de beneficio.
La estrategia forma parte de los lineamientos económicos presentados por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, que asumió en julio, y apunta a reducir uno de los principales obstáculos que la industria minera peruana ha identificado durante los últimos años: los extensos procesos de aprobación y la superposición de trámites para materializar inversiones.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, planteó que el papel del Estado estará concentrado en entregar condiciones de estabilidad, procedimientos previsibles y decisiones oportunas, mientras que el financiamiento y ejecución de los proyectos permanecerán principalmente en manos privadas.
La meta resulta especialmente relevante para uno de los mayores productores mineros de América Latina, cuyo potencial geológico contrasta con los largos ciclos de maduración que enfrentan numerosos proyectos desde la exploración inicial hasta la construcción.
US$33.000 millones hacia 2031
La cartera considerada por la administración peruana podría superar los US$33.000 millones de inversión ejecutada al cierre de 2031. El objetivo no supone que esos recursos provengan directamente del Estado, sino crear condiciones que permitan movilizar capital privado actualmente asociado a proyectos en distintas etapas de desarrollo.
Dentro de esta agenda, el Ministerio de Energía y Minas trabaja además con una meta más amplia de impulsar alrededor de US$40.000 millones en inversiones mineras y energéticas durante los próximos cinco años, buscando acelerar iniciativas con posibilidades de avanzar hacia construcción u operación.
La simplificación de permisos aparece como uno de los principales instrumentos.
Entre las materias que Perú ha venido revisando se encuentran los tiempos asociados a autorizaciones de agua, certificaciones ambientales, intervenciones arqueológicas, explosivos y otros procedimientos indispensables para el desarrollo de proyectos extractivos. También se ha planteado fortalecer herramientas digitales para centralizar y agilizar trámites.
La intención es disminuir duplicidades y períodos de espera sin eliminar las exigencias ambientales y sociales aplicables a las compañías.
Este equilibrio será determinante para la estrategia. Una reducción efectiva de los tiempos administrativos podría mejorar la competitividad de Perú frente a otras jurisdicciones mineras, pero cualquier flexibilización que genere incertidumbre respecto de los estándares ambientales o comunitarios podría producir el efecto contrario sobre la estabilidad de los proyectos.
Inversión minera ya crece más de 40% en 2026
El anuncio ocurre en un momento de fuerte recuperación del gasto sectorial.
Durante el primer semestre de 2026, la inversión minera en Perú alcanzó US$3.304,5 millones, un aumento de 42,7% frente al mismo período de 2025, cuando se habían registrado aproximadamente US$2.315 millones.
Solo durante junio se ejecutaron cerca de US$662 millones, con un crecimiento interanual de 39,1%.
El avance ha estado concentrado principalmente en infraestructura y preparación de operaciones. Entre enero y junio, la inversión en infraestructura llegó a aproximadamente US$927 millones, mientras desarrollo y preparación superó los US$704 millones.
Las inversiones en plantas de beneficio bordearon los US$566 millones, mientras la exploración acumuló cerca de US$336 millones.
Territorialmente, Arequipa, Ica, Moquegua y Áncash concentraron alrededor de la mitad del gasto minero nacional durante el primer semestre. Arequipa encabezó el listado con más de US$535 millones ejecutados.
Entre las empresas con mayores inversiones durante el período aparecen Southern Peru, Shougang Hierro Perú, Las Bambas, Antamina, Buenaventura y Cerro Verde, reflejando que buena parte del dinamismo reciente proviene tanto de expansiones como de inversiones destinadas a sostener y modernizar operaciones existentes.
Exploración será clave para sostener la cartera
La autorización de 240 iniciativas durante 2026 adquiere particular relevancia porque el desarrollo futuro de la industria depende de mantener activo el ciclo de exploración.
Los proyectos mineros pueden necesitar varios años —e incluso más de una década— para avanzar desde campañas iniciales de perforación hasta una decisión definitiva de construcción. Reducir demoras administrativas en las primeras etapas permitiría alimentar con mayor rapidez la cartera que eventualmente llegará a evaluación ambiental, ingeniería, financiamiento y construcción.
Para Perú, el desafío es particularmente significativo en cobre.
El crecimiento de la electrificación, las redes de transmisión, las energías renovables, los centros de datos y la electromovilidad continúa elevando las expectativas de demanda estructural por el metal rojo. En ese escenario, los países con grandes recursos cupríferos compiten no solo por atraer capital, sino también por demostrar capacidad para transformar depósitos minerales en producción efectiva.
La existencia de recursos geológicos por sí sola ya no garantiza inversiones. Las compañías comparan estabilidad tributaria, plazos regulatorios, acceso a infraestructura, disponibilidad de energía y agua, conflictividad social y seguridad jurídica antes de comprometer capital por miles de millones de dólares.
El desafío será convertir permisos en proyectos construidos
La aceleración regulatoria podría fortalecer la posición de Perú dentro del mercado global de minerales críticos, pero la magnitud del efecto dependerá de cuántas de las iniciativas autorizadas logren pasar desde los expedientes administrativos hacia inversión material.
El país también enfrenta factores que van más allá de la permisología. Conflictos socioambientales, minería ilegal, dificultades de formalización, infraestructura insuficiente en determinadas regiones y relación entre empresas y comunidades continúan condicionando el desarrollo del sector.
La administración peruana busca complementar la agenda minera con una política de mayor apertura comercial. El Ejecutivo pretende avanzar durante 2026 en la entrada en vigor del acuerdo comercial con Hong Kong y profundizar la vinculación de Perú con los mercados de Asia-Pacífico, una región decisiva para el consumo mundial de cobre y otros metales.
Con inversiones mineras creciendo a tasas superiores al 40% durante el primer semestre, el nuevo gobierno recibe una industria que ya muestra una recuperación significativa del gasto. La apuesta ahora consiste en transformar ese ciclo en una expansión sostenida de proyectos.
Si Perú logra reducir efectivamente los tiempos de aprobación y movilizar más de US$33.000 millones hacia 2031, el impacto alcanzará no solo a las grandes compañías mineras, sino también a contratistas, proveedores de tecnología, ingeniería, construcción, transporte, energía y servicios especializados, reforzando la competencia regional por capturar el próximo ciclo de inversión minera latinoamericana.
