La investigación de la Fiscalía y la PDI apunta a una estructura especializada que operaba principalmente en zonas rurales. El perjuicio total, considerando material sustraído y reposición de infraestructura, fue estimado en cerca de $300 millones.
Una investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de Los Ríos y la Brigada Investigadora de Robos de Valdivia de la Policía de Investigaciones permitió vincular a una estructura delictual con al menos 15 robos de cobre y otros componentes de redes eléctricas registrados en sectores rurales de la región. Tras las formalizaciones realizadas ante el Juzgado de Letras y Garantía de Paillaco, seis imputados quedaron en prisión preventiva.
Los hechos investigados afectaron instalaciones ubicadas en comunas como La Unión, Río Bueno, Los Lagos, Paillaco, Mariquina y Valdivia, incluyendo tendidos eléctricos asociados a predios agrícolas, fundos, sistemas de regadío y redes que abastecen a clientes particulares.
La PDI estimó en aproximadamente $300 millones el perjuicio económico total, considerando tanto el valor de las especies sustraídas como los costos necesarios para reparar o reemplazar la infraestructura dañada. La Fiscalía, por su parte, cifró en más de $200 millones el avalúo de las especies vinculadas a los hechos investigados.
Una investigación iniciada en mayo de 2025
Las diligencias comenzaron en mayo de 2025 y permitieron reunir antecedentes sobre robos cometidos de manera reiterada en instalaciones eléctricas de sectores con escasa vigilancia permanente.
La indagatoria fue desarrollada conjuntamente por la Brigada Investigadora de Robos de Valdivia y la unidad SAC-ECOH de la Fiscalía Regional de Los Ríos.
A partir del análisis de los distintos episodios, los investigadores establecieron que los hechos no corresponderían a actuaciones aisladas. La Fiscalía atribuyó a los imputados una organización de funciones que incluía participación directa en los robos, transporte, cobertura y conocimientos técnicos utilizados para planificar e intervenir las instalaciones.
Las audiencias de formalización se efectuaron los días 25 y 26 de septiembre en Paillaco.
El Ministerio Público imputó delitos de asociación delictiva y robo reiterado de especies pertenecientes a redes de suministro eléctrico y solicitó prisión preventiva para los seis involucrados. El tribunal acogió la petición al considerar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad.
Cuatro detenidos en allanamientos y un imputado ya estaba en prisión
En una de las etapas operativas de la investigación, la Fiscalía gestionó órdenes de detención y de entrada y registro relacionadas con siete personas domiciliadas en Paillaco.
La PDI logró detener a cuatro imputados durante los procedimientos.
A ellos se sumó un hombre de 23 años que ya permanecía en prisión preventiva por una causa distinta, vinculada a una infracción a la Ley de Drogas, luego de haber sido detenido anteriormente por la misma brigada. Este imputado fue notificado y formalizado además por su presunta participación en los robos de cobre investigados.
El balance judicial posterior entregado por la Fiscalía elevó a seis el número total de imputados formalizados y sometidos a prisión preventiva dentro de la denominada investigación “Foco Cobre, arista rural”.
La causa continúa abierta, por lo que no se descarta que puedan incorporarse nuevos antecedentes o determinarse la eventual participación de otras personas.
Camioneta y herramientas para intervenir redes de alta tensión
Durante los registros, la policía incautó una camioneta Mitsubishi L200 y distintas herramientas utilizadas para cortar, intervenir y manipular tendidos eléctricos.
El conjunto de vehículos, equipos y elementos recuperados fue avaluado en aproximadamente $15 millones.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el grado de conocimiento técnico necesario para ejecutar algunas de las intervenciones.
Los antecedentes policiales indican que parte de los integrantes contaba con experiencia o conocimientos en electricidad que habrían facilitado el trabajo sobre redes energizadas o infraestructura de alta tensión.
Ese factor permitía actuar sobre instalaciones cuya manipulación implica riesgos considerables de electrocución y accidentes graves.
Cortes eléctricos y daños más allá del valor del cobre
El impacto económico de los robos no se limitó al precio del metal retirado.
La intervención de redes eléctricas provocó daños en instalaciones y, en algunos casos, interrupciones de suministro en sectores rurales, afectando tanto a residentes como a actividades agrícolas y productivas.
Predios, sistemas de regadío y otras instalaciones dependen del suministro eléctrico para operar bombas, equipos y maquinaria, por lo que el retiro de cables o componentes puede generar costos muy superiores al valor comercial del cobre.
Esta diferencia explica también las distintas cifras utilizadas en los antecedentes del caso.
Mientras el avalúo de las especies sustraídas supera los $200 millones, la estimación policial cercana a $300 millones incorpora además los costos asociados a la reposición y reparación de la infraestructura dañada.
El robo de cobre como problema de infraestructura
La investigación expone un problema que supera la pérdida patrimonial directa para propietarios o empresas eléctricas.
La sustracción de conductores y componentes de las redes puede interrumpir servicios esenciales, afectar actividades productivas y obligar a reemplazar instalaciones completas para restablecer el suministro con condiciones adecuadas de seguridad.
En zonas rurales, las dificultades pueden ser mayores debido a las distancias involucradas, la dispersión de los clientes y el tiempo requerido para detectar y reparar los daños.
El caso de Los Ríos es investigado bajo la figura de una estructura organizada precisamente porque los antecedentes reunidos apuntan a robos reiterados, distribución de funciones y conocimientos especializados para actuar sobre infraestructura eléctrica.
La prisión preventiva decretada contra los imputados corresponde a una medida cautelar mientras continúa la investigación y no constituye una condena. La responsabilidad penal definitiva deberá determinarse posteriormente mediante el procedimiento judicial correspondiente.
Por ahora, el resultado de la investigación permite atribuir provisionalmente al grupo participación en al menos 15 episodios, mantener a seis imputados bajo la medida cautelar más gravosa y recuperar un vehículo y herramientas presuntamente utilizadas para ejecutar los robos. La Fiscalía y la PDI continuarán las diligencias para establecer si existen otros hechos o personas vinculadas a la misma estructura.
