La apertura a la inversión privada que muestran los nuevos gobiernos de Colombia y Perú aumenta la disputa regional por recursos para infraestructura. En Chile, el sector concesionario plantea acelerar proyectos, modernizar contratos y atraer nuevos operadores para mantener competitividad.
Chile enfrenta un escenario más competitivo para atraer capital privado destinado a carreteras, aeropuertos, hospitales, cárceles y otras obras públicas. Los cambios políticos registrados en Colombia y Perú están abriendo expectativas de una mayor participación privada en infraestructura, una situación que podría disputar inversiones que tradicionalmente han mirado al mercado chileno.
La preocupación fue planteada por la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, Copsa, en medio de la discusión sobre cómo reactivar la inversión y mejorar la conectividad del país. El diagnóstico apunta a que la estabilidad institucional chilena continúa siendo una ventaja, pero ya no sería suficiente por sí sola para asegurar la llegada de nuevos inversionistas.
El desafío adquiere especial relevancia considerando que Chile mantiene una amplia cartera de obras por concesionar y que el Ministerio de Obras Públicas ha buscado ampliar este modelo hacia nuevas áreas de infraestructura pública.
Colombia y Perú aumentan la competencia regional
El escenario latinoamericano para la inversión en infraestructura está experimentando cambios relevantes durante 2026.
Colombia inició un nuevo ciclo político con una administración que ha mostrado disposición a reducir obstáculos para la inversión privada y acelerar iniciativas económicas. Perú, por su parte, también comenzó una nueva etapa de gobierno con señales favorables hacia la inversión y con importantes necesidades de infraestructura.
Esto modifica el escenario competitivo para Chile.
Los grandes fondos de inversión, constructoras internacionales, operadores de infraestructura y bancos que financian este tipo de proyectos comparan permanentemente las condiciones entre distintos países. Entre los elementos considerados están la estabilidad regulatoria, los plazos de aprobación, la distribución de riesgos, la rentabilidad esperada y la capacidad del Estado para ejecutar los procesos de licitación.
Si Colombia o Perú reducen barreras o aceleran adjudicaciones, parte de esos capitales podría dirigirse hacia esos mercados.
Para Chile, por tanto, la competencia ya no se limita a conseguir empresas interesadas en participar dentro del país. También implica ofrecer condiciones suficientemente atractivas frente a otros mercados latinoamericanos que están ampliando sus programas de asociaciones público-privadas.
Proyectos pueden tardar cerca de cinco años en comenzar
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con los tiempos que transcurren entre la adjudicación de una concesión y el inicio efectivo de las obras.
Dentro del sector se advierte que algunos proyectos pueden tardar alrededor de cinco años desde su adjudicación hasta comenzar su construcción.
Ese período puede estar marcado por procesos ambientales, expropiaciones, permisos sectoriales, modificaciones de ingeniería y otras etapas administrativas.
El problema no es solamente el retraso de una obra determinada. Cuando los plazos se extienden demasiado también cambia el escenario económico bajo el cual se diseñó originalmente el proyecto.
Inflación, tasas de interés, costos de construcción, disponibilidad de materiales y nuevas tecnologías pueden modificar significativamente las condiciones iniciales de una concesión.
Por esa razón, una de las propuestas planteadas desde la industria apunta a incorporar mecanismos que permitan actualizar determinados aspectos de contratos que pueden extenderse durante 20 o 30 años.
Chile busca mantener una amplia cartera de concesiones
El país continúa impulsando una cartera relevante de proyectos bajo el sistema de concesiones.
La programación del Ministerio de Obras Públicas para 2025-2026 contempla 15 proyectos por aproximadamente US$8.614 millones, distribuidos en distintos tipos de infraestructura.
La estrategia busca movilizar capital privado para complementar los recursos fiscales y acelerar proyectos que requieren inversiones de gran escala.
Chile también ha venido ampliando progresivamente los sectores donde puede utilizarse este mecanismo.
El sistema, que tradicionalmente ha tenido una fuerte presencia en autopistas y aeropuertos, también considera iniciativas relacionadas con infraestructura penitenciaria, transporte público y otros equipamientos.
La discusión incluso ha comenzado a abordar áreas donde existen experiencias internacionales de participación privada, como infraestructura educacional.
Más empresas en las licitaciones
Otro desafío planteado por el sector es aumentar la cantidad de empresas que participan en los concursos.
Una mayor competencia no necesariamente significa que los mismos operadores compitan repetidamente por distintos proyectos. El objetivo es incorporar nuevos actores nacionales e internacionales capaces de aportar capital, experiencia técnica y capacidad operativa.
Esto puede ser especialmente importante en proyectos de gran tamaño.
Cuando existen pocos oferentes, disminuye la presión competitiva sobre las condiciones económicas de una licitación. En cambio, una mayor diversidad de participantes puede favorecer mejores propuestas técnicas y financieras para el Estado.
La competencia internacional, sin embargo, también plantea desafíos.
Empresas constructoras chilenas han cuestionado las diferencias existentes en los mecanismos utilizados para acreditar experiencia y patrimonio entre operadores locales y compañías extranjeras.
El sector también ha solicitado mejorar los mecanismos de resolución de controversias en contratos de obras públicas.
El reparto de riesgos entra nuevamente al debate
La distribución de riesgos entre el Estado y las empresas privadas aparece como otro elemento central.
En grandes proyectos de infraestructura existen riesgos asociados al tráfico esperado, variaciones cambiarias, catástrofes naturales, costos financieros y modificaciones regulatorias.
Cuando una proporción demasiado grande de esos riesgos se transfiere al privado, los proyectos pueden volverse menos atractivos o requerir mayores retornos para compensarlos.
Desde el sector infraestructura se plantea que Chile debería revisar este equilibrio para permitir asociaciones público-privadas capaces de movilizar mayores niveles de inversión.
Esto no significa necesariamente que el Estado deba asumir todas las contingencias.
El desafío consiste en determinar qué riesgos pueden manejar mejor las empresas privadas y cuáles deben permanecer bajo responsabilidad pública.
Ese equilibrio puede terminar influyendo directamente en el costo final de una obra y en la cantidad de participantes interesados en una licitación.
Por qué esta competencia importa para Chile
La infraestructura tiene efectos directos sobre productividad, empleo y crecimiento económico.
Carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales y sistemas de transporte reducen costos logísticos y mejoran la conectividad de trabajadores y empresas.
También generan empleo durante su construcción y posteriormente requieren servicios de operación, mantenimiento y proveedores asociados.
Por eso, perder atractivo frente a otros países no significa únicamente recibir menos inversión financiera.
También puede significar proyectos que se ejecutan con mayor lentitud, menor competencia en licitaciones y retrasos en infraestructura necesaria para aumentar la capacidad productiva del país.
Chile conserva una ventaja importante en estabilidad institucional y experiencia acumulada después de décadas operando concesiones.
El desafío ahora es mantener esa ventaja mientras otros países latinoamericanos intentan atraer los mismos capitales.
La rapidez en las licitaciones, la modernización contractual, una distribución adecuada de riesgos y la llegada de nuevos competidores serán elementos decisivos para determinar qué países concentran la próxima ola de inversión privada en infraestructura en la región.
