Estados Unidos puso a Chile bajo observación en un nuevo frente de su disputa comercial con China. El 13 de agosto, la Casa Blanca publicó el informe The Great Transshipment Scam, que identifica a más de 40 economías que podrían ser utilizadas para redirigir mercancías de origen chino hacia el mercado estadounidense con el objetivo de pagar aranceles inferiores a los que corresponderían si ingresaran directamente desde China.
Chile aparece en el nivel 3 de la clasificación, correspondiente a economías con menores volúmenes absolutos de transbordo, pero que presentan características que podrían hacerlas atractivas para este tipo de operaciones, como acceso portuario, zonas francas, depósitos aduaneros, capacidad de ensamblaje o condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense. También fue incorporado dentro de los denominados “corredores latinoamericanos”, junto con Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
La diferencia clave es que estar en la lista no significa que Estados Unidos haya demostrado que empresas chilenas estén cometiendo fraude. La respuesta chilena ha enfatizado precisamente ese punto: el documento estadounidense no identifica operaciones específicas realizadas desde Chile ni atribuye una conducta ilegal concreta al país.
Qué es realmente el transbordo ilegal
El problema no está en que una mercancía china pase físicamente por Chile. Tampoco es ilegal importar piezas, componentes o materias primas desde China y utilizarlas posteriormente en producción nacional.
La irregularidad aparece cuando un producto mantiene esencialmente su origen chino, pero es enviado a un tercer país donde recibe modificaciones menores —por ejemplo, embalaje, etiquetado, documentación o ensamblaje limitado— para después declararlo como originario de ese tercer mercado y obtener un trato arancelario más favorable en Estados Unidos.
Un ejemplo simplificado: una maquinaria fabricada en China llega a Chile, cambia de envase, documentación o recibe una intervención mínima y posteriormente se exporta hacia Estados Unidos como si fuera chilena. Si esa operación busca modificar artificialmente el origen de la mercancía para evitar los aranceles correspondientes a China, puede transformarse en fraude aduanero.
Distinto es el caso de una empresa que importa componentes chinos, realiza en Chile un proceso productivo que cumple efectivamente con las reglas de origen aplicables y posteriormente exporta el producto terminado. Utilizar insumos chinos no convierte automáticamente una exportación chilena en una triangulación ilegal.
El TLC entre Chile y Estados Unidos contiene precisamente reglas de origen y procedimientos aduaneros que determinan cuándo una mercancía puede ser considerada originaria y acceder al tratamiento correspondiente.
Por qué Estados Unidos está endureciendo el control
La diferencia entre los aranceles aplicados a China y los cobrados a otros países genera un incentivo económico importante.
El documento estadounidense calcula que los productos chinos enfrentan actualmente un arancel promedio cercano al 50%, aunque la carga efectiva depende del tipo de mercancía y puede aumentar considerablemente cuando existen derechos antidumping u otras medidas comerciales.
Por eso, cambiar artificialmente el país de origen puede representar una diferencia significativa en el costo final de ingresar un producto a Estados Unidos.
Washington pretende utilizar mayores controles documentales y nuevas herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para detectar rutas sospechosas, cambios de documentación, inconsistencias entre la capacidad productiva de un país y sus exportaciones, vínculos empresariales y movimientos de contenedores.
Cómo podría afectar a empresas chilenas
El principal riesgo inmediato para Chile no es un nuevo arancel automático por haber aparecido en la lista. El informe no establece por sí mismo una sanción adicional específica contra las exportaciones chilenas.
El efecto más probable es un aumento de la fiscalización sobre determinados embarques hacia Estados Unidos.
Empresas que exporten manufacturas con una participación importante de componentes provenientes de China podrían enfrentar mayores exigencias para demostrar dónde se realizó realmente la producción, cuál es el origen de los insumos y si el producto cumple las reglas correspondientes.
También podrían aumentar las revisiones sobre operadores logísticos, depósitos aduaneros, reexportaciones y operaciones donde exista poco tiempo entre la llegada de una mercancía china a Chile y su posterior despacho hacia Estados Unidos.
Para exportadores legítimos, esto puede traducirse en más documentación, trazabilidad, controles internos y eventualmente mayores tiempos y costos de cumplimiento.
El mayor riesgo sería una sanción si se detectan operaciones efectivas
La advertencia estadounidense va más allá de una fiscalización documental.
El informe plantea que los países u operadores que sean utilizados para reetiquetar o redirigir mercancías destinadas a evadir los aranceles estadounidenses podrían enfrentar interdicciones de cargamentos, aranceles punitivos, sanciones e incluso pérdida de acceso al mercado. Se trata de una política general anunciada por Washington y no de una sanción ya aplicada específicamente contra Chile.
Por eso, para las empresas chilenas que venden a Estados Unidos será cada vez más importante mantener documentación que permita reconstruir completamente la cadena de suministro.
El problema llega en un momento sensible para Chile
La aparición de Chile en este informe tiene una importancia adicional porque ocurre cuando Santiago ya mantiene conversaciones con Washington por el aumento del arancel aplicado a distintas exportaciones nacionales.
Desde el 24 de julio, Estados Unidos elevó de 10% a 12,5% el gravamen aplicado a diversos productos chilenos dentro de una investigación bajo la Sección 301 relacionada con controles sobre mercancías producidas mediante trabajo forzoso. El Gobierno chileno continúa buscando mejorar las condiciones de acceso para los productos afectados.
La nueva controversia sobre transbordos podría, por lo tanto, agregar otro elemento a esa negociación.
No significa que necesariamente habrá nuevos aranceles contra Chile, pero Washington podría exigir mayores garantías sobre trazabilidad, reglas de origen y fiscalización antes de conceder mejores condiciones comerciales.
China y Estados Unidos son demasiado importantes para Chile
El escenario resulta especialmente delicado porque Chile mantiene relaciones comerciales profundas con ambos países.
Durante el primer semestre de 2026, China concentró el 33,9% de las exportaciones chilenas, mientras Estados Unidos representó el 16,7%, convirtiéndose ambos en los dos principales destinos de los envíos nacionales.
Chile tiene, por tanto, pocos incentivos para quedar atrapado comercialmente entre Washington y Beijing.
El desafío será demostrar que la fuerte presencia de productos e inversiones chinas en la economía chilena puede convivir con reglas aduaneras capaces de impedir que el territorio nacional sea utilizado simplemente como plataforma para cambiar artificialmente el origen de mercancías.
Para empresas exportadoras, el mensaje práctico es claro: tener proveedores chinos no constituye una irregularidad; no poder demostrar correctamente el origen del producto sí puede convertirse en un problema serio.
La inclusión de Chile en la lista estadounidense todavía no genera por sí sola un golpe directo al bolsillo de los hogares ni nuevas restricciones generales al comercio. Pero sí instala un riesgo que puede terminar afectando costos logísticos, inversiones y acceso al mercado estadounidense si Washington transforma esta clasificación en controles o medidas comerciales más duras.
