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Corte de Rancagua mantiene en prisión preventiva a tres imputados por robo de cobre en El Teniente

La causa vincula presuntamente el cobre de El Teniente con robos de cables de Transelec en O’Higgins.

Corte de Rancagua mantiene en prisión preventiva a tres imputados por robo de cobre en El Teniente

La justicia rechazó sustituir la prisión preventiva por fianzas de hasta $15 millones en una investigación que involucra 34 hechos, sustracción de cobre desde instalaciones de Codelco y robos de cables eléctricos de Transelec en la Región de O’Higgins.

La Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió mantener en prisión preventiva a tres imputados por su presunta participación en una organización dedicada al robo y comercialización de cobre sustraído desde la División El Teniente de Codelco y desde instalaciones de transmisión eléctrica en la Región de O’Higgins. La decisión judicial, emitida el 18 de noviembre de 2026, dejó sin efecto la posibilidad de reemplazar la privación de libertad mediante el pago de cauciones económicas.

Los involucrados son Maycol Jordan Guisel Aguirre, Roberto Andrés Arenas Carreño y Luis Alberto Cavieres Abarca, quienes enfrentan imputaciones por asociación delictiva, receptación y distintos delitos relacionados con la sustracción de cobre y cables eléctricos.

El tribunal consideró que la cantidad de delitos investigados, su gravedad y reiteración justifican mantener la medida cautelar mientras continúa el procedimiento penal.

El caso vuelve a poner en discusión la seguridad de la infraestructura minera y energética, especialmente frente a organizaciones que presuntamente participan en distintas etapas de la sustracción, almacenamiento y comercialización ilegal de materiales de alto valor.

Tribunal rechaza fianzas de hasta $15 millones

La resolución judicial modificó una decisión anterior del Juzgado de Garantía de Rancagua, que había permitido sustituir la prisión preventiva mediante garantías económicas.

Las cauciones establecidas originalmente correspondían a:

  • $15 millones para Maycol Jordan Guisel Aguirre.
  • $15 millones para Luis Alberto Cavieres Abarca.
  • $5 millones para Roberto Andrés Arenas Carreño.

En fallo dividido, la Corte determinó que estas garantías resultaban insuficientes considerando las características de los delitos atribuidos a los imputados.

La decisión consideró especialmente la reiteración de las conductas investigadas, la eventual penalidad y la necesidad de asegurar la comparecencia de los involucrados durante el proceso.

El tribunal descartó que una caución económica pudiera reemplazar adecuadamente la prisión preventiva en las circunstancias examinadas.

La resolución no constituye una sentencia condenatoria, sino una decisión relacionada con las medidas cautelares aplicables durante la investigación. La responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.

Investigación comprende 34 hechos vinculados al cobre

Uno de los antecedentes más relevantes corresponde a la magnitud de los hechos investigados.

En el caso de Roberto Andrés Arenas Carreño, el proceso contempla 34 hechos y una presunta participación en más de 20 delitos, incluyendo receptación, robo en bienes nacionales de uso público, robo en lugar no habitado y asociación delictiva.

La investigación le atribuye un posible papel de jefatura dentro de la organización.

Entre las conductas examinadas se encuentran la adquisición, almacenamiento y comercialización de cobre presuntamente sustraído desde las instalaciones de El Teniente.

También se investiga su participación directa en robos de cables eléctricos pertenecientes a Transelec, empresa que opera infraestructura de transmisión energética en Chile.

Algunos de estos robos presentan avalúos superiores a los $100 millones, lo que evidencia la dimensión económica que pueden alcanzar determinadas sustracciones de infraestructura eléctrica.

Estos montos corresponden a hechos específicos investigados y no representan una cuantificación total de las pérdidas asociadas al caso.

Robo de cables de alta tensión y posible distribución de funciones

Las investigaciones también examinan la participación de Luis Alberto Cavieres Abarca en más de 20 delitos.

