La estatal presentó un recurso de amparo económico tras los reparos de Contraloría al decreto que fijaba condiciones para otorgar un CEOL a Minera Ascotán SpA, sociedad ligada a Codelco y Quiborax.
Codelco abrió un nuevo frente institucional en su estrategia de litio. La minera estatal presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para obtener certeza jurídica frente a observaciones de la Contraloría General de la República relacionadas con el proyecto de litio en el Salar de Ascotán, en la Región de Antofagasta.
El conflicto se originó en el trámite del Contrato Especial de Operación de Litio, CEOL, que busca habilitar el avance de Minera Ascotán SpA, sociedad creada por Codelco y Quiborax para explorar y eventualmente desarrollar litio en ese salar altoandino.
De acuerdo con la declaración pública de Codelco, la acción judicial busca aclarar “la aplicación de determinadas actuaciones propias de su gestión empresarial” que están siendo revisadas por la Contraloría. La compañía aseguró que mantiene respeto por las atribuciones del órgano contralor, pero planteó que el criterio observado puede incidir en su funcionamiento como empresa estatal sometida a reglas corporativas y de mercado.
El punto de tensión: actos administrativos y toma de razón
La disputa se concentra en el alcance del control preventivo de legalidad sobre decisiones societarias de Codelco. Según antecedentes publicados por Diario Financiero, la minera impugnó el Oficio 78132, emitido el 22 de abril de 2026, en el que la Contraloría representó el Decreto Supremo N°6 del Ministerio de Minería.
Ese decreto fijaba los requisitos y condiciones para otorgar un CEOL a Minera Ascotán SpA. Entre las observaciones, el órgano contralor cuestionó que Codelco no hubiera sometido previamente a toma de razón el acto asociado a la constitución de la sociedad y su participación en ella.
Para la estatal, ese criterio implicaría que decisiones comerciales, societarias o laborales deban formalizarse como actos administrativos y someterse, en ciertos casos, al control previo de la Contraloría. Codelco sostiene que aquello sería una exigencia inédita para su operación empresarial y para su modelo de asociaciones con terceros.
La compañía también afirmó que esta acción judicial no modifica los mecanismos de fiscalización a los que está sujeta, incluyendo auditorías internas y externas, supervisión de Cochilco, revisión de la Contraloría dentro de sus competencias y regulación de la Comisión para el Mercado Financiero.
Ascotán: una apuesta temprana en la cartera de litio
El proyecto en el Salar de Ascotán está en una etapa inicial. El 6 de febrero de 2026, Codelco informó la creación de Minera Ascotán SpA, una sociedad entre la estatal y Quiborax para avanzar en la obtención del CEOL.
La estructura accionaria inicial quedó definida en 34% para Codelco y 66% para Quiborax. El pacto de accionistas considera que, una vez obtenido el contrato, se buscará un nuevo socio que tome una participación mayoritaria para desarrollar el potencial proyecto de litio junto con Codelco.
El salar está ubicado en la cordillera de la Región de Antofagasta. Según la propia compañía, Ascotán es el tercer salar de mayor superficie en Chile con contenido de salmueras subterráneas, aunque hasta ahora no ha sido explorado en busca de litio. Esa condición explica por qué el activo tiene potencial, pero también por qué aún no existen cifras confirmadas de recursos, reservas, producción esperada o inversión asociada.
Cómo encaja en la Estrategia Nacional del Litio
El caso Ascotán forma parte del nuevo mapa de proyectos impulsados bajo la Estrategia Nacional del Litio. En abril de 2025, Reuters informó que el Ministerio de Minería acogió a trámite solicitudes para avanzar en procesos simplificados en tres salares: Agua Amarga, Ascotán y Coipasa. En el caso de Ascotán, los involucrados eran Eramet, Quiborax y Codelco, según el reporte de Reuters.
Ese mecanismo exigía acreditar al menos 80% de concesiones mineras sobre el polígono ofrecido, experiencia minera o en la cadena de valor, y respaldo financiero. Tras las consultas indígenas y la dictación del decreto supremo con requisitos y condiciones del CEOL, el contrato podía firmarse si existía acuerdo con los solicitantes.
El problema para Codelco es que la observación de Contraloría no apunta al potencial geológico del salar, sino al marco jurídico bajo el cual la estatal participa en sociedades y alianzas. La discusión, por tanto, puede tener efectos más amplios que Ascotán, porque toca la forma en que Codelco estructura asociaciones para litio, cobre u otros negocios estratégicos.
El precedente del Salar de Atacama
La controversia aparece después de otro proceso relevante para la estrategia de litio de Codelco: la asociación con SQM en el Salar de Atacama. En diciembre de 2025, el Ministerio de Economía informó que la Contraloría tomó razón de los contratos entre Corfo, SQM y Codelco, permitiendo dar continuidad a las operaciones de litio desde 2031 hasta 2060 bajo una alianza público-privada.
Ese acuerdo busca evitar un bache productivo posterior a 2030 y proyecta una producción de entre 280.000 y 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente anuales antes de 2030 en la operación vinculada a SQM y Codelco, según Corfo. Además, el Gobierno proyectó que hacia 2035 el Salar de Atacama podría superar las 400.000 toneladas de LCE anuales considerando las operaciones de SQM/Codelco y Albemarle.
La diferencia es que Atacama corresponde al principal polo productivo de litio del país, con operaciones existentes, infraestructura instalada y contratos vigentes. Ascotán, en cambio, es una apuesta exploratoria. Esa brecha vuelve más sensible cualquier demora administrativa o judicial, porque el proyecto aún debe recorrer etapas de exploración, permisos, evaluación ambiental, definición tecnológica, financiamiento y eventual construcción.
Por qué importa para la minería chilena
El recurso de Codelco no resuelve por sí solo el futuro de Ascotán, pero instala una discusión relevante para la gobernanza minera estatal. La estatal está intentando ampliar su rol más allá del cobre, con presencia en el Salar de Atacama, Maricunga y Ascotán. Para avanzar, necesita combinar control estatal, capital privado, experiencia operativa y certeza regulatoria.
En ese contexto, la disputa con Contraloría puede influir en la velocidad con que se estructuren nuevas alianzas. Si las decisiones societarias de Codelco quedan sujetas a mayores exigencias administrativas, los procesos podrían volverse más largos y menos flexibles. Si, por el contrario, la justicia delimita el alcance del control preventivo, la estatal podría mantener mayor margen para operar bajo lógicas empresariales en sus asociaciones.
El tema de fondo es cómo equilibrar control público y agilidad empresarial en una industria donde los proyectos compiten por capital, tecnología y permisos en plazos cada vez más exigentes. Para el mercado minero, el resultado será observado no solo por el futuro del Salar de Ascotán, sino por el diseño institucional que condicionará la próxima etapa del litio chileno.
