La declaración internacional sobre el estrecho de Ormuz, impulsada inicialmente por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, incorporó nuevas adhesiones en su versión actualizada y reafirmó su objetivo de garantizar el tránsito seguro por una de las rutas energéticas más sensibles del mundo, sin plantear de forma explícita el envío de fuerzas militares.
El texto condenó ataques y pidió asegurar el paso por Ormuz
El documento, publicado por el Gobierno del Reino Unido, condenó “en los términos más enérgicos” los recientes ataques atribuidos a Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los bombardeos contra instalaciones civiles, incluidas las de petróleo y gas, y el “cierre de facto” del estrecho de Ormuz por fuerzas iraníes.
La declaración además expresó la disposición de los países firmantes a “contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho”, junto con valorar el compromiso de las naciones que participan en una “planificación preparatoria”. En ese punto, el texto no menciona el despliegue de tropas ni una operación militar concreta, pese a las presiones que, según los antecedentes entregados, había formulado Washington para abrir por la fuerza ese corredor estratégico entre el golfo Pérsico y el Índico.
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También instó a Irán a cesar “inmediatamente” sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles y otros intentos de bloquear el tránsito comercial por la zona.
La actualización oficial elevó el número de países adherentes
La versión actualizada del comunicado, fechada el 29 de marzo, muestra que tras la publicación original se fueron sumando Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumania, Bahréin, Lituania, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Croacia, Bulgaria, Kosovo, Panamá, Macedonia del Norte, Nigeria, Montenegro, Albania, Islas Marshall, Chile y Moldavia.
Con esa actualización, el grupo de respaldos posteriores ya no quedó limitado a 27 países adicionales, sino que siguió ampliándose en los días siguientes. En total, la nómina oficial publicada por Londres reúne a 36 países, contando a los seis impulsores iniciales.
El documento sostuvo además que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional y advirtió que los efectos de la crisis en Ormuz “se sentirán en todas las partes del mundo, especialmente entre los más vulnerables”.
El conflicto ya activó alertas por suministro energético
La declaración vinculó la interrupción del transporte marítimo internacional y de las cadenas globales de suministro energético con una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. En esa misma línea, el texto recordó la necesidad de una moratoria “inmediata y completa” sobre ataques contra infraestructura civil, incluidas instalaciones de petróleo y gas.
Ese punto coincide con medidas ya anunciadas por la Agencia Internacional de Energía, que el 11 de marzo comunicó la liberación coordinada de 400 millones de barriles desde reservas de emergencia para enfrentar las disrupciones del mercado petrolero derivadas del conflicto en Medio Oriente.
La declaración también exigió a Irán cumplir con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 11 de marzo de 2026, en medio de la escalada regional. Con ello, los firmantes reforzaron que la seguridad marítima y la libertad de navegación son asuntos de alcance global y no limitados a los países directamente involucrados en la crisis.