La mayor parte se relaciona con sustracciones de cables eléctricos de alta tensión, donde se le atribuyen labores de vigilancia, corte y traslado del material.

Adicionalmente, enfrenta una imputación por tenencia ilegal de arma de fuego, vinculada al hallazgo de una escopeta durante un registro realizado el 20 de octubre de 2026.

Respecto de Maycol Jordan Guisel Aguirre, los antecedentes judiciales lo relacionan con actividades de corte, amarre y carga de cables eléctricos, además de operaciones de receptación de cobre presuntamente proveniente de El Teniente.

El proceso también considera la existencia de otras dos investigaciones penales vigentes vinculadas con sustracciones de cables eléctricos de Transelec.

Las distintas conductas investigadas muestran una posible distribución de tareas entre quienes participarían en la extracción física del material y quienes intervendrían posteriormente en su almacenamiento y comercialización.

Establecer el funcionamiento de esa estructura será parte del trabajo judicial pendiente.

El Teniente y el impacto del robo de cobre en la infraestructura minera

La División El Teniente, operada por Codelco en la Región de O’Higgins, constituye una de las principales operaciones de cobre subterráneo de Chile.

Su funcionamiento requiere infraestructura eléctrica, redes de comunicación, sistemas de transporte, instalaciones industriales y equipamiento asociado a una operación minera de gran escala.

En este tipo de instalaciones, el robo de materiales metálicos no representa únicamente una pérdida patrimonial.

Dependiendo de la ubicación y función de los elementos afectados, una sustracción puede comprometer la continuidad de servicios auxiliares, generar necesidades de reparación o exigir medidas adicionales de seguridad.

Los cables eléctricos presentan una sensibilidad particular porque forman parte de sistemas necesarios para distribuir energía entre instalaciones.

Su retiro no autorizado también puede generar riesgos para las personas que intervienen directamente en instalaciones energizadas.

En el caso investigado en Rancagua, los antecedentes comprenden tanto materiales presuntamente sustraídos desde dependencias mineras como cables pertenecientes a infraestructura de transmisión eléctrica regional.

Sin embargo, no se han establecido en esta resolución pérdidas específicas de producción de cobre, paralizaciones operacionales ni interrupciones de suministro eléctrico atribuibles a los imputados.

Por lo tanto, esos impactos no pueden considerarse consecuencias comprobadas del caso.

El mercado ilegal del cobre plantea desafíos para la trazabilidad

Una de las características del cobre es su elevado valor comercial y la posibilidad de recuperarlo mediante procesos de reciclaje.

Estas propiedades sostienen una industria legítima dedicada a recolectar, clasificar y procesar materiales secundarios, pero también pueden facilitar intentos de introducir cobre robado en circuitos comerciales.

La investigación desarrollada en O’Higgins incorpora precisamente antecedentes relacionados con receptación y eventual comercialización del material sustraído.

Esta dimensión resulta relevante porque enfrentar el robo de cobre exige abordar tanto la sustracción como los mecanismos utilizados para transportar, almacenar y comercializar los productos.

Para las empresas mineras y eléctricas, la trazabilidad de materiales y la identificación de operaciones comerciales sospechosas constituyen elementos importantes dentro de las estrategias de prevención.

También adquieren relevancia los controles de acceso, la vigilancia de instalaciones, la coordinación con autoridades y el seguimiento de materiales que salen de los recintos industriales.

El caso demuestra la necesidad de investigar las posibles conexiones entre distintas etapas de una actividad ilícita, especialmente cuando los hechos involucran infraestructura distribuida entre varias comunas.

Seguridad minera y energética: un desafío que supera las pérdidas materiales

La investigación también evidencia la relación entre la seguridad de las instalaciones mineras y la protección de redes eléctricas.

Ambas industrias dependen de activos que pueden encontrarse distribuidos a lo largo de grandes extensiones territoriales.

