Codelco enfrenta una de las mayores controversias internas de los últimos años luego de reconocer que reportó erróneamente 26.875 toneladas de cobre como producción efectiva durante 2025, situación que obligará a recalcular bonos de desempeño pagados a 6.322 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Codelco Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz. La estatal informó que el monto total a restituir asciende a US$14,3 millones, equivalentes en promedio a cerca de $2 millones por persona, tras una auditoría interna iniciada en marzo y liderada por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE). El ajuste reduce la producción propia informada por la minera desde 1.334.445 toneladas métricas finas a 1.307.570 toneladas, una caída cercana al 2%, reabriendo el debate sobre los mecanismos de control y validación de cifras en la principal productora de cobre del mundo.
La situación también elevó la presión sobre la gobernanza corporativa de la estatal, especialmente después de que la empresa reconociera que parte del material contabilizado como producción terminada debía mantenerse como “producto en proceso”, incumpliendo normas internas. El caso derivó en la desvinculación de ejecutivos y en una revisión completa de los protocolos de reporte productivo.
Auditoría detectó toneladas contabilizadas fuera de norma
La investigación interna estableció que 20 mil toneladas correspondían a óxidos de la división Chuquicamata y otras 6.875 toneladas a arsénico de calcio en Ministro Hales, materiales que fueron reportados como producción efectiva pese a no cumplir las condiciones técnicas exigidas por la normativa corporativa para ser considerados productos terminados.
La presidenta del CACE, Tamara Agnic, señaló que el proceso de recuperación de recursos deberá ejecutarse “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los trabajadores recibieron pagos calculados sobre información corporativa posteriormente corregida tras la auditoría. La directiva añadió que la situación no obliga a modificar los estados financieros auditados de la compañía al cierre de 2025, aunque sí exige recalcular los incentivos variables asociados a producción.
La estatal además identificó responsabilidades en ocho personas, incluyendo un exvicepresidente y un gerente que ya fue desvinculado. Paralelamente, instruyó actualizar sus normativas internas incorporando estándares internacionales para evitar episodios similares. La situación se suma a otros desafíos operacionales que enfrenta la minera, en medio de la necesidad de elevar productividad y avanzar en proyectos estructurales como los detallados en los planes de transformación operacional de Codelco.
Cochilco había advertido riesgos sobre las cifras reportadas
La controversia tomó mayor relevancia luego de que la vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, Claudia Rodríguez, confirmara que el organismo detectó señales de alerta en febrero y decidió iniciar una auditoría paralela. Según explicó, existían indicios de desviaciones en la producción reportada, situación que justificó una revisión técnica más profunda.
El caso pone nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de control productivo en la industria minera chilena, especialmente considerando la relevancia de las métricas operacionales para definir bonos, metas corporativas y resultados financieros. En el caso de Codelco, las divisiones involucradas concentran miles de trabajadores: Chuquicamata posee cerca de 3.992 empleados, Ministro Hales 832 y Casa Matriz 705, según la memoria corporativa de la compañía.
La situación ocurre además en un contexto donde la minería estatal intenta recuperar competitividad y mejorar indicadores tras años de menores leyes minerales y mayores costos operacionales. En paralelo, la industria sigue enfrentando presiones por eficiencia, automatización y control de costos, temas abordados recientemente en los desafíos de productividad y modernización en la minería chilena.
Revisión de bonos abre debate sobre gobernanza y control interno
Aunque Codelco enfatizó que el episodio no afecta directamente sus estados financieros, el impacto reputacional podría extenderse durante los próximos meses debido a las implicancias laborales y de gobernanza. La recuperación de US$14,3 millones implicará negociar mecanismos de devolución compatibles con contratos colectivos y legislación laboral vigente, un proceso que podría tensionar las relaciones sindicales en algunas divisiones.
El episodio también refuerza la importancia de fortalecer auditorías internas y trazabilidad operacional en la minería chilena, particularmente en un escenario donde inversionistas y organismos reguladores exigen cada vez mayor transparencia sobre indicadores productivos y desempeño corporativo. La estatal ya anunció una revisión integral de sus procesos de reporte y control, medida que buscará alinearse con mejores prácticas internacionales.
Mientras la compañía implementa las medidas correctivas, el caso podría transformarse en un precedente relevante para futuras evaluaciones de incentivos variables dentro de la gran minería chilena, especialmente en operaciones donde la contabilización de inventarios y productos intermedios resulta crítica para definir resultados operacionales. También vuelve a instalar el foco sobre la supervisión estatal en empresas estratégicas y el rol de organismos fiscalizadores como Cochilco en la validación de cifras productivas.
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