Mientras una operación minera concentra equipos e instalaciones de alto valor, las redes de transmisión atraviesan sectores que presentan condiciones diferentes de acceso, vigilancia y control.

Esta combinación puede dificultar la prevención de delitos y aumentar la necesidad de coordinación entre operadores industriales y organismos encargados de la investigación penal.

En términos económicos, los costos potenciales asociados a una sustracción no se limitan al valor comercial del cobre.

Pueden incluir reposición de componentes, contratación de servicios técnicos, inspecciones, reparación de instalaciones y mayores exigencias de vigilancia.

No obstante, determinar esos costos requiere antecedentes particulares sobre los daños efectivamente registrados.

Para la industria minera chilena, la protección de infraestructura resulta especialmente relevante considerando la continuidad operacional que requieren las grandes faenas y su dependencia de suministros energéticos confiables.

Qué viene ahora en la investigación por robo de cobre

La decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua mantiene la prisión preventiva de los tres imputados mientras continúa el procedimiento penal.

Las próximas etapas deberán permitir establecer la participación individual de los investigados, precisar las responsabilidades atribuidas y determinar el alcance de los delitos que eventualmente lleguen a juicio.

También será relevante esclarecer los mecanismos utilizados para comercializar el material presuntamente sustraído y la posible relación entre los distintos hechos investigados.

El proceso involucra antecedentes asociados tanto a la División El Teniente como a infraestructura eléctrica de Transelec, lo que amplía su importancia para dos actividades estratégicas de la Región de O’Higgins.

La resolución judicial refuerza la dimensión penal de un problema que también presenta consecuencias económicas y operacionales para la minería y el sector energético.

Más allá de las responsabilidades que finalmente determine la justicia, el caso vuelve a situar la seguridad de los activos industriales, la trazabilidad del cobre y la protección de las redes eléctricas entre los desafíos que enfrentan las grandes operaciones productivas del país.

REDIMIN Responde

¿Qué decisión tomó la Corte de Apelaciones de Rancagua respecto a los imputados en el caso de robo de cobre?

La Corte de Apelaciones de Rancagua decidió mantener en prisión preventiva a tres imputados, rechazando sustituirla por fianzas de hasta $15 millones, debido a la gravedad y reiteración de los delitos investigados.

¿Cuántos hechos están siendo investigados en relación con el robo de cobre y cables eléctricos?

La investigación comprende 34 hechos vinculados al robo de cobre y cables eléctricos, con más de 20 delitos presuntamente cometidos por los imputados, incluyendo receptación y robo en bienes nacionales de uso público.

¿Qué roles se les atribuyen a los imputados en la organización delictiva?

A Luis Alberto Cavieres Abarca se le atribuyen labores de vigilancia, corte y traslado de cables eléctricos, además de tenencia ilegal de arma de fuego. Maycol Jordan Guisel Aguirre está relacionado con el corte, amarre y carga de cables eléctricos, así como con la receptación de cobre. Roberto Andrés Arenas Carreño es investigado por su posible papel de jefatura dentro de la organización.

¿Cuál es el impacto potencial del robo de cobre en la infraestructura minera y energética?

El robo de cobre puede comprometer la continuidad de servicios auxiliares, generar necesidades de reparación y exigir medidas adicionales de seguridad en instalaciones mineras y de transmisión eléctrica. Aunque no se han establecido pérdidas específicas de producción de cobre o interrupciones de suministro eléctrico en este caso, el impacto potencial es significativo.

¿Qué desafíos plantea el mercado ilegal del cobre para las empresas mineras y eléctricas?

El mercado ilegal del cobre plantea desafíos de trazabilidad, ya que el cobre robado puede ser introducido en circuitos comerciales debido a su elevado valor y capacidad de reciclaje. Las empresas deben implementar estrategias de prevención que incluyan controles de acceso, vigilancia, coordinación con autoridades y seguimiento de materiales.